Profesionales no son toda una garantía

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MIGUEL BARDESIO

Médicos o abogados falsos son el extremo de un fenómeno que preocupa a los especialistas porque usuarios no saben del nivel técnico y ético de los que ejercen. Piden creación de colegios.

Después de ejercer un año y medio, el médico falso Gabriel Farías cometió un error: fue a cargar nafta con un uniforme de una emergencia móvil, la cámara de la estación de servicio tomó su imagen y nadie de la empresa lo reconoció. Resultado: el joven de 20 años fue detenido y encarcelado en 2007 por usurpación de título. Ahora, recién liberado por gracia de la Suprema Corte, no recuerda cuántos pacientes atendió pero sí que nadie nunca le pidió un certificado de su condición de profesional, ni "colegas", ni autoridades, ni usuarios. "Como médico, no cometí ningún error", comenta.

Este caso, que conmocionó a muchos en su momento, revela las carencias en regulación y vigilancia de los profesionales en el país. Dicho de otro modo y como si esto fuera esto un cuento con moraleja, terminaría más o menos así: "funcionan mejor los controles de las estaciones de servicio que de algunas profesiones".

Más o menos públicos, en todas las profesiones han aparecido expertos "truchos"; los hubo abogados, contadores, arquitectos y psicólogos. Pero estos casos son extremos y muy pocos en comparación con los legítimos. El principal bache, según los expertos, se genera por la ausencia de control de los auténticos profesionales en su nivel técnico y ético. Es decir que aún teniendo el título, ¿quién está actualizado en sus conocimientos y tiene una conducta ética acorde al ejercicio?

Mario Díaz, contador y presidente de la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU), responde: "La conducta profesional, en general, es muy buena y también el nivel. Pero en verdad, la sociedad no tiene hoy prácticamente ninguna garantía cuando consulta a un profesional". AUDU presentó un anteproyecto de ley de colegiación marco que generaría los colegios para cada profesión. Éstos, a su vez, regularán la actividad y tendrán la potestad de sancionar a sus miembros. No se inventa nada; este sistema se emplea en muchos países del mundo y en América, solo Uruguay y Paraguay no lo tienen. El proyecto entró a Diputados en 2006, se acordó crear una comisión para estudiarlo, pero nunca se reunió y ahora está probando suerte en el Senado (ver nota aparte).

Un contador fue procesado con prisión estos días por lavado de dinero. Sin embargo, no existe ningún organismo profesional que pueda sancionarlo y a su salida de la cárcel, podrá seguir ejerciendo. Estará mal o bien, pero el fondo de la cuestión es que no existe siquiera la posibilidad, imaginando el caso de un contador que sistemáticamente incurriera en delitos.

Abogados, escribanos y médicos son sí los únicos plausibles de algún tipo de sanción profesional. A los primeros, la Suprema Corte de Justicia puede llegar a suspenderlos, incluso de por vida en caso de delitos graves. En los profesionales de la salud, la Comisión Honoraria de Salud Pública (CHSP) es la encargada de la sanción, pero hasta sus miembros reconocen obstáculos burocráticos, legales y administrativos.

SUSPENDIDO. Hace un mes, el anestesista procesado con prisión, Pedro Serra, fue suspendido por 10 años en el ejercicio de su profesión, según informaron en el Ministerio de Salud Pública. La fuente es anónima porque la CHSP no puede comunicar las sanciones más que al imputado, al MSP y a las instituciones donde trabaja. De 2005 hasta ahora, la Comisión analizó unas 300 denuncias (en especial, de mala praxis) y sancionó aproximadamente a unos 60 profesionales de la salud (médicos y enfermeros), desde observaciones hasta la suspensión por 10 años, que es la medida más dura que ha tomado. Pero no se sabe quiénes son.

