Otra vez el derecho, torcido

Sigue caminando la política oficial de cuidado del suelo. Es una política irrespetuosa con el derecho de propiedad, intervencionista, corporativista, de incompleta base científica, y desconocimiento total de sus repercusiones económicas. Hemos oído una vez más a la directora de la Dirección de Recursos Naturales del MGAP quien, con buena voluntad y poco más, ratifica este grave retroceso institucional para el país.

INTERVENCIÓN. A partir de una legítima preocupación por el cuidado del suelo, el MGAP sigue adelante con su exigencia a todos los productores de presentar un plan de uso y manejo del suelo de sus predios. En los hechos deberán conseguir una firma profesional que indique cuál será su futura rotación de cultivos, la cual deberá superar la prueba de un modelo que estima la eventual pérdida de suelos en que se incurriría. Si la pérdida de suelo estimada superara un determinado umbral, el productor no podrá realizar lo que pretende.

El error de base está en la Ley de Suelos de la época militar que estableció -hay que derogarla cuanto antes- que la responsabilidad por el cuidado del suelo es del Estado, una afirmación de corte totalitario, inconstitucional, que confiere al particular la obligación solo de colaborar con aquél. Este punto es la primera divisoria de aguas. Si se cree que por encima de la voluntad del particular el Estado puede resolver qué, cuánto y cómo producir, quizás se estará cuidando el suelo, pero lo que se habrá destruido que es mucho más importante es la libertad individual y el derecho de propiedad. Además, para prohibir a alguien desarrollar el cultivo que desea, que ya viene realizando, para expropiarle una parte de su derecho se requiere, junto a una indemnización, cumplir con otros mecanismos jurídicos que aquí no se dan. El tema se agrava porque el MGAP, se anuncia va a pactar con la Asociación de Ingenieros Agrónomos para que estos, acreditados por el MGAP hagan los planes. En otras palabras, no será el productor el que resuelva qué hacer sino el MGAP y la Asociación de Ingenieros Agrónomos una vez colegiada, en un avance corporativista -la colegiación de las profesiones- sobre el que escribí muchas veces en contra. Ya molesta la corporativización legal de los escribanos, de los despachantes de aduana, de los rematadores, como para extender este mal.

Se ha usado asimismo una analogía equivocada para defender la política. Se ha señalado que también hay que pedir permiso para construir un edificio. Es un error porque en este caso hay afectaciones a terceros a cuidar; en el de los suelos no.

IRRESPONSABILIDAD. Se está actuando también con irresponsabilidad técnica. En primer lugar el Gobierno no conoce -se está estudiando aún, se nos dice- los impactos económicos tanto a nivel empresarial como desde el punto de vista macroeconómico que esta política tendría en caso de prohibirse algunos cultivos. Ambas repercusiones deberían haber integrado un mínimo análisis de costo beneficio de la política, que pone el cuidado del suelo por encima no solo de cualquier opinión del propietario, sino por encima de todo análisis económico y social, vinculado por ejemplo al empleo en el Interior. Por cierto, me parece que la caña de azúcar sucumbiría ante la aplicación del famoso modelo. En otras palabras, la obligatoriedad ha ido por delante del análisis técnico económico, y social. Menos todavía hemos escuchado respuestas a preguntas vinculadas al tema técnico jurídico que ofrece muchas dudas que podrían significar juicios contra el Estado. Y por si fuera poco, y ya desde un punto de vista estrictamente edafológico, la ecuación universal de pérdida de suelo no es reconocida unánimemente como libre de errores, como para conferirle la facultad de decidir si se planta lo que quiere el productor o no.

El Gobierno parte de la base que cuidará mejor el suelo que su propietario o que el arrendatario. Es un error fundado en la patología de casos que existen, pero que no son lo frecuente. Lo normal, si hay buena información, es que el propietario quiera cuidar sus recursos y que el arrendatario por hacerlo quiera que le renueven el contrato.

No es como dice el ministro Aguerre, que hay que cuidar el suelo para nuestros hijos. Eso lo debe aplicar él si quiere como productor, no como gobernante. Para los gobernados, los ciudadanos de a pie, salvo en la Unión Soviética, queremos que el futuro de nuestros hijos lo decidamos nosotros solitos. Y un productor debe defender su derecho, si no perjudica a otro, de correr el riesgo de sobreexplotar su suelo un año, a lo mejor para comprar una casa, para pagar un posgrado a un hijo, o quizás un tratamiento oncológico en Estados Unidos. Y yo pregunto: si el famoso modelo da una pérdida de suelo de más de 7 toneladas, ¿será que ese productor no podrá elegir cómo ayudar a su hijo? Si la respuesta fuera negativa, simplemente el cuidado del suelo habría desplazado al derecho de propiedad, lo que supone una transgresión de valores absurda pero muy grave.

BANCO MUNDIAL. Es más, se va a solicitar cooperación del Banco Mundial para controlar si el productor cumple con su plan de suelos por medios satelitales. La policía y violación de la intimidad llegaría así a extremos insólitos, y bien haría el Banco Mundial en dedicarse a otra cosa para no exponerse él también a juicios por diversas razones, y el Gobierno a gastar en asuntos más útiles. Cuando se hizo la ley forestal por ejemplo, el Gobierno se limitaba a dar beneficios solo en ciertas zonas. Aquí es al revés: el Gobierno directamente impide hacer cosas en ciertos predios, en lugar de apostar a convencer, a asesorar.

Hay adicionalmente otras cosas que están contaminando la nueva política. Como al cuidado del suelo se lo pone por encima de todo, aun por sobre el principio de igualdad ante la ley, y como el MGAP no podrá controlar a todo el país agrícola, presiona solo sobre los agricultores grandes, ya muy afectados por otro tipo de disposiciones y amenazas. Pero la destrucción del suelo no ha sido hija del tamaño sino de las políticas de fijaciones de precios que alientan la sobreexplotación hoy, porque mañana no se sabe si se mantendrán: en el trigo, la remolacha, etc.; y tal como debe ocurrir hoy con la caña de azúcar y su monocultivo.

La verdad que no entiendo por qué el Gobierno, que ya tiene bastantes conflictos, se busca este otro que pone de pie a todos aquellos que aún estimando como algo bueno el cuidado del recurso, pensamos que esto no puede hacerse de modo militar. Cuando la propuesta es vencer en lugar de convencer, el resultado es aportar más a la zanja ya grande de nuestra sociedad. Que no prospere.