Urge definir una política de Estado para fortalecer el rol de la familia

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JORGE REBELLA

Las opciones de casamiento son más limitadas para la población de menores ingresos, que registra menos matrimonios pero tiene más hijos y también más hogares monoparentales en los que sólo está presente la madre, sostuvo el economista Francisco Rodríguez Folle, director de Research Uruguay y docente de la Universidad de Montevideo. A continuación se publica un resumen de la entrevista en la que se analizan, entre otros aspectos, la correlación entre la pobreza y el deterioro de la institución familia.

-El porcentaje de las personas que está por debajo de la línea de pobreza en Uruguay pasó de 30,9% en 2004 a 20,3% en 2008, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Cómo evalúa este resultado?

-Todo avance en reducir la pobreza es un resultado bueno que merece el elogio, cualquiera sea el lugar desde el que se le mire. Pero si hablamos del caso uruguayo, también podríamos catalogarlo de un fracaso relativo dado que el gobierno encaró la lucha contra la pobreza como tarea prioritaria en el último quinquenio. Teniendo en cuenta el crecimiento de la economía durante este período, la pobreza pudo haber bajado más. Cabe recordar que en este mismo país con un crecimiento económico no tan favorable como el actual, la pobreza bajó 19,6 puntos porcentuales en el período 1986-89 y 14,4 puntos entre 1990 y 1994, mientras que en 1999 se llegó al mínimo histórico de un 15% de personas bajo la línea de pobreza, lo que resulta más significativo ya que el PIB actual es más de un 20% superior al de entonces.

Esta situación ha sido destacada por varios analistas y estudiosos del tema como, por ejemplo, los economistas Alves, Arim, Salas y Vigorito del Instituto de Economía de la UdelaR, cuyo trabajo "Tendencias de la distribución del ingreso en Uruguay entre 1981 y 2007" muestra que el quintil de la población de menores ingresos nunca fue más pobre, en términos relativos, como en este último período. Actualmente, el 20% de la población de ingresos más bajos tiene el 4,4% del ingreso del país, mientras que el 20% más rico posee el 52,2% del ingreso. Este guarismo -el menos equitativo que registra nuestro país desde 1981- es coincidente con el juicio de que ni la pobreza ha caído todo lo que pudo haber bajado, ni la distribución del ingreso ha mejorado todo lo que el gobierno hubiese deseado.

-¿Qué han dicho las autoridades oficiales al respecto?

-Esto ha sido reconocido sin ambages por jerarcas de la actual administración, tal como lo hizo el propio Presidente de la República en un discurso pronunciado en agosto pasado en Bella Unión, o como lo hizo la Ministra de Desarrollo Social al reconocer que las políticas oficiales no han tenido influencia significativa en la distribución del ingreso. Esos comentarios coinciden con los vaticinios de algunos expertos en cuanto a que la política que estaba aplicando el gobierno no contribuía a una mejor distribución del ingreso. Sin embargo, para ser justos, deberíamos decir que el sistema de distribución del Plan de Emergencia contribuyó sí a bajar la indigencia, que comprende a un sector más pequeño que vive en las peores condiciones.

Políticas oficiales

-¿Cuáles fueron las razones de ese fracaso relativo de la actual política de gobierno, cuando hubo planes directos de asistencia a los sectores económicamente más sumergidos?

-Como todo fenómeno social importante y complejo, la pobreza reconoce una multiplicidad de causas simultáneas, cuyo peso relativo no siempre es fácil distinguir. Ya se han publicado estudios que analizan el tema para el Uruguay de los últimos años. Pero todavía nos va a llevar más tiempo llegar a conclusiones definitivas.

Se ha criticado, entre otros aspectos, la baja eficiencia de los programas de transferencia monetaria porque los bienes que se subsidian tienden a multiplicar su oferta y, en este caso, se subsidió la pobreza. Por ejemplo, para dejar de ser pobre, una persona primero deber querer salir de esa situación, y luego, poder. En los últimos años, la población tuvo posibilidades de una salida porque hubo demanda de trabajo, apoyo gubernamental con programas de capacitación laboral; pero muchos prefirieron permanecer en la pobreza porque el ingreso al mercado de trabajo formal significaba perder el ingreso del Plan de Emergencia.

Algunos estudios, como el del economista Carlos Paolino, han hecho hincapié en el rezago que trae consigo salir de una crisis de la magnitud registrada en 2002. Otros análisis -el de Ceres, por ejemplo- se han enfocado en el deterioro del sistema educativo que frena la salida de la pobreza.

-A la luz de la información disponible, ¿cuál es la principal explicación de ese fracaso relativo?

-Sin excluir los argumentos anteriores, que todos se conjugan, haría hincapié en el deterioro de las variables demográficas, situación de la que se puede encontrar una cabal ilustración en la entrevista que Wanda Cabella concedió a ECONOMÍA & MERCADO el 9 de noviembre pasado. La voz de alarma no es nueva, ya que el propio Enrique Rubio, cuando era director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, reconoció que estamos en situación de "emergencia demográfica", y lo hizo luego de asistir a la presentación de un estudio de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR titulado "Demografía de una sociedad en transición: La población uruguaya a inicios del siglo XXI". Y no le faltaba razón.

