El censo y la previsión social

Al momento de escribir esta columna aún no están disponibles las cifras finales del censo de población y vivienda. De todos modos, las que se conocen con anticipación son elocuentes para sacar algunas conclusiones básicas y poco importan a esta altura, cualitativamente hablando, las finales. Quisiera, en esta primera entrega del año, poner en perspectiva el tema de manera que se advierta la real situación y, entonces, todos comencemos a actuar en consecuencia, sin mirar para el costado o como poco responsablemente se ha dicho por parte de alguna autoridad, "tenemos 40 años antes que una crisis de pensiones sobrevenga".

COMENTARIO PREVIO. Hay un aspecto de extrema importancia que no se puede soslayar y que nada tiene que ver con el análisis de las cifras en sí; este es, dicho con dolor y preocupación, la notoria impericia y desprolijidad con la que se llevó adelante la tarea, que hace dudar de la exactitud de los resultados finales. Lo inquietante es que lo conocido daña la imagen y la credibilidad técnica de una oficina muy importante para el país, sin ser propósito de autoridad alguna fraguar o acomodar resultados a su gusto o conveniencia. El daño está hecho, aún cuando los resultados finales terminen dentro de los razonables márgenes para un censo. En una tarea como esta, es natural que existan errores. Dicho lo anterior, hoy también desconocemos la magnitud y el signo de los errores, los que se enmendarán a partir de la encuesta de control y supongo de escasa magnitud cuantitativa, como para alterar las conclusiones del tema que trataré.

EMIGRACIÓN. El propio INE nos informa acerca del total de nacimientos y defunciones en el período intercensal de 7 años; los primeros, los podemos estimar en unas 334 mil personas, en tanto las segundas suman 226 mil. Es decir, sin movimientos migratorios, la población debía haber crecido en unas 108 mil personas. Las cifras finales nos dirán que somos más o menos los mismos (pequeña suba o disminución), lo que habrá implicado que, durante el período de mayor expansión económica en 60 años, la población no haya crecido.

En Uruguay, la misma crecía, poco pero siempre lo hacia, aún en períodos muy duros de estancamiento o caída, incluso cuando la guerrilla asolaba el país o, posteriormente, cuando la crisis de los setenta hizo que la gente emigrara masivamente.

Cierto es que en aquella época, la diferencia entre nacimientos y defunciones era entre 25 y 30 mil anuales y no los apenas 15.500 de este último tiempo. De todos modos, es claro que el resultado rompe con la tradicional explicación de la emigración masiva en ausencia de hechos externos como persecuciones, represión política, guerrillas o guerra interna, exclusivamente causada por problemas económicos.

Fácticamente, y pese a ser medida apenas se habían restablecido condiciones de crecimiento, la población en 2004 (ya sin la abultada diferencia entre nacimientos y defunciones) y con un mundo en "ebullición" de crecimiento, igual crecía en 77 mil personas frente a 1996 (0,3% anual). Es obvio que algo más profundo hay, ¿la desconfianza de la clase media?, ¿la carga de impuestos que no le permite su ascenso social?, ¿la carga de gasto agregado en educación, salud y seguridad, que antes no debía hacer y opera como impuestos al reducirle su ingreso disponible?, ¿cambio en las condiciones generales de vida? Son solo hipótesis, en todos los casos por causas económicas, que no me extrañaría sean gran parte de la explicación.

NACIMIENTOS. Otro resultado que llama la atención es la caída en la cantidad de nacimientos. La lógica indica que en un país que progresa, las personas, en especial la clase media, se sienten más confiadas acerca de su futuro, disponen de mayores ingresos y tienen más hijos. En todos lados es así, pero aquí no parece ser el caso. Aún no disponemos de la población por edades pero, dado el dato de emigración, la edad y condición de los emigrantes seguramente influyan fuertemente en la natalidad. En cualquier hipótesis, vuelvo al final del párrafo anterior, hay que encontrar una explicación convincente para un fenómeno que no se verificó ni en las más profundas crisis económicas.

