Usual: enmiendas peores que sonetos

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ISAAC ALFÍE

La discusión acerca de una eventual nueva reforma tributaria, esta vez al parecer limitada al sector primario, sigue vigente aún cuando su texto y, por ende sus disposiciones son desconocidas. Hace ya al menos un mes que se anunciaba como inminente su remisión al Parlamento pero ello, al momento de escribir esta columna, no ha sucedido.

Cuatro semanas atrás y, sobre la base de lo expresado por el presidente Mujica, intenté explicar cómo juega la traslación de los impuestos en el sector agropecuario, y cuáles son los previsibles efectos que una norma tendría tal como la planteó el Presidente. Allí concluía que el impuesto recaería sobre la tierra y, por ende, su renta y precio caerían lo que, en el margen, hace más factible (y viable) su utilización como reserva de valor que como factor de producción. Lo mismo sucede con la reedición del "impuesto a los ejes", ahora denominado "tasa de circulación" a los camiones que transportan determinados bienes producidos por el sector. En todos los casos la explicación sencilla es que, como el precio de venta de los bienes cuyo factor de producción fundamental es la tierra tienen precio internacional, dicho precio en el puerto no puede diferir porque a un país se le ocurra poner impuestos a los bienes, al transporte de los mismos, o al aire que respiran los trabajadores en cualquier eslabón de la cadena. Por tanto, bajo condiciones de competencia, estos impuestos terminan disminuyendo el precio que se le paga al productor por el bien en la portera del establecimiento y de éste, depende (considerando como dados el resto de precios de insumos y costos del cual el productor es mero tomador) la rentabilidad del negocio, y entonces cuánto estará dispuesto a pagar cualquier persona por arrendar o comprar ese campo.

Dado lo anterior parece obvio que a medida que el precio de la tierra cae por el menor retorno que ella provee, cuanto más pequeño es el establecimiento más difícil le resulta cubrir sus costos fijos (recordemos que estos siempre se diluyen a medida que la actividad crece) y, por ende, más factible es la concentración de la propiedad.

En esta línea de razonamiento parecen estar el Vice-Presidente de la República y el Ministro de Economía, al menos es lo que entiendo de sus dichos y ante ello han expresado públicamente algunas propuestas alternativas.

¿ALTERNATIVAS? El Ec. Lorenzo habló de reimplantar los impuestos al patrimonio y de primaria al agro. En tanto, el Cr. Astori avaló esta idea y adicionó que se debe aumentar la contribución en función de las rentas generadas. Me propongo analizar estas propuestas y demostrar que, salvo la del Cr. Astori de gravar más la utilidad (la que supongo en un sentido de igualación de tributación con otros sectores), las consecuencias son aún peores que las derivadas de la propuesta del Sr. Presidente.

En primer lugar, la desgravación de patrimonio a la tierra no es como se dijo del año 2002, sino de la década del noventa, cuando también se desgravó la maquinaria industrial y los inmuebles asiento de la actividad. La exoneración del impuesto de primaria a la tierra no recuerdo exactamente la fecha, pero estoy convencido que también es de los noventa. De todas maneras, algo tan impopular como "quitarle impuestos a los ricos" debe tener algún fundamento. El mismo es que el factor tierra en las actividades primarias, así como las maquinarias en las secundarias son un porcentaje muy importante del total de los activos, a la vez que se clasifican dentro del rubro "inversiones" y naturalmente su financiamiento de largo plazo es el patrimonio de la empresa. Esto no sucede de manera tan profunda en el comercio y menos aún en los servicios. Por tanto, gravarlos implica gravar la base de capital con la que se produce. Un ejemplo sencillo nos dará idea de la verdadera dimensión del mismo. Suponga el lector que la tasa de retorno sobre el capital es del 15% en la industria y 5% en el campo (más o menos lo usual), poner un impuesto al capital del 1,5% como es el impuesto al patrimonio implica lo mismo que un adicional al impuesto a la renta de 10% para la industria y 30% para el agro (1,5/15 y 1,5/5 respectivamente). O sea que, además del impuesto a la renta del 25% existiría otro de naturaleza similar o superior. ¿Sorprendente? No lo puede ser desde el momento que el patrimonio es la renta ahorrada (acumulada). De hecho esto mismo sucede sobre el comercio, pero en este caso la tasa de retorno sobre el capital suele ser superior en función de la mayor rotación de sus bienes de cambio, pero de todos modos, cualitativamente los efectos son idénticos. A su vez, hay que tener presente que este impuesto se paga haya o no utilidades, por lo que en años donde estas son pequeñas o directamente hay pérdidas, el impuesto supera a la utilidad, lo que implica una descapitalización de la unidad productiva. Es por ello, que el impuesto al patrimonio ha dejado de existir en casi todo el mundo y donde permanece, es despreciable. Entonces, rápidamente se comprende que el impuesto adiciona un costo fijo que reduce la rentabilidad y, por ende, tiene exactamente los mismos efectos que el propuesto por el Presidente. El impuesto de primaria es un adicional al patrimonio, por lo que lo único que hace es exacerbar los efectos.

