La COP30 se cerró en Belém con una combinación de avances parciales y decisiones claramente insuficientes, una síntesis que logra describir el momento que atraviesa el multilateralismo y la gobernanza climática global. Brasil convocó a la primera cumbre climática en la Amazonia con la ambición de marcar un punto de inflexión político, reforzar el rol del Sur Global y vincular el destino climático del planeta con la protección del mayor bosque tropical del mundo. Esa ambición quedó plasmada en el llamado “paquete de belem"” y en la “Decisión Mutirão”, que aspiraban a orientar la agenda climática de los próximos años. Sin embargo, el desarrollo final de las negociaciones mostró que esos documentos, lejos de materializar un salto político, quedaron restringidos por profundas divergencias entre bloques y por una creciente tensión geopolítica.
La presidencia brasileña justificó su enfoque amazónico con un dato contundente: según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales[1] (INPE), la Amazonia pierde más de 10 mil kilómetros cuadrados de bosque por año desde hace una década, una señal de que el punto de no retorno ecológico se acerca peligrosamente. Esta cifra, repetida a lo largo de la cumbre, colocó a la Amazonia como símbolo político y como termómetro de credibilidad climática. Bajo este argumento, protegerla no es solo un compromiso ambiental sino también una condición estructural para la estabilidad climática global.
Pero el contexto geopolítico condicionó fuertemente lo que la COP pudo —y no pudo— entregar. Por primera vez desde 1995, Estados Unidos no envió una delegación oficial de alto nivel del Poder Ejecutivo a las mesas de negociación. Estados Unidos ha anunciado su intención de retirarse nuevamente del Acuerdo de París, pero no ha salido de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el tratado marco bajo el cual se negoció el Acuerdo de París.
En el ámbito de negociación intergubernamental (países parte de la UNFCCC) Estados Unidos no tuvo representación. En espacios técnicos, diálogos alternativos y eventos paralelos sí hubo presencia estadounidense a través de gobernadores, legisladores y autoridades locales. Aunque ese “otro” Estados Unidos intentó ocupar el vacío diplomático, la ausencia de la Casa Blanca pesó en las salas de negociación. Estados Unidos representa alrededor del 14% de las emisiones globales actuales[2], es el mayor emisor histórico y un actor indispensable en el financiamiento climático. Su ausencia redujo la presión política sobre otros grandes emisores y moderó las expectativas de lograr compromisos más ambiciosos.
La participación subnacional estadounidense —encabezada por figuras como Gavin Newsom y varios legisladores demócratas— buscó reafirmar que el compromiso climático del país sigue vivo más allá de la administración federal. El mensaje fue bien recibido, pero sus límites son evidentes: la mesa principal de negociación es intergubernamental, y allí Estados Unidos no estuvo presente.
Uno de los puntos más observados era la posibilidad de que la COP incluyera, por primera vez, un compromiso explícito hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. No solo no ocurrió: la última versión pública del borrador de decisión eliminó toda referencia directa a los combustibles fósiles, generando fuertes críticas de países vulnerables y de organizaciones de la sociedad civil. Lejos de avanzar hacia una salida de los combustibles fósiles (“phase-out”), esa versión del texto tampoco logra incluir menciones indirectas a una transición acelerada, evidenciando la resistencia de los países productores y los límites del consenso posible. La contradicción con la trayectoria científica se hace evidente: según el Global Carbon Project, las emisiones provenientes de combustibles fósiles alcanzaron en 2024 un récord histórico, incompatible con las metas del Acuerdo de París y así la brecha entre ciencia y política volvió a quedar expuesta. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que el mundo debe reducir sus emisiones globales en un 43% hacia 2030 para mantener viva la posibilidad de limitar el calentamiento a 1,5°C[3]. Ese número estuvo sobre la mesa toda la COP. Sin embargo, ningún acuerdo logró traducirlo en compromisos nacionales equivalentes. Los países con economías dependientes de los combustibles fósiles defendieron la necesidad de transiciones más lentas, mientras que los más vulnerables insistieron en que el tiempo se agota.
El financiamiento fue otro campo de fricción estructural. Tanto el secretariado de la Convención como el IPCC estiman que el mundo necesita movilizar entre 3 y 5 billones de dólares[4] (notar que billones en español equivale a “trillons” en inglés) por año para mitigación, adaptación y pérdidas y daños. India, apoyada por el G77+China, reiteró que no puede haber mayor ambición climática sin recursos adicionales. El borrador de Belém reconoce esa escala y menciona la necesidad de financiamiento “a magnitudes de billones”, pero evita fijar metas anuales, cronogramas o compromisos obligatorios. No sorprende: el histórico compromiso de los 100 mil millones de dólares anuales prometido en 2009 solo fue cumplido parcialmente recién en 2023, y esa falta de confianza sigue condicionando todo el proceso.
