Si tomamos todos los informes sobre la enseñanza en nuestro país elaborados durante las dos últimas décadas y los ponemos uno sobre otro, seguramente formaríamos una pila de más de un metro y medio de altura.

Si tomamos todos los informes sobre la enseñanza en nuestro país elaborados durante las dos últimas décadas y los ponemos uno sobre otro, seguramente formaríamos una pila de más de un metro y medio de altura.

Es impresionante la cantidad de papel, tinta, tapas duras, tiempo y energía (para no mencionar los discursos) que se invierten en este tema. Y está bien, porque la enseñanza es el instrumento esencial para conseguir el desarrollo económico y, lo más importante, para construir una sociedad más justa.

Esa masa de sapiencia y elocuencia se estrella como si fueran olas contra el sólido acantilado de la inercia institucional, la falta de voluntad política y, sobre todo, la indiferencia en el seno de la sociedad civil. Si los uruguayos dedicáramos una fracción de nuestra preocupación por la seguridad a exigir los cambios profundos que requiere nuestra enseñanza seguramente sería posible abrir una brecha en aquella muralla. Y sería inteligente hacerlo, porque mejorar la enseñanza es la mejor herramienta para evitar que los jóvenes se internen en el camino, demasiadas veces sin retorno, del abandono o la delincuencia.

Pero elegimos persistir con la política de meter más gente en las cárceles (incluyendo tanto a meros procesados como a condenados) cuando lo sensato sería conseguir que más adolescentes sigan asistiendo a la enseñanza secundaria.

Una incorporación reciente a la pila de estudios sobre la enseñanza es el informe “Perspectivas económicas de América Latina 2017” preparado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Este año el tema central es: “Juventud, competencias y emprendimiento”.

El informe señala que “Más de dos tercios de los jóvenes” de América Latina y el Caribe “no están suficientemente calificados, sin educación superior universitaria o técnica superior, lo que plantea un reto para la transformación estructural”. Y agrega: “El nivel de competencias es bajo en la región debido, entre otros motivos, a la baja calidad de la educación primaria y secundaria, y a deficiencias estructurales. Los jóvenes latinoamericanos tienen un desempeño deficiente en lectura, matemáticas y ciencias comparado con sus pares en países de la OECD. Más de la mitad de los jóvenes matriculados en la escuela no adquieren el nivel de competencia básico en lectura, matemáticas y ciencia, según los resultados de PISA”. La región “tiene la mayor brecha mundial entre las competencias disponibles y las competencias que las economías y los negocios requieren”.

Nuestro país se encuentra, en muchos respectos, relativamente mejor que el promedio.

Pero no tiene sentido compararnos con los peores de la clase.

Si deseamos progresar es necesario aprender de los mejores. Y aquí estamos mal. Por ejemplo, en nuestro país el 32,3 % de los adultos tiene educación secundaria completa y el 13,4 % educación terciaria completa. El promedio de los países de la OECD es, respectivamente, 76,0 % y 34,0 %.

Esto ya lo sabíamos. El misterio es porque conociendo nuestras desventajas comparativas no hacemos nada efectivo por remediarlas.