OPINIÓN

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La historia económica Argentina parece transcurrir como si el paso del tiempo fuera circular. Siempre retorna al punto de partida.

La escasez de dólares para cubrir sus necesidades mínimas se ha convertido en una presencia recurrente de su paisaje económico, que finaliza siempre en medidas heterodoxas que no solucionan de raíz sus causas y provocan, a su vez, daños colaterales de magnitud. En particular, lesionan su capacidad de crecimiento sostenido y por ende condena a la sociedad a niveles de pobreza que no se condicen con su potencial en recursos materiales y humanos.

A principios de este siglo, sus crisis cambiarias devenidas en crisis de balanza de pagos se resolvieron “pesificando” depósitos en dólares, canjeándolos por bonos (Plan Bonex), y recurriendo a quitas unilaterales del 75% (default) de su deuda soberana. Más tarde, después de agotada la oferta del dólares generada por el superciclo de las materias primas y sin financiamiento, los mandatos populistas de Cristina Kirschner obligaron nuevamente a imponer un “cepo cambiario” con escalones diferenciales, que además de administrar reservas escasas, penalizaba a las exportaciones y protegían al sector industrial. Reaparecía entonces una versión cruda del pensamiento de desarrollo económico sesentista en pleno siglo XXI. Luego vino el interregno del macrismo, que pretendió resolver el problema de la escasez de dólares sin atacar su causa verdadera, el déficit fiscal. Su correlato fue el aumento del endeudamiento externo como forma de “correr la arruga” en materia de ajuste fiscal, a la espera de la revitalización del crecimiento económico de la mano de la inversión extranjera, que nunca llegó.

En ese contexto, Argentina recayó nuevamente en una crisis de pagos externa que obligó al gobierno de Alberto Fernández a renegociar su deuda soberana e instrumentar un torniquete cambiario cada vez más estricto ante la falta de dólares. Sin duda, los números actuales muestran desequilibrios más profundos que los de su primera versión vigente entre 2012 y 2015. En ésta, la brecha cambiaria promedio fue del 45%; ahora va tendiendo al 70% a pesar de una renegociación exitosa de su deuda externa, que debería haber descomprimido la demanda de dólares. En aquel entonces, la emisión monetaria para financiar el Tesoro equivalía a 2,8% del PIB; ahora es del 7%. A eso se agrega que las empresas endeudadas en el exterior, solo pueden obtener del mercado formal el 60% de los dólares para cubrir el servicio de su endeudamiento, lo cual les aumenta su estrés financiero, forzándolas en muchos casos al refinanciamiento de sus adeudos. Y por último, el encarecimiento del acceso a los particulares de 200 dólares mensuales. Como forma de protección ante el riesgo de un salto devaluatorio, aparece la retención de granos (6.5 mil millones de dólares en soja), el adelanto de importaciones y el aumento de la demanda de dólares por el público, restringido por una maraña regulatoria a 200 dólares mensuales.

Este escenario tiene como telón de fondo una enorme expansión monetaria destinada a financiar un déficit fiscal del 7% del PIB, mas lo correspondiente al del déficit parafiscal generado por el servicio la deuda del Banco Central (Leliqs y pases) emitida para absorber el exceso de liquidez que produce presiones inflacionarias. Su stock actual más su crecimiento proyectado implica que para 2021, por cada 100 pesos emitidos para financiar el déficit, se debe emitir otro tanto para servir los pasivos de dicha esterilización monetaria.

La permanencia de esta dinámica retroalimenta las expectativas de saltos devaluatorios sucesivos hasta tanto no se resuelva su problema de fondo: el alto déficit fiscal.

Esta realidad también afecta a sus países vecinos, hecho que se refuerza cuando el tamaño de sus economías es diferente y el comercio transfronterizo es intenso y el de servicios (turismo) robusto.

Por definición, estos son los canales dilectos para trasladar hacia su vecindario la volatilidad de su ciclo económico y la de sus crisis cambiarias. Y para quien recibe el impacto, en este caso Uruguay, la incógnita a dilucidar casi siempre es cuál será el nuevo nivel del tipo de cambio real de equilibrio de la economía argentina. En esta coyuntura no se puede saber cuando ni a cuanto se establecerá su nuevo nivel, pero sí decir que no es el actual. Esto depende del momento y la calidad de las decisiones que deberán tomar sus autoridades o las que impondrán por defecto las siempre tozudas circunstancias. Por consiguiente nuestra conducción económica debe estar atenta para ejecutar en tiempo y forma las maniobras necesarias para sortear lo mejor posible otro probable nubarrón de inestabilidad regional.

Otra dimensión de esa realidad, es que el Mercosur, como todo mecanismo de integración, potencia la transmisión de las crisis de sus socios a través de los vaivenes que promueven sobre su comercio intrarregional.

Como la historia muestra que hay un socio recurrente en materia de inestabilidad macroeconómica, la estrategia para atemperar esa realidad hace prioritario transformar al Mercosur en una zona de libre comercio, lo cual posibilitaría que cada socio pueda fijar su arancel externo y además le permitiría asociarse bajo modalidades diversas con otros países o regiones del mundo. De no hacerlo, países pequeños como Uruguay se están jugando mucho, al quedar atado a un país endémicamente inestable en lo económico, hecho que por definición va en contra de los supuestos básicos para el funcionamiento armónico de un espacio de integración comercial como el Mercosur actual.