Un aspecto novedoso de esta COP fue la inclusión más explícita del vínculo entre clima y comercio. La discusión sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea quedó reflejada en el borrador como preocupación para los países en desarrollo. Brasil lideró la postura de que estas herramientas deben ser compatibles con las reglas de la OMC y no convertirse en nuevas barreras para el Sur Global. Esta inclusión abre un capítulo decisivo: la transición energética es también una disputa industrial y comercial que redefinirá flujos de inversión y competitividad.
Fuera de la diplomacia formal, Belém confirmó la expansión de la acción climática en territorios. El informe Race to Resilience mostró resultados concretos: 437 millones de personas con mayor resiliencia climática, 18 millones de hectáreas de ecosistemas vulnerables protegidos y más de 4.180 millones de dólares movilizados para adaptación. Mientras los gobiernos debaten textos, ciudades, comunidades y organizaciones implementan acciones reales.
Sin embargo, la integridad del proceso volvió a generar debate. La coalición Kick Big Polluters Out informó que la COP30 acreditó a más de 1.600 representantes vinculados a la industria de combustibles fósiles, superando a todas las delegaciones nacionales excepto Brasil. Esta presencia masiva intensificó las críticas al poder de influencia del sector fósil y alimentó la percepción de que la ambición de los textos se negocia dentro de límites estrechos definidos por intereses económicos dominantes.
Las posiciones de China e India también moldearon el tono final. China adoptó una postura pragmática, protegiendo su margen industrial mientras defendía responsabilidades diferenciadas. India mantuvo la presión vinculando sus obligaciones futuras a mayor claridad financiera y dejó en suspenso la presentación de su contribución climática para 2035. Varios países africanos y pequeños Estados insulares respaldaron esta estrategia.
El balance final es claro: no se logró llegar a un acuerdo sobre combustibles fósiles, no se definió un nuevo objetivo cuantificado de financiamiento climático y tampoco surgió un mecanismo capaz de reencauzar las emisiones globales hacia la trayectoria recomendada por la ciencia. Aun así, emergieron señales relevantes: la narrativa de transición justa ganó espacio, se reconoció la escala real del financiamiento necesario, se abrió formalmente el debate sobre comercio y clima y la Amazonia quedó situada como un eje estructural del debate global.
Belém deja una conclusión principal. El sistema multilateral sigue siendo indispensable, porque no existe otro foro legítimo para coordinar la acción climática global. Pero también está atrapado en sus propias limitaciones: avanzar requiere consenso, y los consensos siguen siendo más lentos que la velocidad del calentamiento. La economía y la tecnología ya empujan la transición energética en la dirección correcta; la diplomacia lo hace, pero más lentamente, y la polarización geopolítica la frena.
La COP30 mostró que los acuerdos importan, pero también que ya no alcanzan. El desafío ahora es acelerar la acción. La dirección puede ser la correcta; pero el tiempo, definitivamente, no lo es.
-El autor, Alfonso Blanco, es Director del Programa de Transiciones Energéticas y Clima del inter-American Dialogue, cofundador de Fundación Ivy y Ex Director Ejecutivo de OLADE
[1] Fuente: Pérdida anual de bosque en Amazonia – INPE (PRODES)
[2] Fuente: Participación de Estados Unidos en emisiones globales – Global Carbon Atlas:
https://globalcarbonatlas.org/
[3] Requerimiento de reducción del 43% hacia 2030 – IPCC (AR6): https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
[4] Financiamiento necesario (3–5 billones USD anuales) – IPCC / CMNUCC:
IPCC WGIII: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
CMNUCC: https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/climate-finance-in-the-negotiations
Cumplimiento histórico de los 100.000 millones USD – OCDE: https://www.oecd.org/climate-change/finance-usd-100-billion-goal/
Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) – Comisión Europea: https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/carbon-border-adjustment-mechanism_en
Informe Race to Resilience (población con mayor resiliencia, ecosistemas protegidos, financiamiento): https://climatechampions.unfccc.int/race-to-resilience/
Presencia de lobbies fósiles – Kick Big Polluters Out: https://kickbigpollutersout.org/
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