Un nuevo portazo a la inversión

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Existen decisiones económicas cuyas consecuencias pueden ser conocidas de inmediato. Existen otras con derivaciones que recién pueden ser evaluadas al cabo de algunos años. Incluso hay algunas de éstas que sobrevaloradas por los administradores de gobierno de turno "burlan" a consumidores, productores y al público en general pues en un primer momento aparentan ser amistosas con todos ellos, favorables para sus intereses, pero que al cabo de cierto lapso, años inclusive, prueban tener efectos totalmente diferentes a los que supuestamente mejorarían el bienestar general.

EJEMPLOS. Un ejemplo del primer tipo de decisiones es una modificación de la política monetaria. Si se hace más restrictiva provoca de inmediato alzas en las tasas de interés en el mercado financiero y ello fomenta más el ahorro, baja el consumo y la inversión y ejerce presiones de apreciación del valor de la moneda local sobre la extranjera. Sin cambios en otras políticas, mejora los resultados inflacionarios pero impone cierto castigo al nivel de actividad.

Un ejemplo del segundo tipo de decisiones, es una desgravación arancelaria a la importación de bienes de capital pues reduce sus precios y estimula la inversión, la que se irá llevando adelante con el paso del tiempo e irá mejorando la actividad económica y su eficiencia además de mejorar al empleo. Pero hay veces que las decisiones con consecuencias de mediano y de largo plazo son solo convenientes en el corto plazo y muy discutibles sus efectos beneficiosos al cabo de un tiempo.

La decisión de no pagar una deuda, como ocurriera en 2001-2002 en Argentina con el default de las obligaciones financieras del sector público, o el reciente desconocimiento del derecho de propiedad con la inconstitucional decisión de confiscar las participaciones accionarias de Repsol en la empresa petrolífera YPF, tienen efectos inmediatos que pueden ser favorables pero, transcurrido cierto lapso se vuelven enteramente adversos para el gobierno de turno y fundamentalmente para la población de una nación y de su bienestar. Bien lo ha planteado la semana pasada, en su habitual columna quincenal en Economía&Mercado, el ex ministro de Economía Isaac Alfie. Deseo agregar algo a su trabajo sobre el tema.

Hoy es posible tener una idea de las consecuencias de la decisión que adoptó Rodríguez Saa cuando fuera fugaz presidente argentino tras la renuncia de De la Rúa en 2001. En ese momento, en medio del aplauso general de los congresistas argentinos, anunció el default de la deuda del sector público. El efecto inmediato fue el alivio financiero de un gobierno que en recesión, con la recaudación fiscal en baja y con el gasto público en alza, veía crecer su déficit de caja justamente cuando ocurrían fuertes vencimientos de compromisos financieros. La decisión dio alivio temporal a la insolvencia pero, desde entonces, agotado el efecto inicial de la decisión, obligó a medidas sucesivamente inconvenientes para el funcionamiento de la economía. Para nivelar presupuestos anuales, ante la lógica ausencia tras el default, de crédito interno y externo voluntario para financiar desequilibrios fiscales que se anticipaban, los sucesivos gobiernos, el de Duhalde primero y los kirchneristas luego, debieron cometer serios atropellos sobre los derechos de propiedad o gravar exageradamente actividades productivas disminuyendo su ritmo potencial de expansión.

CONSECUENCIAS. Durante varios años, los siguientes a 2001, debido al no pago de los montos que vencían de las obligaciones financieras contraídas en el pasado (decisión de Rodríguez Saa) y a la pesificación de las obligaciones decidida semanas después (por el posterior presidente Duhalde), las finanzas públicas argentinas tuvieron excedentes. Cuando esos sobrantes de caja se desvanecían con el paso del tiempo, se fueron tomando sucesivas medidas para recomponerlos. Se optó por terminar con el régimen de jubilaciones y pensiones administrado por las AFJP y apelar a sus recursos como también ocurrió con el PAMI, la obra social de los jubilados, con las consideradas ganancias del Banco Nación y del Banco Central y con la extensión del uso de recursos (emisión) de la autoridad monetaria para financiar esos desequilibrios. También se impusieron gravámenes extraordinariamente altos sobre las exportaciones de productos agrícolas y se introdujeron otras distorsiones por el estilo que le han aportado fondos para continuar con el crecimiento del gasto público y de subsidios generalizados con objetivos de clientelismo político que ahora necesariamente tienen que ir desapareciendo ante un déficit fiscal que trepa a pasos acelerados.

Hasta mediados del año pasado el gobierno central lograba, con esas decisiones, mantener superávits de caja pero en los doce meses terminados en febrero, se ha pasado a un déficit del orden de los 8 mil millones de dólares y creciendo a pesar del comienzo de la reducción de las dádivas extendidas hasta la contienda electoral de octubre del año pasado y no obstante los controles de precios, entre los que se encuentra el del petróleo al 40% de su precio internacional. Argentina vive un momento fiscal difícil de solucionar que le acerca peligrosamente a una hiperinflación y a una devaluación, ya que se le acaban los recursos a los que acudir para que el gobierno financie su desequilibrio de caja y debe hacerlo con emisión. Nadie presta a un país que no ha honrado su deuda. Nadie invierte en un país en el que los derechos de propiedad son desconocidos.

Es interesante cuantificar los efectos que ha tenido, en el mediano y largo plazo, la decisión aplaudida por los políticos y bien recibida en su momento por toda la población argentina, de no pagar la deuda y proyectar lo que ocurrirá en adelante tras la conocida decisión de hace dos semanas de la actual presidenta, de confiscar la participación accionaria de Repsol en YPF. Una cuantificación que la hacemos con referencia a Uruguay, una nación sensiblemente más pequeña. Según la balanza de pagos de 2011 de nuestro vecino, el monto de inversión extranjera directa ha sido de 89 millones de dólares frente a una en Uruguay que ha llegado a 2.527 millones. Las mismas fuentes muestran que en Uruguay el financiamiento externo y el ingreso de capitales financieros ha sido de 930 millones de dólares netos y que en Argentina ha habido una salida de capitales financieros por 6.125 millones de dólares y una fuga de recursos aún mayor.

Los montos indicados reflejan las diferencias entre un país que ha cumplido sus obligaciones y otro que las ha repudiado y que, por ello, ha tenido que ir cometiendo nuevos atropellos y vulnerando derechos de propiedad que seguirán provocando el rechazo de inversores y lanzando al país a una situación de alta inflación y de probable crisis cambiaria.