Controversia interminable

ALFONSO LESSA

Un cuarto de siglo después, el Uruguay sigue discutiendo la polémica Ley de Caducidad. Seis gobiernos de tres partidos y diverso signo han pasado desde que fue aprobada la norma, pero el debate sigue vivo.

La gran pregunta es si, de aprobarse el proyecto votado por el oficialismo en Diputados, se cerrará el largo ciclo de discusiones que ha envuelto desde siempre a esta norma. Y todo parece indicar que no, tanto por motivos políticos, como jurídicos.

El mismo hecho de que el oficialismo se presente dividido, con legisladores exponiendo contundentes argumentos en contrario, aunque aprobando la iniciativa forzados por la disciplina partidaria, muestra con claridad la controversia que desde antes de su nacimiento envuelve a esta norma interpretativa. La controversia, por lo tanto, va mucho más allá del eje -a veces usado con simplismo- de izquierda derecha. Y aunque se intente negar, implica valores éticos y filosóficos, no sólo relativos al tema de la justicia y de los derechos humanos, sino también al respeto de la voluntad popular.

El más importante argumento de quienes se oponen a la norma desde el FA es el mismo que el de la oposición: desconoce dos pronunciamientos promovidos por la propia izquierda en los que la ciudadanía, decidió mantener la ley de Caducidad. La primera oportunidad, fue en 1989, en la misma ocasión que la izquierda ganó Montevideo de la mano de Tabaré Vázquez. La segunda, cuando Vázquez era presidente y el Frente Amplio ganaba nuevamente el gobierno nacional. No parece fácil entonces explicar los resultados en los contextos políticos.

Al hecho estrictamente político, se unen las advertencias que han realizado varios especialistas acerca de la inconstitucionalidad de la norma interpretativa propuesta. Y entre abogados de la propia izquierda existe el temor de que la nueva ley abra una serie de batallas judiciales; e incluso de que abogados de militares y policías presos por violaciones a los derechos humanos, intenten hacer pie en la anulación de la norma, para cuestionar los juicios.

Pero además, como la propia ley de Caducidad, la nueva norma establece caminos jurídicos complejos.

La ley de Caducidad siguió a las amnistías a los ex guerrilleros, presos políticos e incluso a la que se dictó para una parte de los presos comunes, pero no hubo en la transición una amnistía lisa y llana para los militares.

¿Por qué? Entre otros hechos, porque buena parte de las Fuerzas Armadas se oponían a ser amnistiados ya que consideraban que no había nada que perdonarles. Este fue el argumento por el cual, por ejemplo, Juan María Bordaberry votó "verde" en 1989: estaba a favor de derogar la norma, por argumentos absolutamente opuestos a los de quienes promovían la consulta popular. Hoy, tanto tiempo después, el camino que la mayoría del oficialismo busca abrir en el Parlamento, promete más controversias.