Números mágicos y calificaciones

JAVIER DE HAEDO

Me interesa comentar hoy un par de noticias que se difundieron en los últimos días. La primera, que según el Banco Mundial la inversión debe subir a un rango de 23 a 25 por ciento del PIB desde los niveles actuales de 18 a 19 por ciento, para poder mantener el ritmo de crecimiento económico de los últimos años. La segunda, que el presidente del BCU expresó que el gobierno espera volver a tener el "grado de inversión" para la deuda que emite, de aquí a dos años.

Lo del Banco Mundial es un ejemplo más de las aproximaciones habituales de los organismos internacionales a las realidades específicas de los países a partir de criterios rígidos que no tienen en cuenta las especificidades de cada caso. Al igual que el FMI en tantas oportunidades, se llega a nuestra realidad con pautas importadas y que no necesariamente son de aplicación local. ¿Por qué 23 a 25 por ciento del producto? ¿Por qué ese sea el rango en el que se encuentran las tasas de inversión en otros países?

¿Es lo mismo invertir X% del PIB en un país con o sin recursos naturales? ¿Es acaso lo mismo invertir X% del PIB en un país con más o menos capital humano? ¿O es lo mismo ese X% del PIB en un país en el que la inversión está inflada por corrupción versus otro país en el que ello no ocurre?

De acuerdo con las últimas estimaciones de la contabilidad nacional, la formación bruta de capital fijo fue de 20,2% del PIB en 2008 y de 19,1% en 2009, cifras que son históricamente altas para Uruguay. A partir de la última modificación de la base de las cuentas nacionales se incorporaron elementos que antes no estaban contemplados y que elevan los registros de toda la serie, volviéndola más acorde a la realidad que la anterior, que se había vuelto obsoleta. Elementos vinculados a nuevas actividades productivas, a nuevas ponderaciones resultantes de cambios en la estructura de la producción y a nuevas formas de producir en actividades preexistentes.

Pero la formación bruta de capital fijo sólo refiere a la inversión en construcciones, maquinaria y equipos y plantaciones y cultivos permanentes. No incluye la inversión en capital humano, siendo que la función de producción de un país, como la de cualquier sector o empresa, combina los factores productivos capital y trabajo. Una industria como la del software, por ejemplo, tiene una función de producción con mucho capital humano y poco capital fijo. Dos países con diferentes funciones de producción pueden requerir diferentes tasas de inversión en activos fijos para tener una misma tasa de crecimiento económico.

Por otra parte están los recursos naturales, tanto su diversa dotación como su diversa explotación por parte de diferentes países o de un mismo país en diferentes momentos. Una misma tasa de inversión en activos fijos ha de rendir más en un país con mayores recursos naturales y más aún si ese país los explota en mayor medida. El boom del sector agropecuario en los últimos años es la expresión de un fuerte aumento de la productividad en el sector, que se debe a la incorporación de know how y capital de trabajo entre otras cosas que sí registra la contabilidad nacional como inversión.

Y en el caso de la corrupción, ella puede llevar a adoptar decisiones de inversión no rentables para el conjunto de la sociedad aunque sí para el decisor, además de la incorporación de sobreprecios vinculados a las inversiones.

Es decir que estamos en este tema una vez más ante una situación en la que hay que arremangarse y analizar la realidad en forma profunda en vez de aplicar tablitas o números mágicos importados y extrapolados de otras realidades que no necesariamente son comparables con la nuestra.

El problema no sólo es estadístico o de ver dónde estamos en el ranking. El verdadero problema está en las recomendaciones de políticas que se siguen a partir de los diagnósticos y en los errores de política que se producen a partir de diagnósticos equivocados. Porque si hay quienes creen lo que dice el Banco Mundial, entonces quizá van a recomendar incentivar aún más la inversión mediante los instrumentos disponibles, como es el caso de la llamada "renuncia fiscal", que no es otra cosa que la resignación de impuestos para atraer inversiones.

Ese instrumento debe utilizarse con fina sintonía porque lo peor que puede pasar es dar recursos a quien de todos modos iba a hacer la inversión sin el beneficio fiscal. O, también, volver rentables artificialmente proyectos que por sí mismos no lo son y a la larga implican una pérdida de eficiencia de la economía por una mala asignación de recursos. Han trascendido cifras considerables de renuncia fiscal en los años recientes y viene al caso analizar si es razonable mantener los criterios con que ella se define.

Por otra parte, están las expresiones del presidente del BCU reflejando la expectativa del gobierno de recuperar el "investment grade" de aquí a dos años. Se trata de una expectativa razonable en función de los tiempos que manejan las firmas calificadoras, si las condiciones mundiales se mantienen, y las de Uruguay en el mundo también. Pero en el actual contexto mundial dos años es muy largo plazo y es difícil pronosticar algo al respecto hoy.

Lo que sí me interesa en este caso es destacar que a las calificadoras de riesgo les cabe un sayo parecido al referido antes para los organismos internacionales. Es más, en el caso de las calificadoras, ellas suelen ir corriendo a la realidad desde atrás y con un rezago importante. A nuestro país se le mantuvo el grado de inversión cuando se había hecho mérito para perderlo y ahora estamos más cerca de merecerlo de lo que ellas consideran.

A partir de la devaluación en Brasil en enero de 1999 nuestro país ingresó en recesión y comenzó un proceso de abaratamiento en términos de dólares, al mismo tiempo que el déficit fiscal subió y se mantuvo entre 3% y 4% del PIB. En ese contexto la deuda, casi totalmente dolarizada, subió firmemente en términos del producto: al numerador se le sumaba el déficit fiscal mientras que el denominador bajaba por la caída real del PIB y por el abaratamiento en dólares de la economía.

Eso, que se veía claramente en los indicadores convencionales de deuda sobre producto, quedaba mucho más expuesto si se ajustaba el PIB por el atraso cambiario, que era considerable. La deuda pública (neta de los activos externos brutos del sector público) pasó del 18 al 32 por ciento del producto entre 1998 y 2001 si se utiliza el PIB observado, pero pasó del 27 al 45 por ciento del producto, con el PIB corregido por el tipo de cambio real.

Estimo que para fin de 2010, el indicador convencional se ubicará en 26% del PIB mientras que el calculado con el PIB ajustado por tipo de cambio real, estará en 44% del producto. En ambos casos estarán por debajo de los respectivos niveles de 2001. Pero mientras que en aquel momento ambos subían, ahora bajan. Entonces había un considerable déficit fiscal y hoy estamos próximos al equilibrio. Y, encima, hoy la deuda está pesificada en casi 40%, lo que reduce la vulnerabilidad ante una eventual devaluación. Entonces teníamos investment grade, ahora no lo tenemos.