Sírvame la copa rota

Trascendieron declaraciones de bodegueros preocupados por su situación y demandando controlar el ingreso de vinos importados desde Argentina por "subsidiados" y también desde Chile. Su situación, hay que reconocerlo, es claramente desfavorable: la venta de vino local en 5 años cayó 10 millones de litros, pasando de 87 a 77 millones, cifra que 20 años atrás superaba los 100 millones. Esto se corresponde naturalmente con una caída de la producción de uva, pero seguramente con una aún mayor del consumo doméstico, ya que se registran algunas exportaciones. En cuanto a los llamados vinos finos nacionales, la caída en el consumo es del 10% pasando de 4 millones de litros a 3,6 millones en el año. La contracara de esta caída es el aumento del consumo de los finos importados, que pasa de 1,4 millones de litros a 1,7 representando esta cifra el 32% del consumo total de vinos finos, y en aumento. Se puede complementar esta información con la de la fuerte caída en 20 años en el número de bodegas: desde 439 en 1989 hasta las 260 de la actualidad. Esta caída, por otra parte, se debe dar también en el número de productores dedicados al rubro, aunque no hay datos, por lo que los presumo a partir de la caída del número de hectáreas de viñedo.

No hay pues un solo indicador económico o social de la actividad que en plazos medianos sea positivo, una sola tendencia que pueda considerarse favorable. Estamos claramente frente a un problema.

ARGENTINA Y CHILE. Sólo un análisis superficial puede culpar a las importaciones "subsidiadas" de Argentina o Chile de tanta desventura. No es por cierto de Catamarca o de San Luis que vienen los buenos vinos argentinos sino de Mendoza y San Juan cuya transformación productiva hacia el mundo desde los noventa para acá es espectacular. Menos aún se puede agraviar a Chile, un jugador de primera división a escala global, exportador de vinos finos a los países más ricos, TLC mediante. Por ejemplo, puede citarse que Chile produce 880 millones de litros en su mayoría finos, de los que exporta casi 700 (Uruguay llegó a exportar 13, en promedio quizás 5); y Argentina exporta 280 (en una producción de 1.400 millones), un valor que triplica lo que exportaba hace 10 años. Chile no sólo produce mucho, sino de valor: en 10 años pasó de exportar 500 millones de dólares a mil millones (Uruguay 6). De manera que acusar de competencia desleal a estos vecinos que nuestro consumidor de vinos persiste en elegir, es por lo menos algo aventurado.

LAS POLÍTICAS. Me sorprende que la solución que se demanda sea la de pedir protección cuando ella ha sido total, y en buena medida responsable de esta situación que es vieja, pero que se empezó a desbordar con la fundación del INAVI, instrumento eficaz de intereses corporativos. En efecto, como se sabe, está prohibida la importación de vino en envases de más de un litro, lo que protege de modo absoluto a la mayoritaria producción nacional de vinos no finos. Recuérdese que para una producción de 77 millones de litros, solo 3,6 -antes fueron más- se consumen como finos. Y téngase presente además que aun prohibida la importación a granel, es bajo esta modalidad que exportamos muchas veces. De manera que, cuando se habla de bodegas boutique o de algún vino premiado, esto refiere a una fracción menor de la agroindustria nacional. Ésta está protegida no sólo por aquella prohibición que favorece vender más caro el vino suelto o en damajuana, sino también por una tasa que se aplica de hecho sólo a los vinos importados (Ley 17.458) y que deviene en un arancel intrazona. A esto se suman trabas burocráticas, intervención a veces del LATU, todo lo cual determina una protección implícita imposible de cuantificar con precisión pero superior en cualquier caso al 50%. Téngase presente, además, que todos los vinos disfrutan de un régimen tributario excepcional y diferente al de las cervezas y bebidas cola, con el propósito de insistir en hacernos consumir nuestro vino. En definitiva, esta política que se debería caracterizar como de protección total, debe someterse a juicio como lo vengo señalando hace años porque no beneficia hoy a nadie: ni a productores, ni a bodegueros ni -menos que menos- a consumidores. No puedo aquí menos que transcribir al Ministro de Ganadería en sus comienzos, cuando planteaba terminar con protecciones como la de los pollos o de la granja. Decía a Búsqueda: "Pueden existir argumentaciones de tipo social y político para llevarla adelante. Pero la pregunta que tenemos que hacernos todos los actores es si debemos sostener producciones que a priori sabemos que no tienen futuro perjudicando al resto…". Esta afirmación del ministro respecto de la vitivinicultura en la que "...cuesta más el corcho que la uva" según decía, es compartible. Se trata además de una política que cuesta dinero. No me refiero a los 2 o 3 millones de dólares anuales de presupuesto del INAVI, ni tampoco a los subsidios entregados a través de programas del MGAP, como tampoco las reparaciones por pérdidas climáticas. Me refiero especialmente al sobreprecio que se debe pagar por vinos nacionales, los de batalla, los que toman doña Ramona y don Fermín, al encarecerse los importados. Por mencionar una cifra de transferencias de la sociedad, estimo que en 20 años, sumando presupuesto de INAVI, subsidios, y transferencias a través de sobreprecios, la sociedad no ha aportado menos de 150 millones de dólares.

QUÉ HACER. Es muy claro que apostar a exportar cuando el negocio está en la protección del mercado interno es una inconsistencia. No sólo lo es desde el punto de vista técnico económico; también ahuyenta las inversiones monstruosas de origen mundial que transformaron la vitivinicultura que ya era prestigiosa de Argentina y Chile. No hay una solución fácil ni instantánea; pero el gobierno puede estar tentado de adoptar dos tipos de política errados: uno, no hacer nada, y seguir contemplando como todo va en retroceso; dos, implementar una política de "más de lo mismo" como proponen algunos bodegueros y cerrar más. Afortunadamente, el Presidente de INAVI ha hablado con claridad descartando los pedidos, lo que supone sensatez. Más aún cuando sospecho que el consumidor de vinos finos ya no vuelve a los uruguayos si probó otros muy buenos aún encarecidos. En los dos gobiernos del Dr. Sanguinetti se pusieron en marcha programas de reconversión que pueden haber tenido defectos, pero hay que empezar desde allí. Finalmente, pensemos que el vino es a Canelones, lo que el azúcar a Bella Unión: uno prefigura al otro.