Brasil: política fiscal y reformas

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La economía brasileña pasa por un momento de transición que se ha reflejado en un aumento de la incertidumbre respecto de su trayectoria futura. Ese proceso se debe, en parte, a los ajustes internos y, en parte, al entorno externo ya que la economía mundial volvió a registrar una fuerte inestabilidad, tanto financiera como en términos de niveles de actividad y de la perspectiva de continuidad del crecimiento.

El desempeño del primer trimestre fue bastante positivo, con el crecimiento del PIB mayor al de los trimestres anteriores. La demanda se mantuvo activa, principalmente por el lado de la inversión lo que refleja, entre otros factores, el estímulo derivado del crédito oficial subsidiado. En cambio, el consumo de las familias se desaceleró como consecuencia de las medidas de contención del crédito adoptadas a fines de 2010 y reforzadas en abril por nuevas restricciones. No obstante, el mercado laboral continúa registrando tasas de desempleo bastante bajas para los patrones históricos brasileños fruto, principalmente, de la fuerte expansión del empleo formal.

INFLACIÓN. Dos fuentes potenciales de desequilibrios han planteado dilemas nada triviales para la política económica. La primera es la inflación y, la segunda, la valorización del tipo de cambio real.

En el primer caso, la inflación anual aumentó en forma continua, de 4,6% a julio del año pasado, a 6,5% a abril de este año. La perspectiva es que en el corto plazo la inflación continúe aumentando, pudiendo alcanzar el 7% en el tercer trimestre antes de declinar hacia fin de año. Esta aceleración se debe al shock de los precios de los alimentos que reflejan los aumentos observados en el ámbito internacional y al aumento del precio de los combustibles aprobado a comienzos de este año, en particular el etanol, fenómeno éste que ya estaría en vías de reversión con el inicio de la cosecha de la nueva zafra de caña de azúcar. A pesar de esos factores localizados, existe una percepción generalizada de que la demanda continúa creciendo por encima del producto potencial, lo que estaría presionando los precios de los productos no comerciables, como los servicios, cuya variación acumulada en 12 meses alcanzó el 8,5% en mayo.

Las ambigüedades del nuevo gobierno en lo que se refiere al diagnóstico de la aceleración de la inflación así como a las políticas para enfrentarla, han contribuido a que las expectativas sigan bajo presión estimulando comportamientos defensivos que tienden a acentuar el problema. El énfasis en los elementos transitorios de aceleración de la inflación en detrimento de los más permanentes, sugiere flojedad en la acción del Banco Central reforzada por la elección de instrumentos no convencionales, como el control cuantitativo del crédito, que se han dado en llamar "medidas macro prudenciales". Es cierto que, a partir de marzo, ya había habido una revisión de esa posición defendida por el Banco Central en los primeros meses de la nueva administración, con la indicación de que la tasa de interés subirá en la medida de lo necesario para revertir la trayectoria de aceleración de la inflación y permitir su convergencia hacia la meta de 4,5% en 2012. Aun así, hay que admitir que, por primera vez desde la aplicación del sistema de metas de inflación en 1999, el Banco Central reconoce la incapacidad de alcanzar la meta con dos años de antelación. La señal es clara: el peso del crecimiento económico en la función-objetivo del Banco Central aumentó en relación al gobierno anterior.

Es interesante observar que la desaceleración de los incrementos de la productividad real del trabajo en los últimos meses, incluso con un mercado laboral reducido, refleja exactamente esa aceleración no anticipada de la inflación. No obstante, con la tasa de desempleo en niveles históricamente bajos, próxima al 6%, la tendencia será a buscar recuperar las demandas por indización haciendo que, desde el punto de vista de la necesidad de desaceleración de la economía, la trayectoria para volver a llevar la inflación a la meta sea más costosa. La perspectiva de un fuerte reajuste del salario mínimo a principios de 2012 -que, de acuerdo con la ley aprobada a iniciativa de la nueva administración en febrero pasado, determina la corrección del salario mínimo por la inflación acumulada del año anterior (estimada en 6,5% en 2011), más la variación del PIB de dos años atrás (7,5% en 2010), determina un aumento de cerca del 14%- agrega un fuerte elemento de riesgo al escenario inflacionario, especialmente por su impacto en el sector servicios.