Antonio Turnes, médico y miembro de la CHSP, lo explica: "Los abogados del Ministerio sostienen que si se publica el nombre, sería como una doble sanción, lo que para mí es un disparate". Raúl Lombardi, también médico y presidente de la CHSP, asegura que esta inquietud se ha trasladado a la ministra María Julia Muñoz y se está analizando difundir la identidad de los inhabilitados. "Es una discusión jurídica: nosotros creemos que si los médicos y la gente no lo saben, no se cumple la función previsora y educativa de la sanción. La ministra está de acuerdo y se está analizando a nivel jurídico".

Otra de las dificultades de la CHSP radica en el tiempo que le insume tomar una decisión. La Comisión tiene 15 miembros y está desbordada por una ola de denuncias de mala praxis. Por el volumen, el proceso puede demorar de uno a cinco años. Lombardi lo explica: "Llega la denuncia. El MSP hace la investigación que lleva meses o años. Después, viene todo el expediente y lo analizamos. Es un tiempo más largo de lo que gente merece, pero es mejor que nada".

Turnes cree que otra de las fallas de la CHSP es que no puede investigar por sí misma, sino que la pesquisa la realiza el Ministerio y a veces "llegan los expedientes con errores y tienen que volver para atrás. El MSP es una de las instituciones más burocráticas y perversas del Estado; es una pena, pero es así", añade.

Para Turnes, la CHSP debe ser sustituida por un colegio médico, organismo independiente que promueva la "buena praxis", además de juzgar la mala como únicamente hace la Comisión. Esto significa dar garantías previas al usuario de que el médico está en las mejores condiciones técnicas, éticas y de salud. Según cifras de la Caja Profesional, la patología psiquiátrica es la quinta causa de incapacidad temporal o permanente en los médicos. El burn out (síndrome de desgaste profesional) afecta al 7% de los galenos, lo que los transforma en irritables y eventualmente despreocupados de su trabajo. Sin embargo, "nadie puede apartar a ese médico enfermo de la atención de los pacientes. Solo un colegio podría decirle: usted no puede atender más hasta que no se recupere", asegura Turnes.

El médico no plantea la idea del colegio como sustituto del Poder Judicial. "La Justicia seguirá actuando, pero por cada caso que alcanza el juicio (penal o civil) por mala praxis, hay otras 10 situaciones, tal vez más leves, que nunca llegan y afectan la calidad de la salud", asegura Turnes.

Otro "vacío" refiere a las especialidades médicas. La Escuela de Graduados calculó en "cientos" los especialistas que ejercen sin el título específico. El problema es que no hay fuerza legal para negar esa potestad. Un decreto establece que nadie puede ser especialista médico sin el título, pero la Constitución asegura el ejercicio libre de la profesión por lo que, un recibido de médico, podría dedicarse a cualquier especialidad. "Esto es un mamarracho", califica Turnes. Y continúa con otros ejemplos: "Hay ginecólogos que solo atienden partos normales, no saben hacer una cesárea porque en determinado momento (la dictadura) la Facultad de Medicina no exigía prepararse en eso. Hay oftalmólogos que solo pueden recetar lentes porque ni una basurita en el ojo pueden sacar. Pero nadie tiene la fuerza legal para decirle a esas personas que tienen que volver a estudiar. Un colegio sí podría".

SUPREMA SANCIÓN. Para ejercer, abogados y escribanos deben prestar un juramento ante la Suprema Corte de Justicia de respeto a la ley. De ahí que la SJC tiene la potestad de sancionar a estos profesionales, desde una observación al extremo de la suspensión permanente. Al día de hoy, la SCJ mantiene suspendidos a 117 escribanos y 22 abogados. Leslie Van Rompaey, uno de sus ministros, explica que la sanción puede tomarse en casos de "delitos incompatibles" con la profesión o cuando se incumplen normas jurídicas de un proceso legal. Por ejemplo, por falta de respeto a un juez o la presentación de pruebas falsas.

"Lo más común es el `chicaneo`, como se dice en términos populares, es decir: la interposición, el abuso de las vías procesales para demorar un proceso", explica Van Rompaey. Las sanciones van desde una observación, la suspensión para un proceso en particular, o el extremo de la suspensión permanente, reservada en general para los delitos más graves.