Dije que restablecer los impuestos al patrimonio y de primaria era peor que el original. Es así porque estos no discriminan por superficie y, entonces, sobre los más pequeños al efecto indirecto que recibirán vía caída de precios de venta y los problemas derivados que ello tiene ante la disparidad de rendimientos por escala productiva, se le adiciona el aumento del costo directo reduciendo aún más su rentabilidad. Es la vuelta a un pasado penoso para el sector.

Respecto a la propuesta de aumentar el IRAE, entiendo que propugna equiparar las condiciones con el resto de los sectores de actividad, lo que es correcto. En efecto, el sector logró una serie de prebendas tributarias, muchas impulsadas por el propio Mujica y avaladas por Astori cuando eran ministros, que lo dejó al sector en condiciones más ventajosas ante este impuesto. Ahora de allí a imponer tasas adicionales, media un abismo ya que estas serían una forma encubierta de imponer retenciones, aunque generales, no solo a la exportación y únicamente si hay ganancias, lo que de todos modos es mucho mejor a lo existente en Argentina. En cuanto a la opción por el Imeba, es cierto que en los últimos años resultó beneficiosa, pero si miramos un ciclo completo advertiremos que la diferencia de tributación no parece ser importante y este impuesto es un mecanismo simplificado.

EMPLEADOS EN LA IMM. El llamado a 2.000 aspirantes entre 18 y 30 años por parte de la Intendencia de Montevideo parece ser hecho aplicando todo lo contrario a lo que enseñan los textos. Esta singular cifra implica cerca del 20% del total de funcionarios, lo que a todas luces resulta increíble. Pero más descacharrantes son las condiciones de ingreso. Un 15% se reserva para hijos de funcionarios en actividad, una especie de "nepotismo burocrático", tener primaria completa (aunque haya pasado sin saber escribir bien su nombre) y no debió haber culminado secundaria, no sea cosa que alguno más o menos bien preparado ingrese. La elocuencia de los hechos me exime de comentarios. La lógica indica que en todo llamado se intenta contratar a las personas más idóneas y, a menos que no haber cursado secundaria o ser hijo de funcionario sean fuente de sabiduría, todo está al revés. El resultado es sabido, lo que tenemos empeorado. La productividad promedio inexistente, unos pocos funcionarios haciendo todo el trabajo real, y con ello una población que abona impuestos para transferir dinero a personas por no hacer nada productivo, o sea, una destrucción plena de valor con el costo agregado de administrar la transferencia.

En el mismo sentido se conoció que el total de empleados del Estado sigue aumentando y ya suman más de 35.000 adicionales desde 2005 a la fecha. Piense el lector que entonces, dadas las bajas por fallecimientos, renuncias y retiro, se contrató cerca de 75.000 personas en seis años que, medido por hora hábil de apertura de oficina (considerando que están abiertas ocho horas diarias) llegamos a que en cada hora ingresan al Estado 6,4 nuevos funcionarios. Los comentarios sobran. ¿Es necesario tirar la bonanza en abarrotar de gente las oficinas públicas? El costo oculto en materia de pérdida de producto potencial nadie lo ha calculado, pero seguramente quien lo haga se llevará una sorpresa bien desagradable, no me extrañaría que sea superior al 5% del PIB actual, casi US$ 2.500 millones anuales.