Vázquez criticó a jueces y estos respondieron con el porqué debieron decretar libertades.

La repetida historia de acusaciones entre gobierno y Poder Judicial por la liberación de detenidos por la Policía, tuvo ahora como protagonista al presidente Tabaré Vázquez. Ayer desde Santiago de Compostela (Galicia), en el marco de la gira que realiza por España, el mandatario dijo a El País que se "sorprendió enormemente" tras enterarse de que la mayoría de las personas detenidas tras los incidentes del domingo habían sido liberadas.

El Ministerio del Interior informó el lunes que hubo 206 detenidos. Vázquez dijo a El País al respecto: "Me llama la atención que prácticamente no queden detenidos, cuando hubo una asonada pública. Respeto enormemente al Poder Judicial y su independencia, pero pido y exijo que apliquen la ley con el mayor rigor posible y en este punto voy a trabajar inmediatamente que retorne al Uruguay".

Sin embargo, los jueces y los fiscales que estaban de turno explicaron que los 206 detenidos por la Policía no fueron los que protagonizaron los disturbios. En definitiva, debieron ser liberados por falta de pruebas "como corresponde a un Estado de Derecho", dijo la jueza Blanca Rieiro, una de los cuatro magistrados que estaban de turno con cuatro fiscales.

En el caso de Rieiro, la Policía le informó de 25 detenidos por los disturbios ocurridos en la zona del Cordón. Hinchas que salieron del estadio o que no pudieron entrar destruyeron un patrullero, insultaron a policías e intentaron robarle un arma a un efectivo. En base a las pruebas aportadas por la Policía, la jueza mantuvo detenidos a diez y liberó a los otros 15. El lunes, la jueza procesó al hombre que intentó robar el arma por tentativa de rapiña y mantuvo la situación sobre los otros nueve.

Pero el martes debió dejarlos en libertad. Rieiro explicó que citó a declarar a los funcionarios policiales —que eran del departamento de Soriano, porque el Ministerio del Interior convocó a uniformados de todo el país para el operativo— y no pudieron reconocer a ninguno de los detenidos como participantes de los hechos. "No coincidían las personas detenidas con las que se veían en las filmaciones", señaló.

Por su parte el juez Gustavo Iribarren, quien tenía jurisdicción sobre lo ocurrido dentro del Estadio Centenario y terminó procesando a los siete que se apoderaron de las bebidas rapiñadas por otros por receptación (ver nota aparte), dijo que antes de la hora de inicio del partido, la Policía le informó de 80 detenidos. Cuando preguntó qué delitos habían cometido le respondieron que habían generado desórdenes, o estaban bajo los efectos de estupefacientes. Iribarren explicó que esas son faltas y no delitos, por lo que dispuso la libertad y formó un expediente con esas personas para darle pase al juez de Faltas.

Similar fue la resolución de la jueza Marcela Vargas, quien tenía jurisdicción sobre lo que ocurría afuera del Estadio. La Policía le informó sobre 30 detenidos, pero se trató de hechos menores que no ameritaban investigación judicial.

La fiscal Gabriela Fossatti, quien estaba de turno junto a Vargas, dijo a El País que a instancia suya se armó un expediente y se está indagando lo ocurrido. Para ello pidió a la jueza que solicitara a Interior un informe por escrito de todo lo realizado por la Policía.

Fossatti insistió en que le llamó la atención escuchar que había tantos detenidos, porque ella no recibió una sola llamada. Contó que cuando la Policía detiene a sospechosos de un delito e informa al juez de turno, si el juez no dispone la conducción y la Policía cree que tiene elementos, llama al fiscal para insistir. Y si nosotros se lo pedimos, el juez los conduce a declarar, explicó.

"Si ellos no coinciden con lo que resuelve el juez, me llaman", reiteró. "Si no lo hicieron es porque ellos saben que no tenían pruebas", insistió.

