Qué pasa en la forestación

JULIO PREVE FOLLE

Para un rubro de la trascendencia de éste, reflexionar sobre su actualidad parece de la máxima pertinencia ya que con él está en juego no solo un componente relevante de nuestra oferta exportable, sino un gran generador de empleo en especial en el interior, así como un instrumento de relacionamiento más allá de lo económico con países de primera fila. Por eso es que algunos errores oficiales y las amenazas al clima de negocios, pueden tener una trascendencia que va más allá de lo común. Incluso la presencia de fondos de pensión en el negocio aconseja una prudencia oficial enorme, que es precisamente lo que puede estar faltando.

ALGUNOS DATOS. Si bien las cifras no son exactas, Uruguay habría alcanzado en 2010 unas 886 mil hectáreas de forestación artificial, quizás 900 mil, en un total de bosques, incluidos los naturales y palmares, de 1,8 millones de hectáreas. Para entender este proceso vale la pena recordar que hasta 1989 se habían plantado solo 45 mil, y que en la década comprendida entre 1993 y 2002, que elijo arbitrariamente, el promedio anual de plantación fue de 58 mil hectáreas. A partir de ese momento hay una caída en 2003 con una recuperación posterior hasta 2007 (48 mil hectáreas), fecha luego de la cual vuelve a caer el área de nuevas plantaciones hasta 20 mil en 2009, y quizás 12 mil en 2010. Ya estas caídas, que ocurren ni bien empiezan los cambios en las reglas de juego, deberían llamar a reflexión, más aún si se piensa que la superficie de prioridad forestal llega a los 3 millones de hectáreas.

En cuanto a las exportaciones, las mismas ocupan hoy el segundo lugar de todos los rubros acercándose a las del complejo cárnico, si a todos los derivados de la forestación (capítulos 44, 48 y 94) les sumamos las exportaciones de UPM desde zona franca. En este caso en 2010 se habrían exportado 1.403 millones de dólares (carne y cuero 1.464) y el año pasado 1.506 millones (carne y cuero 1.727).

Las exportaciones, sin embargo, no nos dicen mucho acerca de la disposición a continuar invirtiendo en el sector. Esto último lo evidencia el área de nuevas plantaciones por año. Este dato que al 2010 recoge una caída espectacular, bien puede estar reflejando muchas cosas; aquí no afirmo como lo hago para la agricultura de secano y la pecuaria, que es el enrarecimiento en el clima de negocios el que está operando en estas caídas. En efecto, no escapa a mi consideración que han habido adversidades climáticas, competencia de la agricultura y de la pecuaria, aumentos del precio de la tierra arrastrados por estos rubros, y en algunos casos quizás el alcanzarse el área de equilibrio con las necesidades de la industria en las empresas integradas. No afirmo por tanto que el clima de negocios es el que explica estas caídas, pero tampoco se puede negar su influencia, ya que son grandes los cambios de política. Y más hay que tenerlos en cuenta en tanto esta actividad se desarrolló al amparo de normas, en particular la ley forestal, cuyo mérito mayor no estuvo en los instrumentos de fomento -subsidios, desgravaciones- sino en la estabilidad del marco jurídico comprometido al formularse la política a fines de los ochenta (diciembre de 1987). Repasemos algunos de esos cambios.

POLÍTICA. En 2005, el gobierno eliminó los subsidios a las plantaciones, apenas a algo más de un año que cayeran solos. En el mismo año se eliminó la posibilidad de extender como zonas de prioridad forestal, áreas contenidas en otras dentro de un mismo proyecto de zonas promovidas. También en 2005, comienzo del gobierno socialista, se aprueba la ley de ordenamiento territorial, que recoge un principio detestable en cualquier actividad económica, que rechina a todo sentimiento liberal: el permiso previo a cualquier actividad, la entrega de la decisión libre a la discrecionalidad de la decisión de la Administración, y no a la objetividad de la norma. Es así que por más de 100 hectáreas cualquier proyecto forestal debe recoger ese permiso de parte del Mvotma. En 2006 se eliminan algunos suelos de la lista de aquellos elegibles para beneficios tributarios, con un efecto negativo directo y no casual en una empresa de gran porte, principal proveedora de UPM Botnia. La lista continúa con la prohibición en el agro de las sociedades anónimas por acciones al portador, luego parcialmente eliminada otra vez en base a excepciones y permisos previos, compareciendo ante la Administración. Así algunas empresas se exceptúan de la nominatividad, pero en este caso pagando, solo ellas, Impuesto al Patrimonio. Después sigue una inexplicable persecución a las plantaciones forestales con destino a las pasteras. Es así, que detrás de un tecnicismo que puede pasar desapercibido para algunos, se restablece el pago de la Contribución Inmobiliaria en predios plantados con destino celulosa, lo que se repite en la reforma tributaria con el Impuesto a la Renta solo aplicado con ese destino, es decir celulosa. Vino después la reducción de las devoluciones de impuestos, en este caso para todos los rubros, seguido a partir de 2007 de persecuciones municipales en las que de modo inconstitucional las comunas intentan imponer tasas de transporte hoy recurridas y en plenos litigios. Sigue la lista con las derivaciones del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, campo fértil -otra vez- para la discrecionalidad oficial, capaz de resolver sin indemnización alguna la prohibición de explotación de zonas enteras cuya superficie se ha movido a pedido de intendentes. Súmese a todo esto los famosos planes de uso y manejo ya comentados tantas veces desde aquí -costos, discrecionalidad- así como alguna disposición de 2008 de la ley de Ordenamiento Territorial que permite a las Intendencias detener plantaciones en base a dudosos criterios. Sigue el impuesto a la tierra que votó el oficialismo a fin de año, con marcado efecto en la forestación, por naturaleza llevada a cabo por empresas grandes en todo el mundo; un impuesto que amenaza frenar la llegada de los fondos de pensión al mundo forestal, tanto extranjeros como, por qué no, a los uruguayos que no poseen demasiados destinos de inversión doméstica de porte. Compartido con otros sectores tenemos el retraso cambiario inducido como política de defensa contra una inflación generada en el desborde total del gasto público, que vuelve cada vez más difícil industrializar nada. Y finalmente, la falta de soluciones para una infraestructura en proceso de delicuescencia.

Metiendo todo lo anterior en la evaluación, se impone la prudencia en la afectación al sector, la misma que faltó a fin de año, la misma que parece perderse poco a poco cuando se amenaza con nuevas intervenciones.