Patrimonio bajo agua

Carlos Scavino

NO SON POCOS los problemas que surgen en el Uruguay entre el Estado y los buscadores de tesoros, en particular los referidos al patrimonio subacuático y a la recuperación de antiguos barcos hundidos y su contenido. Un libro de Andrés López Reilly los plantea con amenidad periodística, y expresa una vez más la pasión del autor por los temas históricos y marítimos —ya manifestada en su anterior Galeones, naufragios y tesoros. Los hallazgos de Rubén Collado en las costas uruguayas—.

BRANDY CON AGUA. A finales del siglo XVIII, Montevideo se había convertido en uno de los puertos más activos que tenía España en ultramar, y la rivalidad con el puerto de Buenos Aires era creciente. A finales de mayo de 1792, con una tripulación de 300 hombres, se dirigía al Perú la fragata Nuestra Señora de Loreto. Al haberse accidentado, debió hacer escala en el puerto de Montevideo a pesar de tener órdenes expresas de eludirlo. Transportaba 20.000 litros de brandy, una apreciable cantidad de mercurio (utilizado en la extracción de oro y plata), un buen número de cañones e infinidad de artículos de uso diario. Estando allí amarrada, se desató un gran temporal que causó su hundimiento el día 29. Murieron más de veinte personas y el cargamento de mercurio fue rescatado poco tiempo después y llevado a Buenos Aires. Seguían en el fondo de la bahía, según parece, los cañones, los enseres y el brandy. "No obstante" —puntualiza López Reilly— "no hemos hallado documentos que señalen con certeza que sus pertrechos, así como su poderosa artillería o la carga de brandy, hayan sido recuperados en algún momento". Luego menciona una "investigación efectuada por la licenciada Cristina Montalbán, de la fundación Amigos del Patrimonio" quien afirma que "la carga de azogue se rescató junto con muchos cañones, bayonetas y útiles del buque, todo lo cual fue prolijamente inventariado". El autor comenta que, sin embargo, "contradictoriamente, un siglo después del naufragio persistía el interés por recuperar los tesoros que, se decía, ‘aún permanecen en las bodegas de la Loreto’...".

En 1984, el buscador de tesoros argentino Rubén Collado comenzó la localización de Nuestra Señora de Loreto. Finalmente fue encontrada frente al puerto, enterrada bajo varios metros de fango y a 100 metros de la terminal de contenedores, impidiendo así la prevista ampliación de ésta. Para iniciar los trabajos había firmado un contrato con la Prefectura Naval Nacional donde se autorizaba el rescate y se estipulaban sus condiciones y el reparto al 50% de lo que se encontrara, para cada parte. En febrero de 1986 se hace pública la noticia de que la Comisión de Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, había declarado a Nuestra Señora de Loreto monumento histórico, porque "formaba parte de la evolución histórica nacional, relacionada con hechos relevantes y representativos del país", sin siquiera haberla visto ni comprobado su existencia. Sin embargo, un especialista español informó que "la conexión de la fragata Nuestra Señora de Loreto con la costa de la República Oriental del Uruguay es totalmente circunstancial, hecho que no puede olvidarse ya que su valor testimonial para la historia del país es muy escaso, ya que no era ese su destino", ni tampoco tenía interés para España. Esta aventura concluyó con una demanda contra el Estado por incumplimiento de contrato y Rubén Collado la ganó después de un juicio que duró catorce años. Las actuaciones de la Comisión de Patrimonio siguieron siendo polémicas en varios casos. Por ejemplo, en el del Graf Spee, hundido frente a Montevideo. La Comisión dictaminó que carecía de relevancia en la historia del país, y por ende los objetos que se le retirasen podían ser vendidos en el extranjero.

Las leyes relativas a la propiedad de todo lo que pueda encontrarse bajo el mar son por lo general vagas y, en algunos países, incluso inexistentes. En el Uruguay el tema es competencia de la Comisión de Patrimonio y la Prefectura Nacional Naval. La ley establece la presentación de un exhaustivo plan de trabajo con la supervisión de un arqueólogo autorizado por la Comisión de Patrimonio, la fiscalización de lo recuperado por parte de la Prefectura y con el compromiso de los exploradores de preservar las piezas rescatadas. En la actualidad, hay cuatro equipos activos explorando las aguas subacuáticas, y más de 80 pedidos a la espera de ser aprobados. En el Uruguay se han identificado más de 200 naufragios importantes ocurridos entre 1772 y 1930.

