Tres millones de reformas del Estado

JUAN SÁNCHEZ

Basta leer el tenor de las críticas que algunos politólogos le han realizado al Presidente en los últimos meses sobre lo que son solamente "apuntes" para una Reforma (aún antes de asumir), para advertir claramente que "no la tendrá fácil", pero también que en gran medida dependerá de él mismo.

No sabemos qué está detrás de estas críticas, pero coincide con la visión de muchos sectores que consideran que a Uruguay le va bien, que los cambios realizados hasta el momento son suficientes para seguir creciendo, para lograr una sociedad integrada y con buena calidad de vida. Algunas de estas críticas han coincidido con la realizada por varios de los principales dirigentes sindicales. No es difícil advertir que en Uruguay cada quien tiene su propia manera de ver la Reforma del Estado según sea su relación personal con éste además de sus convicciones y otros intereses.

¿EXISTEN CLAVES? Lo que denominamos Reforma del Estado es un concepto difícil de decodificar y sus antecedentes en Uruguay la ubican en un lugar poco privilegiado.

Esto sucede por varias razones, pero queremos destacar dos.

Una primera, que la denominamos la necesidad de "comprar tiempo" para cualquiera que la encare con responsabilidad.

Cada área de acción que involucra la Reforma (jurídica, económica, gestión) exige una atención específica en términos de recursos, tiempos y riesgos. A su vez, para cada una de estas categorías se requiere cumplir con una serie de etapas como evaluar, identificar, priorizar, diseñar, ejecutar, monitorear y ajustar. Esto le agrega complejidad, tarea que insume tiempo y recursos.

Los plazos que impone la Constitución no se pueden obviar, pero la viabilidad institucional va a depender más críticamente de la estrategia fijada, de los contenidos y del alcance que se le quiera dar a esa Reforma.

El segundo aspecto crítico es que no es posible complacer a todos. Por mejor que se puedan planificar, definir y controlar todas las variables y aunque se logre un gran liderazgo, son inevitables las reacciones negativas más o menos explícitas y la dispersión de su origen entre los actores de la sociedad.

Es necesario aprender a convivir con las frustraciones que transitoriamente puedan generar las contradicciones internas y externas al gobierno poniendo la mira en lograr el apoyo de la opinión pública.

Se requiere capacidad y determinación para lidiar con apoyos y críticas y ser conscientes de que apoyos y rechazos incluyen también a jerarcas, colaboradores y a los propios correligionarios.

LA CONVALIDACIÓN. Hemos sostenido que la opinión pública en Uruguay ha sido benévola con la valoración de los procesos de Reforma del Estado realizados hasta ahora lo que, a nuestro juicio, es causa y consecuencia de los magros resultados alcanzados. Tiempos demandados, costos involucrados, excesivo gradualismo y lo que caricaturizamos como la búsqueda de "0 conflicto", aceptando para ello incluso el deterioro o el estado precario en la prestación de algunos servicios básicos y la inversión insuficiente como costos necesarios o inevitables aunque sean impactos negativos en los índices de violencia, morbilidad, mortalidad y en la indignidad en la calidad de vida de algunos grupos o en la afectación de derechos de las personas.

En este punto vemos que, según las expresiones del propio presidente Mujica, se podría llegar a marcar una inflexión en esta "tradición". El Presidente ha señalado iniquidades entre los trabajadores, ha reconocido la existencia de corporaciones como un dato sobre el que hay que trabajar, ha manifestado que la infraestructura física y de servicios públicos en el Uruguay tiene puntos muy débiles y que la visión de muchos grupos de la sociedad puede ser una restricción a la hora de concretar los cambios que se proponen.

El Presidente, además de contar con casi cinco años por delante para ejecutar cambios necesarios en el Estado, tiene la legitimidad ganada a través de un sistema político que se toma un tiempo considerable para definir quién va a liderar en ese período el rumbo de la economía y de la sociedad. Tiene una oportunidad muy buena para intentarlo, si no altera el rumbo ante cada reacción negativa que seguramente seguirán apareciendo.

REASIGNACIÓN. No hay reforma sustantiva que permita soslayar en el caso uruguayo, una reasignación estructural de proporciones del gasto estatal, en particular el que refiere a la participación relativa de la inversión en la infraestructura de los servicios públicos (energía, transporte, salud, seguridad). Esta reasignación debería ser equiparable o mayor incluso a la importancia relativa que se le da al cambio en las condiciones objetivas de trabajo y al sistema de remuneraciones e incentivos.

Recortar y diferir inversión pública o insuficiente inversión en infraestructura se convirtió en el pasado en un dudoso y ciertamente riesgoso expediente utilizado por ministros de economía y gobiernos de turno (incluso hasta fines de la década), a instancias de lo que erróneamente se entendió la ortodoxia y los organismos multilaterales aconsejaban prudente.

Más recientemente la falacia mutó a poner un énfasis excluyente en la acción contracíclica del gasto, lo que corrige en parte el problema, pero mantiene el error de base de la insuficiente inversión acumulada. Además, subestima la valoración económico-social y ambiental de este tipo de inversiones y desestima los impactos que pueden generar en la evaluación de las políticas macro.

INFRAESTRUCTURA. Cuando dejé mis actividades en el Estado en 1991 recuerdo particularmente dos temas que ocupaban la agenda del gobierno (quizás no en un primer plano) cuya pretensión era mejorar la asignación de recursos a largo plazo desde el Sector Público y hacia la sociedad toda. Los resultados entonces del desempeño de los gobiernos en estos temas tienen consecuencias todavía hoy.

Se ejecutaba a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Banco Central del Uruguay un Programa de cooperación técnica y financiera de The Overseas Economic Cooperation Fund (organismos similar al BID en Japón) para apuntalar las inversiones en energía y transporte (Japón sigue siendo líder en esta materia) y el "Sistema de canje de deuda por inversión" aplicado en el marco de una solución multilateral al problema de la deuda y la inversión en la región.

El primero era un programa de fortalecimiento institucional y de las inversiones en los sectores de energía y transporte en el ámbito del Estado, un programa con proyección de largo plazo para encarar el rezago acumulado en esos ámbitos, pero que no tuvo el aprovechamiento esperado.

El segundo programa referido tuvo un resultado mucho más positivo, constituyéndose en un instrumento bien diseñado y ejecutado, combinando adecuadamente los recursos públicos, la deuda externa y las inversiones productivas.

Estos programas no se realizaron en el marco de ninguna Reforma del Estado pero tuvieron un impacto concreto en la asignación de recursos de largo plazo.

Siguiendo esa misma lógica entendemos el beneficio de una Reforma en la medida que se generen cambios en la asignación de recursos a favor de la calidad de vida de todos en el largo plazo.

Una Reforma del Estado que no deje su huella de manera permanente no le va a rendir y conformar, creemos, al Presidente pero tampoco a la opinión pública.

Dijo alguna vez Woody Allen "si no te equivocas de vez en cuando, quiere decir que no estás aprovechando todas tus oportunidades" y "no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo". Lo que es seguro es que en esto de la Reforma del Estado si el Presidente las desaprovecha complaciendo a todos, el fracaso será suyo y, honestamente, deseamos que esto no le suceda.