Morir en la pobreza es un cliché entre los artistas. Cansados de este destino, un puñado de gremios logró que una ley otorgue seguridad social a actores y músicos, pero como no se fiscaliza son pocos los que pagan los aportes. Además, dejó fuera a los más veteranos y a otras ramas del arte que ahora reclaman su lugar.

Cuando duerme, Alberto Restuccia tiene miedo de que el techo de su casa se le caiga encima. Desesperado por su economía, hace dos semanas publicó "un pedido de auxilio" en su cuenta de Facebook: "A los 75 estoy en la indigencia, se agradece una ayudita". Este dramaturgo no recibe jubilación, está enfermo y sus únicos ingresos son dos pensiones que, juntas, apenas le alcanzan para llegar a mediados de mes.

Cada vez que le preguntan por su situación habla de cimientos devastados: los del hogar humilde en el que vive y los del hogar en el que su compañía, Teatro Uno, brilló hasta 1999, cuando fue desalojado del local. Cuenta como si lo hubiera visto, aunque no estuvo allí, que hace algunos años dinamitaron el escenario y las butacas de hormigón de la sala, haciendo explotar los cristales de un bazar de la cuadra y asustando a los mozos y comensales del bar La tortuguita, otro antiguo vecino del barrio. "Era el único teatro de Uruguay que ningún incendio podía destruir. De esos escombros se levantó un gimnasio", dice con desprecio. "Un gim-na-sio, te lo juro". Desde entonces, cojeando por sus caderas heridas, actúa en bares.

Restuccia tiene 75 años y más de 100 obras registradas en Agadu. Empezó a escribir, dirigir y actuar a los 19 y ahora, sentado en una vivienda de un solo ambiente empapelada con fotografías suyas, afiches de los espectáculos que creó, recortes de prensa que lo elogian y una exposición de premios ganados, un puñado de patologías le recuerdan que ya no es joven y que en todo este tiempo que lleva subiéndose al escenario nunca realizó aportes para su seguridad social.

El suyo es un escenario cliché entre los artistas veteranos. Para demasiados colegas los aplausos en la juventud y la indigencia en la vejez van de la mano. Él, incluso, tiene la suerte de que el Estado le otorgó una pensión graciable —por su aporte a la cultura— que le asegura el ingreso vitalicio de unos $ 15.000 mensuales y además Agadu le paga casi $ 4.000 por concepto de reconocimiento autoral. "Otros ni eso", explica este actor.

Del otro lado del teléfono, Eduardo Larbanois enumera a sus maestros que murieron pobres: Alfredo Zitarrosa, Eduardo Darnauchans, Osiris Rodríguez Castillos, Aníbal Sampayo… y se detiene: "Yo me niego a terminar como ellos y que esto les siga pasando a mis compañeros", dice. Pero tal y como están las leyes, su carrera de 51 años de músico, en su mayoría sin aportes al Banco de Previsión Social (BPS), tampoco le permitirán cobrar en la caja de jubilaciones.

Para prevenir conclusiones apresuradas, Domingo Roverano, 78 años, presidente de la Asociación Uruguaya de Músicos (Audem), aclara que esto no es culpa de la bohemia sino de "una forma jurídica que impuso la dictadura". Antes, los músicos y los actores sí podían jubilarse: se los permitía una ley de 1953 (llamada Artistas y profesionales del teatro) que preveía la recaudación de aportes mediante un sueldo ficto (con un mínimo y un máximo fijado) y un sistema de cómputos por períodos anuales que aceptaba la posibilidad de que, a lo largo del año, hubiera períodos de inactividad.

"En esas épocas todos pagábamos nuestros aportes porque los patrones no trabajaban en negro", recuerda Roverano, jubilado en parte, gracias a su trabajo de músico en orquestas que eran contratadas para tocar en hoteles. Eran tiempos en que los artistas también tenían empleos fijos en canales de televisión, puestos que fueron menguando, complejizando así el destino de varios intérpretes.

La tranquilidad al pensarse anciano se terminó en 1979 cuando el acto institucional N° 9 derogó la "ley de jubilación del teatro". "A partir de ahí quedó un vacío, un hueco. Desde 1979 hasta 2009, que se promulgó la Ley del Estatuto del Artista, no teníamos cómo planificar nuestra vejez", dice Roverano.

