El plan está incluido en el proyecto de ley de Salud Mental.

La ley de Salud Mental que fue enviada esta semana al Parlamento por el presidente Tabaré Vázquez, incluye la posibilidad de internar de manera compulsiva, es decir sin su consentimiento, a adictos a las drogas. Un proyecto de ley similar, que había sido impulsado por el expresidente José Mujica, y dado a conocer el mismo día en que se anunció el plan para regular el mercado de marihuana, fracasó durante su pasaje por las cámaras del Parlamento porque gran parte del Frente Amplio estaba en contra.

"La ley establece en algunos artículos la internación voluntaria —que por supuesto es lo que se prefiere y la idea es que se hagan todos los esfuerzos para trabajar con los usuarios y sus familiares para que sea así—, pero hay situaciones en que para proteger a terceros o al propio paciente, es necesaria la internación compulsiva", dijo a El País el ministro de Salud Pública, Jorge Basso.

El proyecto de ley de Salud Mental, que fue presentado esta semana por el Ministerio de Salud Pública (MSP), define "el consumo problemático de sustancias psicoactivas legales o ilegales" como "parte integrante de las patologías de salud mental". El texto señala que "se entiende que la persona presenta un consumo problemático de sustancias psicoactivas cuando el mismo le acarrea problemas en una o más de las siguientes cuatro áreas vitales: salud física y/o psíquica en sentido amplio; sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos íntimos); sus relaciones sociales secundarias (espacios de socialización como trabajo, estudio, recreación, etc.); su relacionamiento con la ley y las agencias oficiales de control social".

Al considerar a los adictos a las drogas tanto legales como ilegales —o sea que alcohólicos también pueden ser sujetos de la intervención del Estado— el tratamiento de estos se regirá, en caso de que la ley sea aceptada por los parlamentarios, por las mismas reglas que quienes sufran otras patologías allí incluidas. Es decir que pueden ser internados por 45 días y vencido este tiempo un órgano contralor, que es creado por la ley, deberá analizar el caso y podrá extender el plazo por 45 días más.

"Lo que la ley de Salud Mental establece es la discriminación positiva, sabiendo que estamos hablando de poblaciones vulnerables, estigmatizadas, y que se requiere una actitud de protección por parte del Estado. En este sentido, lo que se establece es que cuando está en peligro la salud de la persona o de terceros, se podrá llevar a cabo la internación compulsiva. Esta se extenderá por un período de 45 días y luego el órgano contralor tendrá a su cargo supervisar de manera justa, hacer el control social correspondiente y tomar una decisión", precisó el ministro.

El órgano que el proyecto de ley propone crear se denomina Comisión Nacional de Contralor de la Atención de Salud Mental. El mismo estará integrado por un representante del MSP, que lo presidirá, uno de la Facultad de Medicina, otro de Psicología y otro de Derecho. También habrá actores sociales en representación de los trabajadores y de los usuarios de los servicios de salud mental. La Comisión, además, tendrá a su cargo la supervisión permanente de las condiciones en que se realizan las internaciones.

Sobre dónde van a ser internadas estas personas teniendo en cuenta que la nueva ley apunta a terminar con el modelo asilar que proponen instituciones como el Vilardebó y las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi, el proyecto advierte que los prestadores de salud, tanto públicos como privados, deberán brindar una solución.

Desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) ya se trabaja en la creación de casas de medio camino, es decir hogares con pocos pacientes distribuidos en diferentes zonas del país, donde los usuarios tienen mayor o menor nivel de autonomía según la gravedad de su patología —algunos de estos centros ya están funcionando. En tanto, la ley insta a los privados, que hasta ahora no tienen obligación de atender con internación a enfermos de patologías mentales por más de 30 días, a cambiar su forma de trabajo.

"Hay que cambiar las estructuras. El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) tiene que incorporar la atención integral en salud mental. Se tienen que incorporar las casas de medio camino o de apoyos tutelados. Esta es la forma de lograr internaciones breves. Hoy estas experiencias están vinculadas al sector público, hay que llevarlas también a los privados", enfatizó Basso.

El proyecto establece que los prestadores de salud públicos y privados, además de tener que capacitar al personal para atender a pacientes con patologías psiquiátricas, deberán generar "programas y planes" que sirvan a "garantizar la inclusión social" de los mismos y el respeto de sus derechos humanos. El plan advierte también que "las hospitalizaciones involuntarias merecen mayores recaudos", y sobre las voluntarias también se fomenta un "especial cuidado respecto a la obtención del consentimiento informado".

Polémico Proyecto de LeyCARLOS TAPIA