Para los escribanos, un grupo de inspectores de la SCJ evalúan los escritos y sancionan en casos delictivos o faltas al juramento. Este implica un compromiso muy fuerte en tanto el notario es depositario de la "fe pública", según dice la escribana Blanca Olmos. Ella preside el Tribunal de Honor de la Asociación de Escribanos del Uruguay, una comisión que analiza denuncias sobre el comportamiento ético de los escribanos. "Los casos no son muchos, hemos tratado no más de 30 en este año", asegura Olmos. Lo más común refiere al pago por adelantado a escribanos que luego no hacen los documentos. "Tenemos un grave problema de empleo porque hay una oferta de escribanos mucho mayor a la demanda y eso propicia, lamentablemente, situaciones de este tipo", añade Olmos.

A diferencia de los médicos, las suspensiones de la SCJ son públicas y la lista de nombres está en la página de Internet. Entre ellos, figuran el escribano y abogado Juan Carlos Marizcurrena, procesado por el secuestro de Valentina Simón en 2003 y el ex fiscal Carlos García Altolaguirre, condenado por sobornos.

NÚMEROS. El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores (CCEA) es otra de las organizaciones de profesionales que reclama la instalación de un colegio para regular la profesión, asegura su presidente, el contador Alfredo Pignatta.

A diferencia de abogados, escribanos y médicos, ningún organismo puede suspender el ejercicio de un contador. El CCEA podría sancionarlo pero solo si es socio y "los casos públicos no han sido de socios".

Nelson Hernández, también contador y director de la DGI, asegura que a veces detrás de los fraudes hay profesionales "especialistas en cómo hacer para evadir". "No es la generalidad, pero hay y sería bueno tener instrumentos para determinar esa responsabilidad. La DGI puede sancionar, pero solo al contribuyente y al profesional, solo si se encuentran pruebas por la vía penal".

Consejos e imagen de los profesionales

Dr. Leslie Van Rompaey

(MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA)

"Las denuncias contra profesionales no han aumentado. Siempre hay casos de inconductas, pero básicamente en el curso de un proceso: en abogados, lo que ocurre con mayor frecuencia es la llamada "chicana", es decir usar con abuso de las vías procesales para demorar el proceso".

Dr. Raúl Lombardi

(COMISIÓN HONORARIA DE SALUD PÚBLICA)

"El origen del gran problema es que hay un mal vínculo entre médicos y la sociedad. Recomiendo que el usuario, junto con el médico, reubiquen su relación. Que el paciente reivindique sus derechos y también el médico lo haga a través de la modificación de las condiciones de trabajo".

Esc. Vicente Cremanti

(ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY)

"Un usuario puede pedir el título a un profesional. Pero el título no dice si se recibió en los cinco años que insume la carrera o si lo hizo en 20, perdiendo tres veces cada materia. Si existiera un colegio, se controlaría de que la persona se mantuviera actualizada y podría suministrar información al cliente".

Ps. José Luis Fernández

(COORDINADORA DE PSICÓLOGOS DEL URUGUAY)

"Me parece que pedir el título si no está exhibido no debe verse como algo violento, ni para el psicólogo ni para el paciente. Después, la impresión en las primeras dos sesiones es fundamental. Si hay buena capacidad de escucha, de entendimiento, si esa relación contiene".

Cr. Alfredo Pignatta

(COLEGIO DE CONTADORES Y ECONOMISTAS)

"El nivel técnico y ético de los contadores uruguayos es sumamente reconocido a nivel regional y mundial. Obviamente, pasa como en todos lados y hemos tenido casos pero en su mayoría no han sido de socios del colegio. También muchas veces no es que sean delincuentes, sino que se equivocan"

Dra. Griselda Volonterio

(COLEGIO DE ABOGADOS DEL URUGUAY)

"No creo que la imagen del abogado esté más deteriorada que antes. Hay quienes creen que el abogado es un Dios y otros que dicen que es un bandido que lo único que le importa es cobrar. No es ni una cosa ni la otra. Creo que a veces la prensa es un poco morbosa y asunta un poco".

