Código Aduanero: Cristina logró que Mujica aflojara

1/1

Una reunión entre Cristina Fernández y José Mujica destrabó el acuerdo por el Código Aduanero. Uruguay se negaba a consagrar allí las retenciones argentinas. El capítulo fue retirado, pero aceptó consagrar que se mantiene el statu quo.

La aprobación del Código Aduanero fue lo que transformó la Cumbre de San Juan -al decir del presidente brasileño Lula Da Silva- en la más importante desde la de Ouro Preto en 1995. El Mercosur dio señales de revitalización, se aprobaron varios temas relevantes (ver nota en esta página) y el Código Aduanero, trabado desde hace cinco años, fue aprobado.

Además del tema de las retenciones se acordó un sistema gradual para eliminar desde 2012 el cobro del doble arancel a los productos de extrazona y un sistema para distribuir la renta aduanera. En el sistema vigente un producto que ingresa por uno de los países paga el arancel externo común y vuelve a pagarlo si va a un segundo país de destino. Bajo el nuevo sistema el gravamen se paga una sola vez, pero se definió un mecanismo para no perjudicar a Paraguay que, por su mediterraneidad, suele recibir los productos tras su paso por alguno de los demás países del bloque.

Las detracciones. La concesión a Paraguay del sistema de distribución de renta aduanera flexibilizó su posición frente a las retenciones (a las que también se oponía), se admitió en fuentes del gobierno uruguayo.

Cristina Fernández fue al encuentro con Mujica con el consenso de los demás países para acordar una fórmula que preservara, al menos, las retenciones argentinas. Fuentes diplomáticas uruguayas confirmaron que Uruguay debió rescindir su posición de establecer en el código que las retenciones -llamadas también detracciones o derechos de exportación- fueran decididas por todos los socios del Mercosur, lo que contrariaba la intención argentina de "legalizar" en el Código la potestad de cada país de implantarlas, afectando la competitividad de los países vecinos en su mercado interno, como ocurre actualmente con las retenciones argentinas sobre la soja y otros productos del agro. El acuerdo supuso eliminar el polémico artículo, pero se consagró a texto expreso que se mantiene la actual situación, lo que valida los gravámenes argentinos. Y a futuro, si un país recurre a este impuesto, los socios solo podrán protestar por los canales habituales del bloque.

Los impuestos a estos productos hacen que una parte de esos insumos se canalice al mercado interno a precio menor, lo que favorece a la producción local que los emplea en detrimento de productos similares de los países vecinos

"Cada país preserva su legislación, pero no puede afectar a los estados parte. Cada estado se reserva el derecho de hacer valer sus derechos. Se mantiene la situación como está y se tiene derecho al pataleo", resumió una fuente diplomática uruguaya.

La legislación uruguaya prohíbe desde 2004, por consenso de todos los partidos, poner impuestos a las exportaciones. La posibilidad de compatibilizar la legislación de ambos países era escasa, dijo la fuente.

La entrada en vigencia del Código Aduanero dependerá ahora de la celeridad de los parlamentos de cada país de transformarlo en ley, se indicó.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, elogió el "gran paso" dado con la eliminación del cobro de doble arancel, pero no se refirió al tema de las retenciones. Dijo que la medida "es fundamental para que rija la libre circulación en el área" y "para facilitar la negociación con terceros países" y "tiende a eliminar algunas de las distorsiones que perjudican" el mercado regional. Además del Código se aprobaron el Documento Único Aduanero del Mercosur y el Manual de Procedimiento de Control del Valor en Aduana del bloque. (Redacción y agencias)

El Mercosur acordó en San Juan que el Fondo de Convergencia Estructural del bloque (Focem), financie nueve proyectos por unos US$ 800 millones, entre ellos la interconexión de líneas de alta tensión (500MW) con Brasil, clave en la estrategia energética de largo plazo de Uruguay. Este financiamiento era trabado por Argentina en el marco del conflicto binacional por la planta de UPM.

En San Juan se aprobaron también otros proyectos de interconexión eléctrica entre Paraguay y Brasil, la rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Concepción-Vallemí; intervenciones integrales en los edificios de enseñanza obligatoria de varias localidades argentinas, entre otros emprendimientos. Asimismo se aprobó el apoyo a pequeñas empresas para integraciones horizontales para generar productos de exportación, la calificación de proveedores de la cadena productiva de petróleo y gas; la intensificación y complementación automotriz del bloque y un Fondo Mercosur de garantías para micro y pequeñas y medianas empresas.