Informa La República que "para el Gobierno de José Mujica la mejor forma de combatir la crisis financiera internacional es generar la mayor cantidad de inversiones en el país y mantener una actitud activa".
CRISIS. No sé si es ésta la mejor forma de combatir la crisis financiera internacional; de hecho creo que hay otros instrumentos más importantes. Pero sin duda me gratifica que el Gobierno subraye la necesidad de sostener, alentar, impulsar la inversión, manteniendo lo que señala como una "actitud activa". Más aún, dijo el mandatario al diario La República que hay que "propiciar todo tipo de inversiones que pueden contribuir directa o indirectamente a mejorar el costo país; nos parece que esa es la respuesta más eficaz". Pero lo que definitivamente me apena es que, cuando el Presidente abunda en sus opiniones, se queda solo en el impulso a la inversión pública. Es así que aboga a favor del ferrocarril, la navegación de cabotaje, la realización de dragados, trabajos en los puertos, la energía en todas sus variables, las rutas, la caminería rural y las obras hidráulicas de regadío. Como se ve son todas inversiones públicas.
No caben dudas que el país ostenta un atraso en esta materia que vuelve necesario, con o sin crisis por delante, destinar esfuerzos en remozar la infraestructura productiva. Más aún, es posible que los proyectos llamados PPP, de participación público privada, si se implementan bien, realicen una buena contribución en este sentido.
Pero el planteo es decididamente incompleto si con el mismo énfasis con el que se quiere realizar inversiones públicas, se agravia a las privadas todos los días. Esto es muy grave por las mismas razones que el Presidente subraya como su preocupación mayor: "de haber una caída de la economía, los costos los pagarían los más débiles, es decir quienes no tienen la culpa de la irracionalidad del mundo". Para ello dice el Presidente que el Gobierno "debe sostener con el mayor vigor posible todo lo realizado en materia productiva". Y yo estoy de acuerdo porque me imagino que, cuando habla de la actividad productiva, se refiere a la actividad económica privada, la que en el sector agropecuario, como producto de amenazas cada vez más intensas, no cesa de caer.
LA CAÍDA. Ya referí con detalle en mi columna anterior, un largo relato de intervenciones en la ganadería y la agricultura que han ido conformando un clima enrarecido que, en momentos de incertidumbre, no parece prudente exacerbar. Por eso llama poderosamente la atención que el Gobierno sostenga que para atenuar eventuales impactos de una crisis se debe alentar la inversión, y al mismo tiempo un día sí y al siguiente también, se dedique a enrarecer el clima de negocios, de entendimiento entre sectores de la sociedad. Por eso, no son de recibo las afirmaciones oficiales cuando afirman que el próximo impuesto a la tierra afectará solo a un porcentaje mínimo de uruguayos. No es así. Los que lo paguen tal vez sean pocos hoy, no lo sé. Lo que en cambio está muy claro es que la ruptura de las reglas cuando públicamente se afirmó no tocarlas es una contribución a la siembra de incertidumbre, que es precisamente el peor enemigo de la inversión. Además, quién puede creer que las intervenciones contra el agro acaban aquí, cuando se han anunciado otras. Y quién puede asegurar que los 8 dólares de hoy no sean 50 mañana, cuando ideológicamente el Gobierno se siente titular de muchos de los atributos de la propiedad de la tierra.
Como se sabe, la faena no ha cesado de caer desde los 2,6 millones de cabezas del principio de la administración anterior, hasta las poco más de dos millones cien que se estima puedan faenarse este año. Hay en esta caída más de 400 millones de dólares por año que no ingresan al sector, que suponen con seguridad una cifra muy significativa también de valor agregado a partir de ese ganado gordo, que no se generan más. Y otro tanto ocurre en la agricultura. La caída del área sembrada de cultivos de secano entre el año 2009-2010 y el 2010-2011 implica para algunos supuestos de costo de producción, unos 330 millones de dólares que no están más, incrementándose para esta zafra 2011-2012 para la que se espera una nueva caída del área. Si faltan en cualquier hipótesis no menos de 700 millones de dólares anuales, ¿no valdrá la pena modificar la actitud y no pensar que los cambios en las reglas afectan solo a los que pagarían hoy un nuevo impuesto? No se entiende en verdad que se quiera defender la inversión en caminos o puertos, y no se ponga cuidado en sostener la inversión privada que solo le cuesta al Gobierno en seriedad, profesionalidad y, por qué no, un poco menos de ruido. Se conoce poco es cierto de lo que ocurre en el campo. Cuando escucho a los legisladores que llevan adelante la iniciativa me parece que hablan de un agro que no existe. Hoy quiero recordar al azar una cifra: lo que cada año los agricultores ponen dólar sobre dólar encima de la tierra, o lo que ponían hasta que el área empezó a caer; si multiplicamos las hectáreas agrícolas de secano y arroz por el costo de producción de cada cultivo la cifra anual llega a 1.450 millones de dólares. Esto quiere decir que, por ejemplo, la agricultura pone a trabajar una Botnia por año, o una Aratirí, quizás cada dos, sin necesidad de realizar acuerdos caso a caso con las empresas, algo propio de una institucionalidad débil, aunque parezca lo contrario.
INVERSIÓN PRIVADA. El Uruguay agropecuario ha empezado a desandar un camino de producción y productividad en buena parte de sus rubros, salvándose por ahora la lechería y el arroz. Cuando cae la producción, justamente en momentos buenos de precios, la explicación proviene de una reducción de la inversión, justamente lo que el Gobierno cree es la clave para defenderse de potenciales crisis y mirando especialmente a los más débiles. Yo creo lo mismo; nada más que desconfío mucho de la potencia de la inversión pública, en particular en un Gobierno con dificultades serias de gestión en muchas de sus áreas: salud, vivienda, educación, seguridad, etc. En cambio, no veo una actitud paralela en el cuidado de la inversión privada que demanda, además de adecuadas relaciones de precios, un sistema de reglas no solo estable sino lo más alejado posible de permisos y disposiciones análogas que, al introducir discrecionalidad, anulan la confianza. Es difícil que el Gobierno entienda que para contribuir a la inversión que desea, su mejor actitud activa, más allá de la inversión pública, es hacer... nada; o más bien respetar y sostener el sistema de reglas, que es mucho. Lo demás, en un ambiente de recato verbal, vendría por añadidura.