El domingo 22/10, con una elocuente victoria de la coalición gobernante en las principales provincias se terminaron de despejar algunas interrogantes políticas.

Algunos episodios de 2016 y 2017 hicieron temer por la reaparición de fuerzas que pusieran en cuestión la estabilidad política del actual gobierno. La ya tradicional idea de que un gobierno no peronista es incapaz de finalizar un período y que por lo tanto, desaparecida la amenaza de los militares, la única fuerza que puede gobernar es el peronismo, queda sumamente cuestionada.

Los resultados electorales consolidaron la posición del gobierno, mostraron un "cristinismo" reducido a la provincia de Buenos Aires y poca cosa más y un peronismo dividido, con problemas de identidad y liderazgo.

Todo este panorama político parece sonreírle al gobierno de Mauricio Macri, delineando un escenario que además de asegurarle gobernabilidad hasta el final del período, lo proyecta claramente en la búsqueda de un segundo mandato.

Los riesgos parecen concentrarse en la esfera económica donde los resultados están muy lejos de ser satisfactorios.

El problema central se ubica en el fuerte desequilibrio de las cuentas públicas. Este resultado es herencia del gobierno anterior, pero el actual ha operado muy tímidamente sobre sus causas. Además, el discurso ha justificado este comportamiento defendiendo un abordaje "gradualista" de los cambios. A su vez el gradualismo es justificado en la imposibilidad de aplicar terapias de "shock" frente a la realidad imperante en lo social (30% de pobreza) y lo político (ausencia de mayorías parlamentarias) que ha caracterizado estos primeros dos años.

Se inicia un período, que con mucha suerte llega hasta fines de 2018, para implementar reformas que pongan la economía argentina en una senda sostenible.

El gobierno debe aprovechar estos próximos doce meses para acordar un paque- te de leyes que le "aten las manos" a los gobiernos provinciales y de la Nación, de modo que no sea posible incrementar los gastos en términos reales.

El plan podría funcionar si a su vez el crecimiento de la economía es relativamente vigoroso (del orden del 3% anual) durante algunos años (más allá del actual mandato). Sin embargo la apuesta al crecimiento quedará centrada en el sector privado ya que el sector público no debe crecer. Eso implica mejores condiciones económicas para el sector privado (tributarias y laborales) y destrabar el ingreso de capitales para dinamizar la inversión (Reforma del Mercado de Capitales).

El ritmo lento de abatimiento del déficit fiscal lleva a que el expediente de financiarlo con endeudamiento público siga activo, engrosando una deuda que todavía es manejable pero que no puede sostener este ritmo alocado de crecimiento.

El gradualismo pretende generar un dolor más tolerable para la sociedad en su conjunto. Sin embargo genera un problema de "fatiga" del ajuste y se hace insostenible en el mediano plazo para la sociedad y para los que lo financian desde el exterior.

El tiempo de las reformas empezó y si no se logra imprimir un ritmo acelerado y sostenido, más temprano que tarde, los fantasmas del pasado volverán a reaparecer en el escenario político argentino.