95.000 Cantidad aproximada de profesionales en ejercicio, según la Agrupación Universitaria. La mayoría (14.000) son médicos.

117 Escribanos permanecen suspendidos por la Suprema Corte de Justicia por delitos "incompatibles" con el ejercicio profesional

22 Abogados están suspendidos por la Suprema Corte que puede levantar la medida en cualquier momento que la reconsidere.

60 Médicos han sido sancionados desde 2005 por la Comisión Honoraria de Salud Pública, según cifras estimativas.

La ley de defensa del consumidor también regula los servicios profesionales, por lo que los usuarios pueden reclamar ante el Área de Defensa del Consumidor (Adeco). Su directora, la escribana Ana María Sánchez, lo explica así: "Si un consumidor va a un escribano, arquitecto, abogado o lo que fuera y el profesional no cumple con lo pactado, está la posibilidad de entrar por la ley de consumo".

Sánchez asegura que en lo que va de 2008 se han presentado cinco casos de reclamación ante profesionales: un abogado y cuatro odontólogos. Ella opina que la baja presencia de casos se debe a que "en general, la gente no sabe que los servicios profesionales están incluidos dentro de la ley. Se piensa que solo funciona para los productos, la compra de algo y también se aplica a los servicios". Los cinco casos fueron resueltos con la mediación de Adeco.

Para los profesionales, la ley del consumidor diferencia la responsabilidad entre objetiva y subjetiva. "Quiere decir que hay obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Un arquitecto está obligado a un resultado: tiene que construir una casa. En los médicos, en cambio, su deber es de medios, de hacer todo lo posible por curar, pero no puede garantizar que ello ocurra", asegura Sánchez.

Los procesos con profesionales se hacen de la misma forma que con las empresas que venden productos. Una vez presentado el reclamo, Adeco realiza un primer contacto con el profesional para ver si se puede solucionar el diferendo. De no prosperar, se llama a ambos a una audiencia que puede repetirse varias veces. En caso de ausencia injustificada del proveedor, Adeco tiene desde 2006 la facultad de sancionar con una multa de entre 10 y 500 UR. Las incomparecencias, cuando son dos o más, se pueden publicar y de hecho figuran en la página web de Adeco.

El Área de Defensa del Consumidor recibió unas 4.000 llamadas entre abril y mayo y más de 300 correos electrónicos, con reclamos o consultas.

En la década del `40 surgió la primera idea de colegiación profesional obligatoria. Esto significa la creación de un colegio para cada profesión que la regule y controle el nivel ético, técnico y de aptitud física y mental para el ejercicio.

Ahora hay un anteproyecto en el Senado. Entró por Diputados, donde se acordó crear una comisión que nunca se reunió. "Hubo una desidia muy importante de diputados de varios sectores", dice el legislador frentista Diego Cánepa.

El anteproyecto pasó ahora al Senado donde, según Cánepa, "el gobierno tiene voluntad de tratarlo".

El escribano Mario Díaz, de la Agrupación Universitaria del Uruguay, no tiene muchas esperanzas de que se apruebe, pero "al menos que se debata".

El principal argumento en contra de la colegiación es que se limitaría el ejercicio libre de la profesión. También se señala que sería dar un instrumento de "corporativismo" a los profesionales.

La Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, que nuclea a unos 2.500 profesionales, presentó este año denuncia al MSP sobre unas 20 personas que estarían ejerciendo sin título.

Como se trata de una profesión nueva frente a las otras, "la gente tiene mucha confusión sobre qué es y qué hace un psicólogo", asegura el secretario general de la Coordinadora, José Luis Fernández. Los casos de profesionales "truchos" se dan sobre todo en el interior del país y el MSP los investiga, agregó.

Una ley de 1999 reglamentó la profesión de psicólogo y habilitó solo a los egresados de la Universidad de la República, la Universidad Católica y otros dos institutos. "Antes de eso, era un desquicio, cualquiera atendía", dice Fernández.

Dentro de la confusión también entra el título de psicólogo social. Estos son especialistas en su rama, pero no pueden atender pacientes individuales en la clínica.