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Un año clave en empleo, salario e inflación

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Foto: El País

OPINIÓN

Pasos pendientes, en busca de metas más ambiciosas.

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Sigamos hoy con el repaso de la coyuntura iniciado hace dos lunes, cuando vimos que estamos transitando por la tercera recesión en cinco años, con la actividad económica privada “planchada” desde 2014 y con el agravante de la crisis del virus que ha deteriorado aún más a todos los indicadores.

Desde entonces, se conocieron los resultados de la encuesta de hogares de abril, que confirmaron las tendencias que se habían insinuado en marzo, cuando hubo sólo dos semanas de afectación de la actividad económica por razones sanitarias. En abril siguieron cayendo las cantidades de personas activas y ocupadas y subiendo la de inactivos. Más allá de esos indicadores más difundidos, hay otros que importa destacar.

Uno, la pérdida de puestos de trabajo en el bimestre incidió mucho más entre los ocupados informales que entre los formales (con caídas de 13% y de 6% respectivamente).

Dos, hubo un aumento enorme en la categoría de ocupados ausentes, debido a dos motivos: quienes estaban en seguro de paro (111 mil en abril) y quienes estaban ausentes debido a la pandemia (131 mil en abril).

Tres, una buena noticia: el “pico” de participación de los ocupados ausentes en el total de ocupados se dio en la segunda semana de abril (27,2%) y luego comenzó a ceder.

Cuatro, entre los nuevos inactivos, más de un tercio (55 mil) declararon estar disponibles para trabajar, pero que no buscaron trabajo debido a la pandemia.

Cinco, la proporción de ocupados que declaran que habitualmente teletrabajan (5,3%) se multiplicó por casi cuatro en abril (19,3%).

La situación referida por los números anteriores deja una vez más en evidencia que la tasa de empleo es la más informativa de las que se relevan en la encuesta de hogares. Y la tasa de desempleo es poco útil en la medida en que es el resultado de cambios en la cantidad de ocupados y de cambios entre actividad e inactividad. Y su inutilidad es suma en momentos como el actual, con abundantes ocupados ausentes e inactivos disponibles que no buscan trabajo, que en cuestión de semanas pueden volverse desocupados lisos y llanos.

Dicho sea de paso, entre desocupados, ocupados ausentes por las dos razones referidas e inactivos disponibles que no buscan trabajo por la pandemia, hay algo más de un cuarto de la PEA.

La misma encuesta nos informó que en abril el ingreso de los hogares se desplomó más de 10% real interanual, ante las pérdidas de ingresos totales o parciales de quienes no están trabajando y de otros ingresos.

En este contexto, no puede sorprender que los salarios privados estén cayendo en términos reales (3,2% en los 12 meses a mayo). Tampoco, que desde el Poder Ejecutivo se plantee una fórmula de ajustes salariales restrictiva para los próximos 12 meses, sin “adelantos a cuenta” en el momento cero (1° de julio) y previendo una pérdida de salario real (en los 12 meses iniciados en esa fecha), equivalente a la caída del PIB en 2020 (3% según estima el MEF y casi 4% según los analistas).

Este gobierno sabe (y partes de los anteriores no lo sabían) que cuando se enfrenta un shock negativo la masa salarial cae y que cuanto más rígido sea el precio (salario) más flexible será la cantidad (empleo). Por la vía de los hechos, los sindicatos parecen estar empezando a entenderlo y a preocuparse por el salario de todos los trabajadores y no ya sólo de aquellos que puedan conservar sus trabajos.

A todo esto, ¿qué pasa con los salarios públicos? En promedio muestran una evolución similar a los privados en los últimos 12 meses a mayo, pero eso oculta el impacto transitorio (en abril y mayo) del efímero impuesto a los sueldos públicos líquidos de más de 80 mil pesos. En junio, cuando se restablezca el statu quo inicial, los públicos quedarán subiendo 2% más que los privados en los últimos 12 meses.

Siguiendo con los públicos y para ser consistentes con lo que se plantea para la actividad privada, el gobierno deberá derogar (en la Ley de Presupuesto) la disposición legal por la cual se indexan los salarios públicos al 100% de la inflación pasada cada mes de enero. El próximo enero, con la entrada en vigencia de dicha ley, diversos incisos presentarán aumentos salariales que habitualmente serían adicionales al aumento general por inflación. Según cuál sea la magnitud promedio de esos ajustes específicos por incisos, podrá haber o no margen para algún aumento general, el que en cualquier caso debería ser exiguo.

Tanto la propuesta salarial para el sector privado, como lo que coherentemente se debería proponer para el público, permitirían dar señales firmes contra la inflación. En el primer caso, porque las empresas ya no deberían trasladar a precios sus costos, que se verían abatidos, y en el segundo caso, por la decisión de desindexar y ajustar las finanzas públicas.

Ese comportamiento salarial, los precios de los no transables desacelerándose, el dólar que ya habría subido (en términos reales) la mayor parte de lo que debía subir y (esto quizá sería lo más difícil) aumentos moderados en las tarifas públicas en enero, permitirían contribuir a la caída de la inflación, que de algo más de 11% en los 12 meses a mayo, podría ir al techo del rango meta vigente (7%) a mediados del año próximo. Si esto ocurriera, tras este año clave, el gobierno vería reforzada su credibilidad para proponer metas más ambiciosas.

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