Es en esos 30 años sin legislación que quedaron atrapados artistas como Restuccia o el actor Héctor Minini, que falleció hace tres meses en una casa de salud que pagó la "Caja de Socorro" de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), que también cubre los costos por exámenes médicos, odontología, lentes y alimentos para los socios que los necesiten. Agadu, por su parte, debido a la demanda creciente, creó distintos fondos de apoyo para sus asociados más viejos: 304 mayores de 60 y con 25 años de antigüedad en la asociación cobran un monto muy magro por "reconocimiento autoral".

A pesar de que desde Audem y SUA aseguran que han hecho planteos sobre estos casos ante el BPS y el Ministerio de Trabajo, todavía no hubo una solución para ellos. Mientras no aparezca, muchos de los nombres que antes resplandecían en las carteleras seguirán dependiendo de la solidaridad de sus compañeros para sobrevivir. "Creo que tiene que haber un reconocimiento del Estado por esa anulación de la ley", opina Larbanois, y agrega, "quienes asumimos la música y al teatro como una profesión durante toda nuestra vida merecemos tener una consideración".

Sergio Mautone, director de Cultura en el MEC, aclara que si bien la norma vigente no prevé la contabilización de los años sin aportes, no descarta que puedan surgir "mecanismos que ayuden a paliar situaciones para los artistas que quedaron en el intermedio". Dice que los resultados de esta ley se van a ver en unos 20 años: "Tendrá que pasar un rato todavía para que la situación se regule".

Unos 11 años llevó la redacción de la ley que desde 2009 brinda seguridad social a músicos, actores, bailarines y técnicos de oficios conexos (vestuaristas, sonidistas, representantes, productores, iluminadores, entre otros). Los gremios Audem, SUA y la Asociación de Danza del Uruguay (ADU) se pusieron la tarea al hombro y antes de las elecciones de 2004 visitaron a cada uno de los candidatos presidenciales. El único que no los recibió fue Tabaré Vázquez, pero en cambio les envió una carta donde se comprometía a trabajar en su situación si es que resultaba electo. Cuatro años después, cumplió.

Retomando el espíritu de la ley original, la nueva creó el Registro Nacional de Artistas y Actividades Conexas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde una comisión certificadora está encargada de aprobar el ingreso de aquellos que quieren ser amparados por esta norma. A partir de su promulgación, los artistas inscriptos podrán realizar sus aportes de forma tal que se consideren los tiempos de ensayo como jornales trabajados.

Pero, aunque la ley obliga a patrones y trabajadores a declarar sus salarios cada vez que tienen una contratación en relación de dependencia o comercial, de forma individual o colectiva, la mayoría de los artistas confiesan que lo habitual es no hacerlo. Y como ninguna oficina pública fiscaliza su cumplimiento, la evasión es un secreto a voces. Si bien desde los distintos gremios se exige que comience este tipo de control, reconocen que es una cuestión delicada, porque el interrogante es ¿a quién se debe controlar? ¿A los artistas o a quienes los contratan? Y si uno mismo es el productor del espectáculo, ¿quién ocupa el rol de patrón? Una fuente anónima plantea: "De fiscalizarse, ¿se mantendría el nivel ocupacional de los artistas o este disminuiría?".

Entre los actores las versiones son distintas. "Los que tenemos otro trabajo formal no pensamos en jubilarnos como artistas y sería un doble gasto hacer estos aportes por nuestros medios", dice el actor Fernando Amaral. Su colega, Gerardo Begérez, explica que salvo los contratos que se firman con la Intendencia de Montevideo y con el Ministerio de Educación y Cultura, "son muy pocos los teatros y los productores que trabajan con formalidad y pagan los aportes del actor". Cuando las actuaciones se dan en el under, la formalización es una utopía.

El panorama para los músicos es similar, "la diferencia es que a los que les va mejor facturan mediante empresas unipersonales que pueden mantener porque tienen ingresos buenos y constantes", explica Roverano. "A muchos productores no les importa trabajar en negro, hay representantes que ponen a un solo miembro de la banda en planilla y todo el resto ni siquiera sabe que podría estar aportando. Los músicos somos muy descuidados con estas cosas, por eso creo que hace falta una campaña de sensibilización", opina Larbanois.

Audem confía en un futuro "más limpio" y quiere empezar por proponer un arancel para los músicos que se vaya incrementando en Consejos de Salarios, negociación a la que todavía no acceden. "Habíamos conversado todo esto con Juan Castillo y le pareció bien, pero a los días renunció a su puesto como director de Trabajo", cuenta Roverano resignado.

