Discusiones tributarias bizantinas

1/1

En estos días se han venido procesando algunas discusiones sobre diferentes temas tributarios que me propongo comentar desde un ángulo algo distinto. Un caso es el de los cambios en la contribución inmobiliaria de Canelones; otro, es el de los aumentos en la patente de rodados en los departamentos en los que es más barata; otro, nada menos que la posibilidad de cobrar matrícula en la enseñanza pública. Para todos estos cambios existen buenas razones, no obstante estoy en contra de todos ellos, ya que dado el nivel que ha alcanzado nuestra presión fiscal global, al borde de la ruptura del pacto social implícito, carece de sentido analizar un cambio tributario solo en la perspectiva de cada impuesto.

DE A UNO. Tomemos el caso de la contribución inmobiliaria de Canelones, como mañana podría ser la de Montevideo o Maldonado. Las autoridades de la intendencia canaria han manifestado que solo se han regularizado los valores de acuerdo a cambios operados en las propiedades: algunas que pagaban como cuando eran terrenos y hoy son casas, y otras que recogían una situación de metros edificados mucho menor a lo que son ahora. El argumento es fuerte: que empiecen a pagar según el valor actual de la propiedad, ahora mejorada porque se ampliaron los metros construidos, o simplemente porque antes lo que era un terreno baldío hoy es un barrio privado. Es más; cierta tecnología satelital permite ser muy precisos a la hora de medir esos metros construidos, lo que hace aparecer como imbatible la argumentación de la intendencia. Algo análogo en el razonamiento, esta vez vinculado a los precios agropecuarios, ocurrió cuando el Gobierno quiso fundamentar el incremento disparatado que operó en la contribución inmobiliaria rural. Con los autos pasa lo mismo; se pretende explicar el aumento en el impuesto de los departamentos más baratos, comparándolo con el de los más caros. Dejando de lado que no encuentro razón para que las intendencias peores, las que poseen más fuerza extractiva de Adeom, cobren igual que las demás, parece que algunos encuentran razonable emparejar para arriba. Y también pasa con la matrícula universitaria, cuando se sostiene que es injusto que no paguen nada aquellos que quizás pueden, y se propone que empiecen a hacerlo para solucionar esta aparente injusticia.

Adelanto desde ya que, salvo que operaran otros cambios impositivos, estoy totalmente en desacuerdo con que aumenten la contribución urbana en Canelones o en cualquier lado, o la rural, me opongo a que sin más aumente ninguna patente de rodados, y que se cobre la matrícula universitaria. Porque todos estos análisis hechos de a uno no toman en cuenta una realidad más amplia que es la de toda la presión fiscal; solo en este contexto pueden analizarse los cambios tributarios.

PRESIÓN GLOBAL. Este es el contexto en el cual deben analizarse todos los impuestos, contribuciones, tarifas, etc., el de la presión fiscal global. En este caso a nivel agregado, considerando los impuestos recaudados por la DGI netos de devoluciones se pasa el 30% del PIB, comparable a Europa, superior a Estados Unidos o Corea. Si sumáramos a este valor los aportes a la seguridad social, la tributación municipal, los precios monopólicos que generan utilidades a las empresas públicas y a otras dependencias, que también son impuestos, más otras alteraciones en los precios derivadas de intervenciones políticas, el conjunto seguramente treparía varios puntos por encima del 30%. Si este es el promedio, imagino que unos cuantos deben estar por encima de él: clase media, padres con varios hijos, con ingresos esencialmente salariales o de honorarios, que pagan dos veces la salud -Fonasa y su mutualista- la educación -impuestos incluido el de Primaria y la cuota del colegio privado- etc. Más allá de detalles, para una cantidad enorme de uruguayos la presión fiscal total supone un agobio muy duro de soportar. Y para todos ellos -nosotros- no hay discusión posible sobre impuesto alguno: lo primero es que baje la presión global, después vemos si hay modos más justos de recaudar en cada impuesto. En otras palabras, el intendente de Canelones aunque tenga buenas razones para cobrar más, no tiene razón; la Universidad, aunque tenga razones para cobrar a los pudientes, no tiene razón; y aunque se esgriman razones para aumentar la patente de Colonia, no tienen razón. Porque el que paga poco en Canelones, o en Colonia, o disfruta de educación universitaria gratuita, en realidad ya paga casi el 40 % de lo que genera en atender un montón de necesidades: que se reduzca este monto antes de "mejorar" otros impuestos. O dicho de otra forma: no hay arreglo posible si para acomodar algún tributo subiéndolo no se baja otro de algún modo. De lo contrario, este infierno de presión fiscal y policía tributaria no hace más que expandirse.

GASTO. Siento como que el contrato social se ha tensado al máximo, lo que a futuro puede ser complicado: le sacan a muchos bastante más del 30% de lo que ganan para dárselo en efectivo -en un extremo- a quienes nada producen ni demuestran ganas de hacerlo. Eso mejora las estadísticas -aún sin llegar a niveles de mediados de los noventa- pero no a la sociedad, y altera para peor el contrato social. Cuando la sensación que se extiende es la de que hay que defenderse de las exacciones tributarias, dirigidas a gastos que no se comparten, el clima se va enrareciendo. Así ocurre además porque se extiende la idea de que los problemas se arreglan gastando más, cuando tantas veces debe ocurrir al revés: gastar menos para que las soluciones provengan del accionar libre de la gente y de una solidaridad genuina, no obligada por impuestos, que no vale moralmente nada. Se equivoca feo en esto el director de la DGI cuando vincula la solidaridad con el cobro de impuestos: no tiene absolutamente nada que ver, la DGI no es la Teletón.

Al agravio al sistema de reglas que genera el impuesto a la tierra, que se suma a los nefastos efectos de la inicua reforma tributaria, ahora hay que sumar peligrosos análisis de algunos impuestos de a uno, separados del marco de la consideración de toda la presión global. Fuera de esta, una discusión sobre cómo hacer más justa la contribución inmobiliaria de Canelones, o el ingreso a la Universidad, son discusiones bizantinas. Porque ningún cambio para cobrar más puede ser justo si no hay otra forma de pagar menos. ¡Basta!