Conflicto de la pesca y un golpe a la estrategia de Oddone

Cuando comenzamos analizando en esta columna las líneas estratégicas del nuevo ministro Gabriel Oddone, quedó claro que la piedra angular que les da consistencia es su apuesta a que el país incremente significativamente su tasa de crecimiento.

Los desafíos del país —pobreza infantil, fracaso educativo de nuestros jóvenes, menor población con envejecimiento relativo, entre otros— necesitan recursos del Estado para encararlos, pero no hay margen para recursos incrementales dada la actual situación de las finanzas públicas, caracterizada por altos niveles de gasto estatal y de presión tributaria, así como déficit y nivel de deuda pública relativamente elevados. En estas condiciones, la estrategia de crecer más luce como la única viable, política y económicamente hablando.

En el plano político es así porque nuestro país exhibe una paralizante incapacidad para lograr redistribuciones del gasto hacia los desafíos mencionados. Parece imposible gastar menos en cosas que hoy no lucen importantes o sencillamente son ineficientes. Esa misma incapacidad no solo impide la redistribución. También termina aumentando gasto en cosas que no aportan, cediendo a intereses de grupos de presión o debido a políticas francamente discutibles, como la reciente reforma de la Caja Profesional o el incremento en la compra de tierras para Colonización.

Aunque seamos exitosos creciendo más, parte de los recursos incrementales que vendrían ya se gastaron en otras cosas.

Por lo tanto, bajo estas restricciones políticas, crecer más no solo es la piedra angular de la estrategia del ministro. Es la única tabla de salvación disponible para sostener al país.

Pero para lograrlo, en palabras de Oddone, se requiere aumentar la inversión como proporción del PIB desde los valores actuales (16-17%) a cifras iguales o superiores a 22%.

Nótese que eso no es una aspiración menor, pues implica atraer entre 30% y 35% más de inversiones anuales de lo que se consigue hoy. Y un incremento de esa magnitud no se da por generación espontánea tras declaración de deseo, sino mediante condiciones nuevas que hoy no están.

Al respecto, en marzo elogiamos la estrategia de fortalecer la estabilidad macro, que ya tuvo su primer hito positivo con el compromiso renovado en mantener la meta de inflación en 4,5%, y que tendría otro impulso con mejoras anunciadas en la llamada regla fiscal, así como en la elaboración de un presupuesto consistente con dichas reglas para los próximos 5 años.

Una macro ordenada, al disminuir riesgos y facilitar el cálculo económico a largo plazo, es un ingrediente necesario para que crezca la inversión, pero no suficiente.

Con el mismo énfasis que elogiamos lo anterior, en mayo alertamos sobre señales que van en sentido inverso a la otra línea estratégica necesaria para crecer más y que implica reducir el llamado “costo país”, con reformas de carácter microeconómico que apuntalen una rentabilidad atractiva para atraer más inversión.

Con ese fin dediqué el espacio en junioy julio al análisis de cambios contraproducentes en ese sentido, como el regreso a una política de precios de combustibles que prioriza las finanzas de Ancap en lugar de tener precios competitivos, así como pautas salariales inspiradas en objetivos voluntaristas, como impulsar aumentos mayores para empleos de baja productividad al barrer, sin considerar la situación de cada sector, el tamaño de la empresa, su inserción internacional o su emplazamiento territorial, entre otros, con potenciales efectos adversos sobre la rentabilidad empresarial.

Mientras aguardábamos el nuevo presupuesto con expectativa de que se incorporaran medidas orientadas a reducir el costo país, afloró el conflicto del sector pesquero. Y con él, también afloró de manera inesperada un problema adicional, no solo para atraer más inversión, sino para sostener la actual: el respeto por las reglas de juego.

En efecto, este conflicto pone en acción dos aspectos que operan de manera negativa en el clima de negocios y, en consecuencia, sobre la capacidad de atraer más inversión:

Primero, el incumplimiento unilateral de convenios firmados amenaza el buen funcionamiento y hasta la existencia de una actividad económica como la pesca y su cadena industrial. El cumplimiento de los convenios laborales, como cualquier otro contrato entre partes, es importante para que las empresas puedan cumplir sus planes de negocios y desarrollar sus actividades según lo planificado. Si se puede violar de manera unilateral, si no hay mecanismos que aseguren su cumplimiento, se golpea su viabilidad.

Pero el impacto negativo se agrava si las autoridades competentes justifican su incumplimiento, como está sucediendo hoy con las del MTSS. El mensaje de que los convenios laborales solo están sujetos a la buena voluntad de las partes y no hay consecuencias negativas para quienes los incumplen, exigiéndole a los empresarios que negocien de nuevo en condiciones violatorias de lo pactado antes, el mensaje resulta ser mucho peor.

Contrariamente a lo que estamos observando, las autoridades deben arbitrar entre intereses diversos de manera equilibrada y para hacerlo deben exigir, antes que nada, el cumplimiento de lo convenido.

Segundo, la constatación de que en este sector la libertad de trabajo es letra muerta porque se impone la afiliación al sindicato para acceder a un empleo, va en igual sentido de lo señalado.

El impacto de estas conductas y su aval oficial le hacen un flaco favor al ministro Oddone en su intento de atraer inversores. Su repercusión en las expectativas empresariales trasciende a la pesca y genera un antecedente peligroso para cualquier actividad económica en el país.

¿Acaso alguien cree que esto contribuye al necesario esfuerzo de captar inversiones?

Si no hay una rectificación, la tabla de salvación de Oddone comienza a hacer agua de manera preocupante, al igual que el negocio de la pesca.