La gran mayoría de los artistas que no pueden sostener una razón social realizan aportes mediante cooperativas. De los 5.300 asociados que tiene la cooperativa Cooparte (que reúne a músicos, actores, escritores, bailarines, productores, agentes, entre varios), solo unos 250 están en planilla de forma permanente. De los 1.500 socios de Valorarte (la cooperativa de SUA), hay 300 que hacen aportes. Coopaudem (de Audem) tiene 5.000 afiliados pero menos de 1.000 cumplen con la ley.

Como estos números hablan, Mautone, el director de Cultura, dice que desde el ministerio "se están tomando recaudos para poder avanzar en una fiscalización". Sin embargo, advierte que "está previsto que una ley que ni siquiera cumplió 10 años demore en modificar las bases de la cultura, porque muchas veces los artistas son los que se resisten a ser contratados formalmente". Así como se hizo para concientizar a las empleadas domésticas y a los trabajadores rurales, "este es un grupo con el que habrá que trabajar de manera muy sostenida para que la norma dé resultados", agrega.

Entre las razones que explican por qué esta iniciativa quedó coja, hay cuestiones culturales pero también económicas. Mario Varela, secretario de Cooparte, lo explica así: "Para que se compute un año de trabajo tenés que tener 150 aportes jornales declarados al BPS. Pero como la actividad artística es muy peculiar y no se hacen aportes a menos que te los exijan, la ley te habilita a que hagas un mínimo de cuatro aportes al año, no distanciados uno del otro por más de tres meses, y la suma de esos aportes tiene que ser como mínimo un promedio mensual de un salario mínimo por mes. Esto quiere decir que vos tenés que aportar al BPS sobre una base de unos $ 130.000 al año para que se te reconozca un año de actividad, pero la verdad es que son muy poquitos los artistas que llegan a ese número".

Entre aportes personales y patronales, Fonasa, el fondo de reconversión salarial y los gastos administrativos de la cooperativa, estar en planilla implica alrededor del 30% del salario nominal.

Según Alicia Dogliotti, presidenta de SUA, "por un lado hay que crear la cultura para que los artistas sepan que esta ley existe, la cumplan y exijan que quienes los contratan hagan sus aportes", pero además este malestar se resolvería si los actores tuvieran más trabajo y mejor pago. En este sentido, cree que la noticia de que el Parlamento aprobó en la Rendición de Cuentas un subsidio de $ 6 millones de pesos destinados a la Federación de Teatros Independientes —que se agregarán a los $ 8 millones que ya recibían— "podría generar, como en un efecto dominó, que aumente la formalidad en el sector".

Mautone no fue uno de los arquitectos de la ley pero sí es responsable de algunos de sus logros, como la firma de un convenio con la Intendencia de Montevideo y con la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), que fijó un tarifario de contratación para estos artistas y técnicos. Aunque los cineastas cumplen su parte, su jubilación no fue contemplada por la ley que acatan. Tampoco la de los artistas plásticos. Ni la de los escritores, que son muchos. Sobre esta indiferencia, Mautone opina: "La ley fue impulsada por las asociaciones gremiales. Y los escritores y artistas visuales, como consecuencia de su propio ejercicio profesional, estaban menos organizados e incidieron menos en la batalla que se dio para que el texto fuera aprobado".

Sin embargo, Varela, de Cooparte, advierte que se está dando "una mala aplicación de la ley". Por esa razón, cuando un escritor, un pintor o un cineasta gana un fondo público y no tiene empresa unipersonal, no le queda otra que cumplir con las exigencias de la institución a través de una factura emitida por una cooperativa o no pueden recibir el pago.

Desde La casa de los escritores, Betty Chiz, su presidenta, cuenta que mantuvieron entrevistas con legisladores para plantear que los escritores sean incluidos en esta ley, pero aún no han obtenido respuestas. Por otro lado, los directores, productores y técnicos de cine no discutieron todavía esta problemática. "Quizás se deba a que tenemos películas desde hace 20 años y es muy reciente", dice Diego Fernández, miembro de la directiva de Asoprod, y explica que en este ambiente suelen abrirse empresas pequeñas para procurar aunque sea una jubilación básica. "Esto me obliga a pensarme como un empresario de pacotilla más que como un artista", dice. Mautone reconoce que con ellos se conserva una deuda y asegura que está trabajando "para que sea saldada y puedan incorporarse" a la norma.