Por último, el juez Huberto Álvarez dijo que en su caso lo llamó un comisario de una seccional y le informó que tenía 24 detenidos. "Se trataba de hechos menores, cánticos ofensivos. Ninguno había cometido un delito que ameritara una investigación judicial", indicó el magistrado.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi no se sumó a las críticas de Vázquez a la Justicia. Dijo que de los 206 detenidos son más de ocho los que resultaron procesados porque a algunos que habían sido liberados se los volvió a detener.

Además, afirmó que esos 206 están todos registrados en las filmaciones de la Policía y si "todas las partes se ponen de acuerdo, no van a poder entrar al Estadio".

Con respecto a los anuncios de Vázquez, quien dijo desde España que cuando regrese a Uruguay se reunirá con autoridades del Ministerio del Interior para "estudiar alguna medida enérgica" con la finalidad de mejorar la seguridad en el deporte, Bonomi dijo que no tuvo contacto con el mandatario, pero informó que su cartera tomó el martes "una serie de medidas en bloque" que serán anunciadas.

También respondió a los cuestionamientos que se le hacen a la Policía por no entrar a la Ámsterdam; dijo que "se maneja con una ligereza brutal porque de repente hay cien armando lío y la Policía tiene que evaluar si con su ingreso disminuye los líos o los agranda".

Sobre los hechos del domingo, insistió en que ocurrieron porque "por primera vez la directiva de los cuadros decidió no dar entradas, y los jugadores no dieron plata para fuegos artificiales y hubo un ¿ah no? Entonces van a ver".

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou opinó que "el responsable último de esta situación es el presidente de la República y es el que se tiene que hacer cargo".

La comisión especial del Senado formada para legislar en materia de Deporte acordó ayer, en una improvisada sesión, convocar para el martes 6 al primer invitado: el titular de la Secretaría Nacional de Deporte, Fernando Cáceres. Como la sesión del Senado se extendió más de la cuenta considerando los proyectos sobre competitividad y el de asistencia a los damnificados por el tornado de Dolores del mes de abril, más una discusión sobre las políticas de descentralización, la comisión de Deporte vio comprometida su reunión prevista para las 15 horas. Entonces sus miembros se pusieron de acuerdo para reunirse en el ambulatorio del Senado, brevemente, y combinaron convocar a Cáceres. Asimismo, se votó al senador Enrique Pintado (FA) como presidente. Esta comisión del Senado fue pedida por el senador colorado Pedro Bordaberry.

"El propósito (de los procesamientos con prisión) no es que sean ejemplarizantes, es aplicar la ley", dijo a El País el juez Gustavo Iribarren, quien procesó a los hinchas que se apoderaron de las bebidas robadas en la Ámsterdam. Si bien el juez admitió que los fallos "tienen consecuencias prácticas en la conducta de las personas", explicó que la prisión obedece a "la gravedad de los hechos (...) El delito de receptación es un desprendimiento del delito de rapiña. Es un encubrimiento de la rapiña, y si bien tiene una pena mínima de seis meses, la pena máxima es de diez años", señaló. Evaluó que cometieron el delito "en un marco de vandalismo y violencia generalizada, en el que se ufanaron y publicaron lo que hacían en las redes sociales". "Uno de ellos aparece abrazado a otro que mostraba un cuchillo", dijo el magistrado.

Además afirmó que a la hora de considerar la prisión preventiva se tendrá en cuenta "la situación personal" de los procesados: que son personas jóvenes, de entre 18 y 24 años, primarios y que confesaron.

Consultado sobre la "sana crítica" a la que hizo mención en el auto de procesamiento para aplicar la prisión, Iribarren explicó que es "un término jurídico" que se refiere al "criterio de valoración de la prueba que no ha de ser caprichoso o arbitrario". Consultado sobre por qué no se detuvo a los "pesos pesados", el juez dijo que hay una investigación en curso y respondió: "Entonces yo, teniendo delitos confesados, ¿no los proceso porque no agarraron a los más grandes?".

Además, se quejó de la "ezquizofrenia social" que lleva a decir que los jueces son blandos si no sancionan a nadie, y cuando se procesa con prisión se dice que son demasiado severos".

DOS VISIONES DE UN MISMO HECHO