Los de la penúltima palabra

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CATERINA NOTARGIOVANNI

Para impartir justicia un magistrado debe estudiar decenas de expedientes, analizar pruebas y entrevistar partes y testigos. Luego, en función de sus conocimientos de derecho, toma una decisión. Pero hay casos en los que por su complejidad no basta con saber de leyes. Es entonces cuando entran en acción los auxiliares de justicia, personas cuya formación es requerida para encontrar un posible culpable, un modo o una explicación.

Ellos son los peritos, técnicos de otras materias sin los cuales los jueces no podrían llegar a un veredicto. El Instituto Técnico Forense (ITF) es la entidad encargada de proveer de peritos a los magistrados cuando éstos lo consideran pertinente. Los hay médicos, psiquiatras, calígrafos, dactilócopos, contables y químicos. Ellos no tienen la última palabra, pero muchas veces de sus informes depende la absolución o la prisión.

Evidencia post mórtem. A la Morgue Judicial llegan sólo las muertes violentas (suicidio, homicidio, accidentes de tránsito) y aquellas indeterminadas a las que ningún médico puede certificar como natural. Allí se reciben 2.200 cuerpos al año.

Lo primero que debe verificar el forense es que el cuerpo esté identificado. Si no lo está, se llama a Policía Técnica para que tome las huellas dactilares. Además se registran las piezas dentales y las característica particulares (color de iris, de cabello, peso, tatuajes, cicatrices).

Si el cuerpo está identificado se hace un examen externo más rápido, se observan las ropas y se analiza que el fallecido no tenga lesiones ni signos de envenenamiento. "El monóxido de carbono producido en los incendios, da a los cuerpos un color rojo", ejemplifica Guido Berro, director del Departamento de Medicina Forense. Si no hay signos, y tampoco el parte policial abre sospecha de violencia, se firma el certificado de defunción como Reconocimiento forense". La mitad de los cuerpos que llegan a la morgue son retirados con ese dictamen. Al resto se le realiza la apertura cadavérica, víscera por víscera. "Se realiza para detectar lesiones, heridas de arma blanca, de fuego o tóxicos. Se puede complementar con extracción de sangre o contenido gástrico para hacer análisis en el laboratorio de tóxicos y anatomía patológica", señala Berro.

En el informe, primero se realiza una descripción de los hallazgos "lo más objetivo posible". Luego se ofrece una interpretación de lo que pudo haber pasado, la causa de muerte y, si es posible, la data y el modo. En la redacción se escribe: "compatible con homicidio" o "compatible con causa natural". "Nunca decimos fue homicidio porque eso lo tipifica el juez".

Pero las pericias de Medicina Forense no sólo incumben a los muertos. También se realizan a personas vivas en casos de accidentes de tránsito no fatales, violencia doméstica, presunta drogadicción y abuso sexual. "En estas situaciones el cuerpo también habla de lo que pasó, el tema es que a veces no quedan huellas", acota Berro.

La diferencia fundamental entre una y otra pericia, es que con un cadáver se puede tener otro manejo, como la extracción de órganos para ser analizados por un patólogo.

Por año, se realizan 4.000 pericias a personas vivas.

Mentes criminales. La principal función del Departamento de Medicina Criminológica es la realización de pericias psiquiátricas y/o de trabajo social en cinco áreas: penal, civil, de familia, violencia doméstica y adolescentes infractores.

En los juicios penales, los peritos deben evaluar el estado psíquico del acusado, tratando de determinar si padecen de alguna enfermedad, si sabían lo que hacían cuando cometieron el delito o si actuaban bajo los efectos de drogas. "El juez puede pedir nuestra opinión para mandarlo al hospital, seguir con el proceso o eventualmente enviarlo a su casa", explica el psiquiatra Daniel Larrosa, director del departamento con 30 años de experiencia y 4.000 casos estudiados.

Se trata de una pericia clave dado que en función de su resultado una persona puede ser declarada inimputable. "Le decimos al juez que la persona tiene tal mal que influyó en su conducta, o que no. La imputabilidad es una palabra jurídica que tratamos de evitar", señala.

Los peritos tampoco pueden asegurar si la persona cometió (o no) el delito. Por ejemplo, en los casos de abuso sexual, ultraje público al pudor o violación, el peritaje puede decir si "X" padece o no una enfermedad, si tiene tendencia a mentir, o antecedentes de trastornos sexuales, pero nada más.