Mientras el reloj corre y la jubilación descansa en un futuro lejano, el actor jubilado Roberto Jones, inspirado en los subsidios vitalicios que reciben algunos artistas veteranos en países como Inglaterra y Argentina, redactó un proyecto de ley que en 2012 presentó el senador blanco Luis Alberto Heber ante la Comisión de Seguridad Social. La propuesta incorpora a todas las ramas del arte y propone crear un Régimen de Reconocimiento Artístico "para todas aquellas personas que se hayan distinguido de un modo notorio contribuyendo al crecimiento e identidad del arte y la cultura".

Los residentes en el país, mayores a 60 años y con al menos un cuarto de siglo de carrera "destacada, manifiesta y perdurable" que soliciten esta gratificación, serán estudiados por una comisión. Si el beneficio se les otorga, la Contaduría General de la Nación se compromete a pagarles 7.000 unidades indexadas por mes (unos $ 25.500), como forma de compensar sus méritos. El proyecto nunca fue discutido en comisión.

Desde que publicó aquel posteo desesperado, Alberto Restuccia recibe cariño y colaboraciones de colegas y seguidores que le agradecen la valentía de haber hecho de su vida una gran obra de arte. Pero hay decenas de otros como él que no tienen Facebook y circulan de asociación en asociación pidiendo algún tipo de ayuda. La lista de ilustrados indigentes crece cada día, dicen los entrevistados, pero aseguran que si no responde el Estado sí lo hará la solidaridad de los artistas, porque, después de todo, ¿quién puede olvidar a sus maestros?

Casi US$ 2 millones al año le cuestan al Estado las pensiones graciables. Este reconocimiento figura desde la primera redacción de la Constitución, en 1830, y busca recompensar “grandes servicios” a la patria. El 45% de los beneficiarios son deportistas y el resto es variado. Por ejemplo, figuran los actores Alberto Restuccia, Beatriz Massons y el músico Julio Cobelli. Mario Varela, de Cooparte, y Sergio Mautone, de Cultura del MEC, explican que uno de los objetivos de la Ley de Estatuto del Artista es limitar la emisión de las pensiones graciables. “En los últimos dos años y medio ninguna solicitud pasó por mis manos”, aseguró el director de Cultura. Desde SUA, Alicia Dogliotti deja en claro que “este camino es un proceso muy, muy largo”. La iniciativa debe partir desde un gremio, institución o ministerio, ser analizada por una comisión y luego votada en el Parlamento. Recién ahí la pensión se convierte en ley. Este sueldo vitalicio ronda los $ 15.000 mensuales.

"Los derechos no pueden depender de la fuerza de un gremio", dice Carlos Rehermann, miembro del Colegio de Escritores. Esta rama del arte quedó por fuera de la ley que se aprobó en 2009, al igual que los cineastas y artistas plásticos, "debido en parte a que estaban poco organizados e incidieron menos en la batalla para que el proyecto fuera aprobado", según entiende Sergio Mautone, director de Cultura del MEC."Yo sabía que iba a terminar mal, todos los artistas lo sabemos", dice Felipe Polleri, y el mismo pensamiento comparte su colega Hugo Burel: "Para mí, jubilarme de escritor es una utopía, a pesar de que llevo 23 libros publicados". Ante este panorama, los artistas consagrados pueden sumar algún dinero mediante las pensiones graciables que son otorgadas por el gobierno y presentándose al concurso por becas a la creación artística (Fefca) que da el Ministerio de Educación y Cultura y que gratifican al autor hasta por $ 320.000 y por una única vez.

Alicia Dogliotti, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores, cree que como toda ley nueva, la que prevé seguridad social para algunos artistas necesita modificaciones. En especial le preocupa el artículo 11, porque a su criterio dejó instalada una grave contradicción. "La redacción quedó fallida, porque dice que si te vas a jubilar por Industria y Comercio pero trabajaste por la cooperativa Valorarte en los últimos tres meses, también quedás jubilado obligatoriamente como artista", explica. De esta manera, todos aquellos actores, músicos y técnicos que logren jubilarse por otro trabajo (la inmensa mayoría) se verían perjudicados si hicieran aportes como indica la ley, ya que de quedar constancia no podrían seguir actuando. "Es eliminar un renglón, pero es todo un proceso", dice en alusión a la demora que lleva la discusión de este reclamo en el Parlamento.

MARIÁNGEL SOLOMITA

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