Las reformas y el crecimiento

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El aumento de la inversión se ha convertido, con mucho de razón, en el caballito de batalla de la agenda de gobierno. Con ello se reconoce que sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento es imposible aumentar el bienestar social en forma permanente.

Esa línea de razonamiento válida esconde varios vericuetos: tan importante como el monto de lo que se invierte, es maximizar su rendimiento. No es lo mismo hacerlo en investigación básica de apoyo a las actividades productivas que ejecutarlo en inmuebles. Tampoco es igual su rendimiento cuando no es complementaria al capital humano de la población o cuando el esfuerzo de la inversión física se aplica a actividades con baja rentabilidad social.

En otras palabras, para el mismo esfuerzo de inversión física pueden obtenerse resultados distintos en la tasa de crecimiento de la economía. Ese diferencial no es otra cosa que diferencias en la productividad entre países. Es un término esquivo, difícil de definir por su multiplicidad de causas, pero puede acotarse diciendo que es "producir más con lo mismo". En el inicio, su complejidad sumió a la profesión en la perplejidad cuando se comenzó a estimar la relación entre el aporte de la inversión física y el trabajo con la tasa de crecimiento. Para sorpresa, la relación no era lineal entre lo que se aportaba en términos de capital y trabajo y lo que se obtenía: en realidad había un residuo, en más, no explicado en la tasa de crecimiento de la economía. De ahí en más hasta el día de hoy, la teoría del crecimiento se ha convertido por sus implicancias en uno de los pilares fundamentales de la profesión. El estudio de las razones del crecimiento diferencial entre naciones fue el paso siguiente. Los resultados mostraban divergencias entre las tasas de crecimiento, incluyendo la ampliación de brechas entre países que aplicaban el mismo esfuerzo de inversión y aporte de fuerza de trabajo. El arranque estelar del sudeste asiático a fines de los ochenta, y la implosión de la Unión Soviética fueron dos ejemplos que muestran la importancia de la relación entre inversión y productividad para explicar desempeños económicos diferentes. Lo mismo le ocurrió a Latinoamérica que, a pesar de sus tasas de inversión similares a las del resto del mundo, fue después de África quien tuvo el peor desempeño en materia de crecimiento en las últimas cuatro décadas, con excepción de la última.

En definitiva, como ha dicho Paul Krugman, la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo.

Un estudio reciente del BID (1) muestra que si Uruguay hubiera tenido los mismos niveles de productividad de Estados Unidos durante los últimos cuarenta años, hoy su ingreso per cápita sería el doble. Si ese cálculo se realiza tomando en vez de la productividad media del resto del mundo, excluida América Latina, su ingreso per cápita se igualaría al de España o Israel.

PRODUCTIVIDAD. La interrelación con la inversión es determinante de las políticas en materia de crecimiento: sin inversión no se produce el empuje inicial en el aumento de la disponibilidad de bienes.

Por tanto, actuar para potenciar esta última es crucial, pues el esfuerzo para aumentar la inversión tropieza con límites diversos, algunos casi infranqueables.

Rotando la mira hacia Uruguay, un primer límite es el escaso nivel del ahorro doméstico que no supera el 15-16% del PIB. Ese comportamiento es de modificación lenta y difícil pues depende de conductas enraizadas en la cultura social del país. Por tanto, opera como una restricción, al menos de mediano plazo.

Como se ha anunciado que el propósito es llevar el nivel actual de la inversión del 20% al 25% del PIB, por definición eso implica que su financiamiento deberá cubrirse, al menos en el corto plazo con ahorro externo, preferentemente con Inversión Directa Extranjera (IDE). Otra posibilidad es a través de endeudamiento externo del sector público y privado. Pero por las razones ya conocidas de que el sector público tradicionalmente tiene ahorro negativo (déficit fiscal), esa vía está prácticamente bloqueada, a menos que se pretendan generar otras vulnerabilidades.

Por tanto, la IDE sería la candidata natural como fuente de financiamiento adicional. Pero las cifras respectivas del último quinquenio, muestran que Uruguay (4,6% del PIB) aparece después de Chile, como el mayor receptor de IDE de la región latinoamericana. Como resultado, parece poco probable que por su intermedio se pueda financiar un aumento significativo de los niveles actuales de inversión.

Esa constatación implica, primero, movilizar en mayor medida la generación de ahorro doméstico para viabilizar ese proceso, y en segundo lugar hacer rendir más al flujo de inversión. En otras palabras, aumentar la productividad global.

Esto abre un extenso abanico de políticas y de reformas que continúan siendo una asignatura pendiente en la agenda política del país por razones diversas. Nos detendremos a esquematizar dos ejemplos.

Como primera mención, importa rescatar la necesaria reforma de las empresas públicas para convertirlas en entidades que se movilicen con incentivos de mercado en régimen de competencia, aunque continúen bajo propiedad mayoritaria del sector público. Para ello deben abrir parcialmente su capital para financiarse con acciones, flotando una proporción en el mercado de capitales doméstico como primer paso para luego intentarlo en el internacional. Ese fue el camino seguido por las experiencias exitosas latinoamericanas, en su mayoría brasileñas y chilenas. En nuestro caso, ese aspecto adquiere valor estratégico pues son casi las únicas entidades que ofrecen el potencial de una masa crítica de instrumentos que asegure volumen y, por ende, liquidez. Por otro lado, existen fuertes indicios que no están invirtiendo lo necesario por falta de recursos para acompasar la demanda creciente por sus servicios. Eso indirectamente aplica un freno al resto de la economía pues determina niveles de productividad sub óptimos.

A su vez, su exposición a la competencia (o regulaciones que las hagan actuar en un régimen "virtual" parecido) implica adoptar una gobernanza diferente a la actual. Flotar parte de su capital implica cuadros gerenciales y directivos movilizados por indicadores objetivos de gestión provenientes de una estrategia preestablecida y no por incentivos muchas veces ligados a los ciclos políticos. También obliga a la presentación periódica, generalmente trimestral, de los resultados de su gestión, lo cual posibilita transparentar, conocer e introducir cambios sobre la marcha ante eventos inadecuados.

Esa nueva realidad abriría nuevas avenidas para invertir capital doméstico en actividades con menor rentabilidad social (además de la económica) o que está invertido en el exterior.

Por su lado, abre un camino que hoy no encuentran las AFAP para aplicar recursos a largo plazo en actividades que, por definición, requieren fondeo largo y tienen flujos de caja estables.

A su vez, la mejora de su gestión también opera en el mejoramiento de la productividad global con la cual se posibilita crecer más invirtiendo menos.

La otra pata es el mejoramiento de la calidad del sistema educativo con el objetivo de aumentar la productividad de la mano de obra. Ahora como justificación de nuestro fracaso en el sistema educativo aparece la falsa oposición entre enseñar valores (bueno y necesario) y el mote de productivismo (alienación al trabajo y lo material). Con ello se pretende justificar no enseñar lenguas, ciencias básicas y premiar la superación en aras del concepto vacío de solidaridad como vía de lograr mayor igualdad.

Los resultados de ambas carencias se miden a lo largo de varias generaciones. En efecto, ambas coadyuvaron a que hoy nos debamos conformar con un ingreso per cápita menor al que nos correspondería por el esfuerzo de inversión efectuado.

(1) "La era de la productividad en América Latina", Carmen Pages, ediciones BID, 2011.