El instrumento de trabajo es la experiencia. No se utilizan test (salvo en algunos estudios donde se pretende medir el coeficiente intelectual), y se trabaja en base a entrevistas. La hipnosis, el narcoanálisis y el polígrafo son prácticas vinculadas a la psiquiatría que "se desaconsejan mundialmente como técnicas de asesoramiento judicial por razones éticas y científicas", dice un instructivo del área. "La mayoría de las veces se puede discernir en una entrevista el estado mental", explica Larrosa.

En esta área son frecuentes los casos de implicados que fingen locura para esquivar el castigo o para ser trasladados de la cárcel a un hospital. "A los presos lo primero que le dicen es: vos negá. Lo segundo: hacete el loco que la vas a pasar mejor", dice el perito.

No obstante, no es fácil engañar a los peritos. Decir incoherencias o alucinar son dos de los indicadores más comunes de mentira: "Existe un mito de que el loco dice disparates y tiene visiones, pero éstas no son psiquiátricas, refieren a otro tipo de trastorno metabólico", ilustra Larrosa.

Una consulta cada vez más frecuente es la que atañe a la intoxicación por drogas (mayoritariamente alcohol y pasta base), ya que es una causa de inimputabilidad.

En los juicios civiles la intervención de peritos se justifica para saber si una persona es capaz de dirigirse a sí mismo y administrar sus bienes (firmar documentos, casarse, votar, realizar transacciones). "Ser declarado incapaz es la muerte civil", ilustra. Discernir si alguien está capacitado para criar a sus hijos es otra de las tareas en el área de familia.

Además de un diagnóstico, los informes que estos expertos elevan a los jueces incluyen consideraciones: "tratamos de explicar qué es lo que llevó a esa persona a esa situación puntual", finaliza Larrosa.

Firme aquí. La perito calígrafo (y escribana) Gabriela March es el terror de los falsificadores, estafadores, cazadores de herencias y mentirosos. Con la colaboración de lupas, luces ultravioletas, infrarrojas o combinadas, más la experiencia de 15 años, March analiza la autenticidad de documentos y firmas.

En su memoria laboral (dentro y fuera del ITF) hay casos de transferencias bancarias por US$ 800.000 que el titular de la cuenta niega haber realizado, testamentos cuestionados por familiares desconfiados (o interesados), cartas de suicidas para descartar homicidio, conformes con rúbricas falsas e implantadas con fotocopiadoras láser, entre otras.

Pero el caso más "rimbombante" y "agobiante" que le tocó fue el de los ediles de Rivera que adulteraban boletas de combustible, delito por el cual terminaron procesados 28 curules. Para ello March levantó muestras gráficas (firmas) de 100 personas que después cotejó en 1.850 documentos.

El cotejo de una firma se hace a partir de muestras gráficas o de documentos indubitados (aquellos cuya autenticidad no está cuestionada). De la rúbrica se obtienen los parámetros gráficos del escritor. Éstos están vinculados a la edad (la escritura muta con los años) y las circunstancias: "Si estás estresado o con un brazo quebrado no escribís igual. El estado de ánimo y las enfermedades dejan su rastro en la escritura", explica March.

Al escribir se traslucen características personales. "Cuando rotás el útil se van formando los gruesos y perfiles. En el papel vas dejando los rastros de cuando apoyaste la lapicera, cuando la levantaste, en qué lugar se levantó y cuánto se destruyó la fibra del papel cuando ejercés la presión. Además de la velocidad que le imprimiste. Eso en la fotocopia no se puede relevar y es indicio de adulteración", explica.

Otro indicador de falsedad es encontrar idéntica rúbrica en dos documentos distintos. "Jamás dos firmas pueden ser exactas, porque no se puede firmar dos veces igual", señala. Mismo criterio se utiliza para las falsificaciones: no hay humanos idénticos, no hay firmas idénticas.

Huellas delatoras. Antes de emitir fallo, el juez necesita saber si el delincuente es primario o no. Quienes se encargan de rastrear esa información son los seis peritos dactoloscópicos del Registro de Antecedentes. La búsqueda es manual y "a ojo", sin más ayuda que la lupa. "Soñamos con tener todo digitalizado como en CSI", dice la sub-jefa Nelly Campos.

Pero, la realidad uruguaya utiliza el Sistema Vucetich, que ordena las impresiones en cuatro figuras básicas de las cuales salen infinitas combinaciones (ver recuadro).