TIPO DE CAMBIO. La cuestión cambiaria es el segundo elemento de riesgo potencial de la economía. Parece claro que la valorización del real, si bien controlada por las cuantiosas intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios, estaría extrapolando la dimensión justificada por las nuevas condiciones estructurales más positivas de la economía brasileña, con efectos negativos sobre la competitividad de la producción interna. La política de acumulación de reservas no parece sostenible ante los fuertes costos derivados del diferencial de intereses y de la necesidad de esterilización de las compras de divisas por parte del Banco Central. Algunas estimaciones sitúan ese costo por encima del 1% del PIB anual. Por eso, el gobierno pasó a utilizar más intensamente medidas de control al ingreso de capitales de corto plazo, ya sea para préstamos, ya sea para aplicaciones en el mercado de capitales. Si se miran el tipo de cambio y la tasa de interés al mismo tiempo, la política monetaria tiende a perder efectividad en cuanto a combatir la inflación.

OPCIÓN. La salida del dilema entre inflación y tipo de cambio está en la utilización más intensiva de la política fiscal. La nueva administración parece haber asumido una postura diferente a la del gobierno anterior en el área fiscal, comprometiéndose a la reducción de los gastos programados para 2011 y al cumplimiento de las metas fiscales, sin recurrir a reducciones en las inversiones o a la utilización de artificios contables. Hasta el momento, los resultados han sido muy superiores a los observados en los dos últimos años: el superávit primario del gobierno central en los cuatro primeros meses del año aumentó, pero el ajuste continúa haciéndose principalmente por el lado del aumento de los ingresos, que en el ámbito federal crecieron en casi un 10% en términos reales. Los gastos crecieron bastante menos que en años anteriores, 3,3%, pero principalmente por la contención de los gastos en inversiones, que disminuirían en un 1,5%.

Luego de dos años de fuerte aumento de las inversiones públicas, asociadas a la implantación del Programa de Aceleración del Crecimiento, la caída reciente constituye una señal preocupante, por no apuntar a intenciones de índole meramente electoral detrás de esos programas. Remite a un patrón de ajuste que prevaleció a lo largo de la mayor parte de los años 2000 y cuyas consecuencias aparecen claramente bajo la forma de una infraestructura deficiente, que reduce la competitividad de la producción interna y traba el crecimiento a tasas más elevadas. Se trata de asuntos críticos en un momento en que la valorización cambiaria ejerce una fuerte presión sobre el sector industrial volcado al mercado interno. De la misma forma, el problema de la competitividad está siendo cada vez más asociado a la pesada carga tributaria que incide sobre el sector productivo y cuyo enfrentamiento tropieza con niveles de gasto público elevados.

DESAFÍOS. El mundo parece encaminarse hacia otra etapa de inestabilidad, con reducción del crecimiento y volatilidad exacerbada. La economía brasileña fue capaz de mantener una trayectoria de crecimiento relativamente alta en comparación con el resto del mundo, a excepción de China e India, pero sin haber enfrentado cuestiones estructurales que limitaran el aumento de la productividad a largo plazo. Con el nuevo cambio de señal en el sector externo, tienden a resurgir las presiones relacionadas con la recuperación de los flujos de capital extranjero y sus efectos sobre el tipo de cambio, planteando desafíos importantes a la consolidación del crecimiento sin amenazas de descontrol inflacionario. La política fiscal y la continuación de reformas que estimulen la inversión y aumenten la productividad de la economía adquieren una dimensión crucial para la consolidación de un escenario favorable.