UNESCO SE PRONUNCIA. El tesoro de la fragata Nuestra Señora de la Luz, el primero realmente importante encontrado en aguas uruguayas, fue vendido en subasta y reportó al gobierno un ingreso de dos millones y medio de dólares. Desde esa subasta no ha podido comercializarse legalmente ningún objeto rescatado del mar debido a las exigencias que impone la Comisión de Patrimonio.

Escribe López Reilly: "Tras prolongadas discusiones sobre el modo más apropiado de preservar el patrimonio y poner coto al saqueo de pecios (fragmentos de naves naufragadas) con fines comerciales, la UNESCO adoptó el 2 de noviembre de 2001 la llamada convención sobre Protección del Patrimonio Subacuático, un documento largamente debatido y polémico para muchas naciones". Y agrega: "El acuerdo establece que los bienes sumergidos pertenecen a toda la humanidad y recomienda apartar a las empresas que sólo proyectan una oportunidad de hacer negocio con la gestión de los yacimientos. La convención concede prioridad a la conservación del patrimonio in situ, es decir, bajo el mar y antepone la prospección ‘no dañina’ a la recuperación de objetos de un naufragio, aunque procura garantizar la protección de los mismos en caso que sean conducidos a tierra firme". Apoyaron la propuesta, 87 naciones, 5 votaron en contra y 15 se abstuvieron, entre ellas Uruguay.

En El Patrimonio Sumergido, López Reilly comenta la posibilidad de crear museos para exhibir los objetos rescatados del mar, como el inaugurado en Punta del Este. Esto podría ser una buena fuente de recursos, como lo demuestran las experiencias de este tipo realizadas en varios países, de las cuales el autor brinda número de visitantes y datos sobre equipamiento. El libro está bien documentado e incluye fotos, recortes de periódicos, y transcripciones de normas relacionadas con la búsqueda de tesoros subacuáticos. Llama a la reflexión el planteo de los problemas relativos al financiamiento, a la ubicación —que supone una investigación previa en archivos y hemerotecas—, y a la limpieza y conservación de los objetos extraídos. Si bien es un objetivo de todos que el patrimonio se preserve, incluso si está sepultado en el mar, si el Estado no se pone de acuerdo con los particulares, en el futuro cualquier emprendimiento hará agua. l

El PATRIMONIO SUMERGIDO. UN TESORO OCULTO EN LA BAHÍA DE MONTEVIDEO de Andrés López Reilly, Ediciones de la Plaza, Montevideo, Noviembre de 2004. 184 páginas.

Andrés López Reilly

NO CABEN dudas que todo país necesita de una Comisión del Patrimonio para regular, controlar, y, dentro de los menguados fondos del Estado, preservar los elementos históricos que se recuperan. Eso está fuera de discusión. El problema radica, exclusivamente, en su modo de operar.

Las desavenencias entre preservadores oficiales y buscadores de tesoros comenzaron a gestarse a mediados de la década de 1980, cuando se halló en el puerto de Montevideo la fragata española Nuestra Señora de Loreto, perdida tras un fuerte temporal que azotó el Río de la Plata hacia fines de mayo de 1792. Una vez que se conoció el sitio del naufragio, la Comisión de Patrimonio Histórico no demoró más de 24 horas en salir a escena y, en una polémica decisión, declaró al casco Patrimonio Histórico Nacional, bajo el agua y tapado por tres metros de fango, donde nadie puede verlo, tocarlo, ni sacar provecho monetario de él.

El decreto, aún vigente, derivó en un prolongado juicio contra el Estado por el incumplimiento de un contrato que un particular firmó con la Prefectura Nacional naval y que tras años de litigio, ganó el demandante. (...)

Quizás, la clave del problema se encuentre en el preámbulo de la ley española de Patrimonio Histórico: "En un Estado democrático, estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura, y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos". La Comisión de Patrimonio Histórico, sin embargo, practica la política del perro del hortelano (ni come él, ni deja comer a los demás). No puede financiar expediciones ni mantener los objetos recuperados, pero tampoco deja que lo hagan otros particulares. l

(El Patrimonio Sumergido, páginas 7 y 8)