OTROS INDICADORES. Hasta el momento, al menos quien escribe, estudiaba la evolución del mercado laboral tomando las proyecciones de población y eso implicaba un aumento de la PEA del orden de 0,625% al año, al cual adicionaba el aumento en la tasa de actividad (población dispuesta a trabajar). A partir de ahora, habrá que revisar a la baja las cifras de aumento en el empleo desde 2004, siendo unas 90 mil personas menos en el período. Esto tiene como consecuencia que, al medir el total de ingresos provenientes del trabajo, su crecimiento sea menor al estimado previamente y, por ende, la distribución del ingreso sería peor a la estimada. También las cifras de desempleo nos inducirían a engaño y, en sentido contrario, tendríamos que la productividad de la mano de obra aumentó más de lo pensado. Muchas otras variables habrá que revaluar a la luz de los resultados, solo quería dar idea de alguna magnitud.

SEGURIDAD SOCIAL. El casi seguro estancamiento de la PEA y la llegada a su máximo de la tasa de actividad debe, una vez más, poner alerta al sistema público de jubilaciones y pensiones y las llamadas cajas paraestatales. Como se recordará, la reforma de 1995 elevó la edad mínima de jubilación, estableció notorios estímulos a la declaración de los salarios efectivamente cobrados e impuso lógicas restricciones para evitar el colapso de las finanzas públicas en su globalidad (el sistema ya estaba quebrado hacía mucho tiempo). La misma constituía un primer paso y debía complementarse, tanto en lo que al sistema mixto refiere, como por la reforma de los sistemas bancario, profesional, notarial, policial y militar. Lamentablemente, salvo respecto a posibilidad de inversiones de activos por parte de quienes administran el dinero de los trabajadores (AFAP), no solo nada se hizo sino que las "reformas" llevadas a cabo constituyeron evidentes retrocesos que solamente ponen presión sobre las finanzas. Una vez más la bonanza de los precios externos tapa los notorios desaciertos, en especial en la "mini contrarreforma" a nivel del BPS (laxitud en condiciones de acceso y los cómputos especiales) y las pésimas reformas de los sistemas policial y bancario, esta última a un costo de casi 3 puntos del PIB para caer en una crisis en poco más de una década. Tiramos la pelota para delante para que otro la tome, clásica inconsistencia intertemporal.

A su vez, se votó un cambio en la ley de asignaciones familiares que aumenta las transferencias, en este caso el incremento de costo es menor en términos relativos. Por su parte, la ley de salud, también integrante de la seguridad social, de cuyo costo real aún nada se ha visto al haber evitado, hasta el momento, incorporar los colectivos deficitarios, está por fuera del BPS. Los efectos de las leyes se acumulan y su daño se siente aunque no se lo vea o se niegue.

En el mundo desarrollado responsable, aquel donde la discusión actual se centra en que la población rechaza cargar con los irresponsables gastadores y eso es parte de las exigencias para asistirlos, donde la esperanza de vida es como la nuestra, la edad mínima legal de acceso a la jubilación ya es de 67 años y la efectiva está en el entorno de los 70. El país hizo una reforma para un largo tiempo, pero los cambios introducidos llevaron a que la asistencia financiera desde el Gobierno Central al BPS, que debía caer por casi 25 años consecutivos, tocó su mínimo a mediados de 2007 y desde allí comenzó a crecer. Desde esa fecha su aumento llega a 1 pp del PIB (unos US$ 460 millones anuales), más del 80% de los cuales obedece a jubilaciones y pensiones. En la actualidad, la asistencia al BPS es de unos US$ 1.900 millones al año, ya deducidos los aportes personales y patronales del Estado, estos últimos totalmente fuera de lo razonable (entre 16,5 y 19,5% frente a 7,5% de los privados), que no son otra cosa que maquillaje de déficit.

Como se expresó, esta asistencia crece y es "llenada" con artilugios tales como, impuestos afectados, contribuciones de rentas generales (que se financian con más impuestos) y "transferencias netas", es decir lo que falte luego de los anteriores meros asientos contables de imputación de déficit. Con este panorama y, al decir de Cándido, en el mejor de los mundos posibles, es evidente que hay que ponerse a pensar seriamente en ajustar desde ya los parámetros del sistema. No es cuestión de filosofar o caer en lugares comunes, toda demora solo aumenta la presión y el tamaño de las medidas que se deberán tomar cuando la olla no aguante más la presión y para esto, al paso que vamos, faltan años no décadas.