Matrimonio

-¿Pero, cómo se establece una relación de causalidad entre emergencia demográfica y pobreza?

-De las referencias señaladas, yo tomaría en particular la situación del matrimonio y, por ende, la familia nuclear uruguaya. En el primer Censo de Población realizado en Uruguay en 1907, la proporción de parejas casadas era relativamente baja (39%). Esa tasa varió significativamente en el segundo Censo efectuado en 1963 que registró un porcentaje muy alto de matrimonios (59%) debido a que los gobiernos uruguayos del siglo XX incentivaron los casamientos mediante diversas iniciativas, tales como las asignaciones familiares y la prima mensual por hogar constituido. En el espíritu del legislador existía la convicción de que la institución del matrimonio era un bien social que, de alguna manera, el Estado tenía que proteger. (N.del R.: La proporción de parejas casadas muestra una persistente tendencia a reducirse, habiéndose registrado una tasa del 54% en la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística de 2007).

-¿Debe sorprendernos el descenso en el número de matrimonios que se observa en las últimas décadas?

-Pienso que una situación conyugal así está lejos de ser un mero fenómeno de interés sociológico, para convertirse en una luz de alerta sobre un drama social de consecuencias negativas, en particular, sobre la pobreza.

-¿Por qué?

-El matrimonio no es sólo un contrato entre privados, ya que tiene también dimensión pública. Esta institución ha tenido y continúa teniendo importantes fines públicos, o mejor dicho, bienes públicos, porque la palabra "bienes" en el lenguaje de los economistas tiene un sentido más preciso que el vocablo "fines". Es decir, la familia es un bien público, al igual que la seguridad, la justicia, la estabilidad monetaria, etc., que ofrece el Estado y lo financia con impuestos.

De acuerdo con los Diez Principios de Princeton, surgidos de un congreso del Social Trends Institute y el Witherspoon Institute reunido en 2004 en dicha ciudad, se puede afirmar que el matrimonio es una institución a través de la cual las sociedades intentan organizarse para tener y educar a sus hijos; orienta y proporciona orden y estabilidad a las relaciones sexuales adultas y a sus consecuencias económicas, sociales, psicológicas y biológicas; y educa cívicamente a los hombres, otorgándoles una razón de ser, normas y rango social que orientan sus vidas, alejándolos del vicio y encaminándolos hacia la virtud.

Consecuencias

-¿Se comprueban también en nuestro país las hipótesis planteadas en diversas investigaciones internacionales sobre los efectos beneficiosos del matrimonio para los integrantes de la familia y la sociedad?

-En buena medida sí. A modo de ejemplo, es fácil observar una correlación clara entre el estado civil y el nivel de ingresos, siendo los casados los que tienen los guarismos más altos en promedio que los solteros, viudos o divorciados, aunque la causalidad pueda ir en ambos sentidos, es decir que tienen ingresos altos porque están casados y se casan porque tienen ingresos altos. Pero no podemos afirmar cuál es el sentido correcto porque carecemos de los estudios de causalidad. Sin embargo, creo que se pueden dar las dos hipótesis en simultáneo porque el individuo que está casado tiene más responsabilidades y necesita tener más ingresos dado que su cónyuge e hijos dependen de él. Por consiguiente, debe esforzarse al máximo para cumplir con ese compromiso. A su vez, como el matrimonio conlleva una serie de obligaciones económicas, mucha gente que no las puede asumir no se casa. Esto nos lleva a pensar que las opciones de casamiento son más limitadas para la población de menores ingresos, que registra menos matrimonios pero tiene más hijos y también más hogares monoparentales en los que sólo está presente la madre.

-¿Qué otras consecuencias se desprenden del fracaso familiar en Uruguay?

-Desde la variable educación, se observa que los hijos de madre casada son los que tiene niveles más bajos de rezago escolar, mientras que los niveles más altos los tienen los hijos de la madre soltera o la que vive en unión libre.

El número de hijos nacidos fuera del matrimonio supera el 50% según datos del Ministerio de Salud Pública, mientras que la población de menores que atiende el INAU no deja de crecer, habiendo pasado de 38.000 en el año 2000 a 68.000 en 2008. Las familias nucleares, conformadas por ambos padres e hijos, constituyen claramente una excepción, afirma un censo realizado entre la población de menores infractores por los sociólogos Aloisio, Chouhy, Trajtenberg y Vigna de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Francisco Rodríguez Folle, uruguayo, 51 años, es licenciado en economía por la UdelaR, máster en la misma disciplina por la Universidad del CEMA (Argentina). Se desempeña como director desde 1990 de Research Uruguay, firma especializada en investigación de mercado. Es docente de Microeconomía en la Universidad de Montevideo. Anteriormente, trabajó en el Departamento de Estudios Económicas de la Cámara de Industrias del Uruguay y en la Unidad Asesora de Promoción Industrial del MIEM.