La energía y los acuerdos políticos

1/1

SERGIO ABREU

Pasar el invierno, esperar que llueva, especular con la evolución de los precios de los hidrocarburos, depender de los vecinos para importar electricidad y gas, que prevalezcan los intereses, los errores y los ritmos burocráticos de Ancap y UTE, fueron hasta ahora componentes implícitos de la política energética.

Los intentos más serios de diversificar la matriz energética y desmonopolizar la generación eléctrica chocaron con la insuficiencia de la inversión pública, la defensa a ultranza de los monopolios y las limitaciones políticas y prácticas a la inversión privada.

El tratamiento del sector energético debe basarse en tres conceptos. En primer lugar, la energía es un bien esencial para el desarrollo de la economía y el bienestar de la sociedad. En segundo lugar, el mayor costo de la energía son las limitaciones compulsivas al consumo industrial o doméstico. La energía más cara es la que no está disponible cuando se la demanda. La evolución de la infraestructura de generación y distribución y el desarrollo tecnológico sectorial tienen que anticipar permanentemente a la demanda. En tercer lugar, las alternativas de generación y de consumo de energía tienen un impacto directo en el medio ambiente.

La disponibilidad de energía es también condición para negociar sin ataduras con nuestros vecinos. La dependencia en el abastecimiento de energía eléctrica y para el abastecimiento de productos energéticos agrava la asimetría existente en la negociación regional e internacional.

El documento de Acuerdo Multipartidario sobre Energía responde en general a esta concepción y muestra una coincidencia amplia en el diagnóstico y en buena parte de las políticas y medidas que se deben adoptar pero también discrepancias en algunos aspectos críticos, especialmente los que se relacionan con los monopolios públicos.

No se podía pretender que ese primer documento fuera más allá de la enunciación de los diferentes aspectos de la política y anuncios genéricos de cómo se piensa alcanzar al menos parte de los objetivos. Es un paso importante que tiene que ser complementado con la planificación de las medidas para darle cumplimiento y una discusión más profunda sobre los monopolios públicos.

Para esas instancias futuras, que no deberían demorar, es conveniente destacar cuatro aspectos: el realismo y el manejo de los plazos en la selección de los emprendimientos para aumentar la disponibilidad de energía; las condiciones para la integración energética regional; la organización del sector y los costos de la energía; y un nuevo enfoque de la cuestión de los monopolios públicos.

Para superar el déficit estructural y reducir la vulnerabilidad es necesario establecer metas de capacidad instalada y seguridad de abastecimiento externo que anticipen la evolución de la demanda, y tengan en cuenta la sustentabilidad ambiental del sector. En esas metas tienen un lugar relevante las fuentes renovables. Pero para que sean creíbles tienen que tener el respaldo de proyectos de inversión pública, estímulos a la inversión privada y la adopción de medidas para acelerar la desmonopolización del mercado de generación eléctrica y eliminar las limitaciones de infraestructura y regulatorias a la utilización de combustibles alternativos a los derivados del petróleo. Es necesario acelerar las inversiones para contar con capacidad propia de regasificación del GLP y concluir los estudios y análisis sobre la factibilidad de incorporar la energía nuclear a la matriz, teniendo en cuenta los aspectos económicos, ambientales y de seguridad que son responsabilidad de una comisión multipartidaria creada en 2008. Despejar la incógnita sobre la generación nuclear es vital para planificar la disponibilidad energética a largo plazo.

La integración energética tiene sentido en la medida en que contribuya a la diversificación de proveedores y a la reducción de riesgos en el abastecimiento desde los países vecinos e incluya asociaciones para desarrollo tecnológico, industrialización y comercialización, prospección y explotación de recursos, y la realización de inversiones para facilitar la interconexión eléctrica y la circulación de combustibles con los países vecinos. La integración energética es válida como solución a la vulnerabilidad si es un camino de dos vías, fortalece la capacidad propia de generación y no depende de factores políticos o coyunturas económicas que pueden variar. Si Uruguay solo fuera consumidor de productos energéticos regionales, no estaríamos reduciendo la vulnerabilidad.

La organización del sector es de importancia crucial y los conceptos y medidas del Acuerdo Multipartidario deben ser implementados con prioridad. La base de la reorganización, sobre la que existe acuerdo, es la separación de los roles de formulación de la política, planificación estratégica sectorial, regulación y control de operadores, y operación industrial y comercial. El gobierno debe recuperar su responsabilidad en la definición de las políticas, la planificación sectorial y el control de los operadores estableciendo una clara diferenciación de roles entre el Poder Ejecutivo, las unidades reguladoras y los operadores comerciales e industriales públicos o privados. Las empresas públicas se concentrarían en la actividad industrial y comercial y tendrían sus propias estrategias de negocio pero la estrategia sectorial, su planificación, regulación y control, serían responsabilidades del Poder Ejecutivo a través de distintos organismos.

La cuestión esencial no está en la propiedad estatal de las empresas públicas sino en la eficiencia y transparencia de su gestión, en la forma de relacionarse con el resto de las actividades económicas y en su contribución al desarrollo. Es necesario adaptar los estatutos de las empresas públicas para que puedan funcionar en condiciones similares a las empresas privadas, con normas que faciliten su competencia en los mercados doméstico y externo.

La regulación del sector tiene que incluir mecanismos de ajuste de las tarifas públicas a los costos de los bienes y servicios producidos en condiciones de competencia que permitan absorber los cambios coyunturales en los costos de producción de energía y combustibles evitando oscilaciones recurrentes o bruscas, y la eliminación progresiva del componente tributario implícito en las tarifas. Estas son las fórmulas que posibilitarán que las tarifas públicas estén al servicio de las políticas sociales y productivas, sin generar déficit en las empresas públicas que tienen obvios impactos en los resultados fiscales.

En cuanto a los monopolios todavía vigentes, es necesario analizar opciones de competencia de las empresas públicas basadas en la segmentación de negocios que hoy tienen un altísimo grado de integración vertical y cobertura nacional. A modo de ejemplo, la separación de la importación de combustibles refinados por parte del Estado, de la refinación y comercialización, aun con limitaciones, puede ser un primer paso en el sentido de estimular la eficiencia en gestión industrial y comercial.

La formación de empresas mixtas es una vía de incorporar inversión y gestión en proyectos específicos en las áreas de actuación de las empresas públicas. El desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente en fuentes renovables, debe ser competitivo. UTE y Ancap podrían tener sus propios programas de desarrollo de tecnologías alternativas, en competencia con otros operadores, pero no podrían adoptar decisiones sobre programas de éstos.

Finalmente, es necesario hacer efectiva la desmonopolización de la generación de electricidad estableciendo condiciones que promuevan y den seguridad a la inversión privada en el sector. La única forma es establecer los peajes por la unidad reguladora, trasladar a ésta o a una entidad independiente el despacho de carga, y que las decisiones sobre inversiones privadas en generación no sean tomadas por la propia UTE, sino por la unidad reguladora o la entidad independiente recién mencionada.