UN PAÍS EN CRISIS Y CON EL PESO DE LA DEUDA

Venezuela bajo apremio por la deuda y sanciones de UE

Convoca a una reunión crucial con acreedores, mientras Europa decide medidas.

Firme. El presidente Nicolás Maduro muestra la reproducción de un nuevo billete que entra en circulación. Foto: Reuters.
Maduro muestra la reproducción de un nuevo billete que entra en circulación. Foto: Reuters.

El gobierno de Venezuela, que encabeza el presidente Nicolás Maduro, se encuentra bajo apremio por la crisis económica y financiera que golpea al país, la que se ha traducido en alta inflación y desabastecimiento de alimentos y medicamentos, así como en el riesgo de la cesación de pagos a sus acreedores del exterior, mientras la Unión Europea (UE) aplicará mañana lunes nuevas sanciones al régimen chavista, después de que Estados Unidos las amplió el jueves.

Uno de los problemas que apremia a Venezuela es la deuda externa de US$ 150.000 millones, por la que enfrenta vencimientos por US$ 1.470 millones hasta fin de año. En 2018 debe pagar U$S 8.000 millones.

Surgieron informes contradictorios respecto del cumplimiento de las obligaciones. Hubo informes de que la petrolera estatal Pdvsa estaba cumpliendo con el pago retrasado de US$ 1.200 millones, a lo que se agrega la declaración de la empresa eléctrica estatal Corpoelec de que transfirió fondos para cancelar los intereses de un bono al 2018. La empresa bursátil Stifel Nicolaus & Co. Inc. dijo en un informe que el pago de Corpoelec de US$ 28 millones aumentó las posibilidades que los tenedores de bonos recibieran otros cupones. La firma expresó que la reunión prevista para mañana lunes en Caracas entre el gobierno y los acreedores, "será un determinante muy importante si estos cupones son pagados".

Sin embargo, horas antes la firma Wilmington Trust difundió un aviso de incumplimiento de pago de los intereses de un bono por US$ 650 millones emitido por Electricidad de Caracas, que luego de su nacionalización en 2007 pasó a ser parte de Corpoelec.

En lo que respecta a la deuda de Pdvsa, algunos inversores dijeron que todavía aguardaban el pago.

En horas de la tarde de ayer sábado, el gobierno venezolano ratificó que mañana se reunirá con los acreedores en el Palacio Blanco, situado en el centro de Caracas. "Invitamos una vez más a los inversores a registrarse para participar en esta reunión, enviando un correo electrónico a [email protected]", indicó el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa en Twitter, quien también es jefe de Finanzas de Pdvsa. Precisó que la convocatoria se hace por orden del presidente Maduro.

Zerpa figura en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por corrupción por Estados Unidos, entre los que también está el vicepresidente Tareck El Aissami, quien fue designado por Maduro para dirigir las conversaciones.

Los tenedores de bonos estadounidenses pueden asistir a la reunión, pero se les prohíbe tratos con los funcionarios sancionados, lo que puede determinar que algunos acreedores no participen.

Si Venezuela cayera en default o cesación de pagos, se convertiría en un país marginado de los mercados internacionales, no obtendría créditos y si los obtuviera sería a tasas muy altas, así como puede sufrir el embargo de bienes en el exterior. Asimismo, quedaría expuesta a eventuales represalias de los países en los que los acreedores tienen residencia.

Penalizan.

Además de las dificultades del endeudamiento, Venezuela está ante las primeras sanciones por parte de la UE que recibieron el visto bueno de los países comunitarios el miércoles pasado para que los ministros de Exteriores las aprueben mañana lunes. El castigo diplomático contempla un embargo de armas y de otros materiales sensibles y también abre la puerta a vetar la entrada en la UE de personas vinculadas con la represión interna. Con estas medidas la UE pretende censurar los abusos de poder en Venezuela sin cerrar la puerta al diálogo.

El conjunto de sanciones está orientado a penalizar al gobierno de Maduro por su falta de diálogo sin perjudicar a la población. España ha sido uno de los principales países promotores de esta política, que en un principio fue rechazada por Grecia, y, en menor medida, por Portugal.

Las medidas restrictivas consisten en un embargo de armas y de cualquier material que pueda servir para la represión interna. Las empresas europeas tampoco podrán exportar a Venezuela dispositivos de vigilancia electrónica. La duración inicial de este paquete será de un año.

Además de esas medidas concretas, se crea el marco legal para elaborar una lista negra que incluya a personas vinculadas a los excesos del régimen. De momento la lista permanecerá vacía, pero las personas que eventualmente se vayan agregando tendrán vetada la entrada al territorio europeo y verán ciongelados los bienes que puedan tener en el bloque comunitario.

Ese carácter de baja intensidad que tienen las medidas revela que Bruselas quiere mantener abiertos los cauces para el diálogo. Esta es una de las razones por las que se ha demorado una medida que venía discutiéndose desde el verano, cuando Venezuela desplazó al Parlamento legítimo —la Asamblea Nacional— al convocar a elecciones a la Asamblea Constituyente en julio. Pero, el deterioro de la situación que se ha producido desde entonces ha animado a los países europeos a dar un paso al frente.

La embajada de Venezuela en España pidió a la UE que no viole el derecho internacional con las sanciones. El embajador Mario Isea dijo que aprobarlas sería "una aberrante violación" del derecho internacional y "mostraría que la UE está supeditada a los intereses del gobierno de Estados Unidos". Agregó que "queremos que se apoye la democracia y no a los violentos, que son derrotados en las elecciones. El pueblo no quiere una intervención extranjera. Hay que dejar a los venezolanos que resuelvan en paz y democracia". En el caso concreto de la UE, reclamó "que se vuelva a la racionalidad y se respete la legalidad internacional".

Las sanciones de la UE se suman a las que impuso el gobierno de Estados Unidos, el jueves pasado, a diez altos cargos de Venezuela, entre ellos varios miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y tres ministros. Las medidas incluyen la congelación de los bienes que puedan tener en Estados Unidos.

Santos teme que lleguen millones de venezolanos.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha manifestó en un foro internacional su profunda preocupación por la situación en Venezuela. "Si me preguntas cuáles son mis pesadillas, pues mi peor pesadilla es Venezuela", afirmó, al ser preguntado al respecto, tras recibir en Londres el premio anual del Chatham House, el Instituto Real de Asuntos Internacionales de Reino Unido. El mandatario, opinó que las tensiones internas que golpean al país vecino, con el que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera, pueden afectar también al suyo. "Si hay una implosión en Venezuela, no es que vamos a recibir 500.000 [venezolanos], que es lo que hemos recibido", prosiguió. "Serán millones, y eso va a ser un problema tremendo para el proceso de paz y para Colombia en general". EL PAÍS DE MADRID.

Opositores dejan en suspenso la negociación con el gobierno.

La oposición dejó en suspenso una reunión con el gobierno de Nicolás Maduro para reanudar negociaciones sobre la grave crisis de Venezuela, prevista para el miércoles en República Dominicana, al alegar que el oficialismo no ha aprobado los facilitadores internacionales acordados. "El gobierno no ha dado el visto bueno" a la presencia de los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, "que acompañarán el proceso de negociación para la salida de la crisis política, económica e institucional", señaló la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Delegados del gobierno y la oposición habían anunciado el jueves pasado el encuentro en Santo Domingo.

Ambas partes han protagonizado acercamientos fallidos desde que emprendieron a finales de 2016, a instancias del Vaticano, un diálogo que fue suspendido entre acusaciones mutuas de incumplimientos.

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