Si se deben buscar los antecedentes de un individuo en base a las huellas enviadas por Técnica, primero se codifica cada dedo según esas cuatro figuras de Vucetich hasta tener la combinación de los diez dedos. Alcanzada esa combinación (Ejemplo: EI43432242, cada número es un dedo y las letras los pulgares) se busca la serie en el archivo. Puede haber una, diez o más personas que comparten la matriz. Luego, el perito busca (con lupa) las pequeñas diferencias en las líneas que hacen única a cada huella. Si encuentran coincidencia en alguna ficha, entonces la persona tiene antecedentes y un número de inscripción en el Registro. Es posible, entonces, encontrar una carpeta con ese número e historial delictivo del indagado.

Si no hay antecedentes, se hace una segunda búsqueda por nombre en el archivo patronímico. "Puede pasar que la persona se cortó o quemó los dedos", dice la dactoloscópica Inés Elvira.

Carpeta nueva para los primarios, y un Registro que tiene archivadas unas 369.000 fichas desde 1920. Actualmente cada perito busca, promedio, 15 fichas diarias, con respuesta al juez es de entre 4 y 5 días.

Los peritos deben tener conocimientos legales

El Instituto Técnico Forense es la repartición más grande del Poder Judicial, con 250 funcionarios entre peritos y administrativos. Consta de tres áreas: la Pericial, dentro de la cual está el Departamento Médico Criminológico, el Departamento de Medicina Forense y el de Asesoramiento Contable y Pericias concursales; el Registro Nacional de Antecedentes, y el Departamento de Asistentes Sociales, destinado al trabajo con menores. "No son sólo técnicos de una especialidad, sino que tienen conocimientos legales", explica Maris Rivoira, escribana directora del ITF.

2.200 Es la cantidad de cadáveres que pasan anualmente por la morgue judicial. Al 50% se le realiza autopsia completa.

3.287 Fueron las personas sometidas a pericias psiquiátricas y psicológicas durante el año 2007.

369.062 Es el total de personas procesadas en Uruguay desde que comenzaron los registros, en el año 1920.

Para que entren en acción los peritos del ITF el juez debe enviar un decreto en el cual se ordena la pericia en forma precisa y clara. "Actuamos sólo y exclusivamente para el Poder Judicial y a pedido del juez. Es a él al que le informamos", explica la directora Maris Rivoira.

Puede suceder que una de las partes en litigio solicite una pericia. En ese caso deberá hacerse cargo de los gastos en forma particular, ya que el ITF no maneja honorarios. La única excepción es en materia penal y cuando se da lugar a la "Auxiliatoria de pobreza" (la parte no pueden correr con gastos).

Los peritos no tienen plazos legales, salvo determinadas disposiciones del juez que puede pedir las pericias en carácter urgente. Que el magistrado pida un perito psiquiatra para que lo acompañe a ver un caso de discapacidad en la casa del involucrado es un ejemplo de ese tipo de actuaciones urgentes.

Hay materias en las cuales el Instituto Técnico Forense no tiene peritos. Tal es el caso de ingeniería, arquitectura, informática. Cuando se necesitan -como sucedió en el derrumbe de la Ciudad Vieja en 2006-, se piden pericias externas pagas. El ITF tiene convenio con la Universidad, el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, entre otros, a los que recurre en este tipo de casos.

"Se busca a ojo, no te creas que esto es CSI Miami", señala una perito dactilóscopo.

El sistema de identificación de personas por sus huellas dactilares fue creado por Iván Vucetic, nacido en la actual Croacia en 1858 y radicado en Argentina en 1882.

Al principio, Juan Vucetich (así mutó su nombre original) utilizó 101 rasgos de las huellas que clasificó en cuatro grandes grupos. Posteriormente afinó el método simplificando en cuatro rasgos básicos: los Arcos, las Presilla Internas, Presillas Externas y Verticilos. "Cada dedo tiene un perfil de esas cuatro figuras", explica Cristina Olivera, jefa de la Sección Dactiloscopía.

Cada persona tiene una combinación de esas cuatro figuras que se llama Individual Dactiloscópica.

Basado en el sistema Vucetich, la policía de Buenos Aires inició en 1891 el primer registro dactiloscópico del mundo. Un año después se identificó por primera vez a una asesina en base a una huella dejada en la escena del crimen. Era Francisca Rojas, acusada de asesinar a sus dos hijos. Siguiendo el patrón elaborado por este hombre, los peritos de todo el mundo clasifican los dedos asignándole una letra (para los pulgares) o un número (para el resto de las falanges).

En el Registro Nacional de Antecedentes las fichas se agrupan por ese número, al cual puede pertenecer más de una persona. Cuando necesitan cotejar huellas, se va al grupo y se analiza con lupa una a una buscando las pequeñas diferencias de líneas que invariablemente diferencian a los individuos.