Responsables de obras dicen que trabajadores no tienen capacitación necesaria

Culpan a los funcionarios por deterioro de edificios

Mientras que el Gobierno comienza una auditoria para explicar en el INAU el deterioro masivo de nuevos centros de detención de menores y reformas por un monto de US$ 20 millones, profesionales relacionados al proceso de construcción se despegaron del tema asegurando que "lo que funciona mal es el sistema y el uso que se le da a todo en materia edilicia".

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Ex Batallón 9° será investigado junto Ceprili por "malas condiciones edilicias": Foto: F.Ponzetto.

La auditoría a cargo de la dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte que comenzó a investigar cómo fueron concedidas las obras a las constructoras Fedal, Tresor y Calpusa S.A. de forma directa, evaluará qué criterios se siguieron a la hora de aceptar las propuestas arquitectónicas y qué controles se realizaron sobre los trabajos finalizados a la hora de recibirlos.

Fuentes vinculadas directamente a la evaluación y control arquitectónico de los centros penitenciarios Ceprili (en General Flores y Bulevar Artigas) y de las reformas en el ex Batallón 9° (Avenida José Belloni y Aparicio Saravia) dijeron a El País que "no se cumplieron correctamente los protocolos de funcionamiento de los centros por los mismos funcionarios que traen mañas de otros lugares". En este sentido aseguraron que "en el Ceprili se construyó algo de máxima seguridad, moderno, como las cárceles de primer nivel en otras partes del mundo, pero el tema está en que el personal debe de ser instruido para usar todos estos elementos de modernidad".

Sobre el aval de la construcción de los edificios por parte de los arquitectos, fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato dijeron a El País que "en el transcurso de construcción es obvio que hay arquitectos directamente relacionados a las empresas que son las que avalan las etapas que se están llevando a cabo hasta finalizar la obra. Acá (por ambos centros de reclusión) fue así, y por eso todo esto está bajo actas de escribanos que hacen los relevamientos pertinentes".

Según informaron, el deterioro de los centros en tan poco tiempo se debe a que "hay todo un sistema de seguridad asociado al edificio, como por ejemplo los sensores de movimiento en las paredes de las celdas, cámaras, barreras, tarjetas magnéticas, etc., a los que no se les da uso de manera adecuada. Todos estos elementos, iban a favor del edificio, fue diseñado para que no exista vandalismo pero la puesta en marcha del sistema, el funcionamiento final y otros aspectos no llegaron a completarse, todo está disponible pero no está en funcionamiento".

También se informó a El País que "dentro de las paredes de las celdas, que son de hormigón con hierro, hay sensores de movimiento que se usan en los países que tienen terremotos para que si hay golpes en las paredes se detecte rápidamente por el centro de monitoreo central. Es decir que si hay alguien golpeando una pared reiteradamente se supone que las autoridades del lugar lo tienen que detectar de inmediato, eso no pasó nunca, primero porque no está en funcionamiento el detector y segundo porque el personal del lugar no hace el monitoreo adecuado del edificio, como se pensó inicialmente".

Para los responsables de la construcción "los funcionarios manejaron todo a su entender, con su impronta y esto no es así porque no abarcan la totalidad del sistema carcelario. Adaptaron todo a su cotidianidad, desde inventar alargues con cables que no se usan ni en un camping hasta el mal manejo de un sistema totalmente moderno en cuanto a la tecnología que se implementó" sentenciaron.

Por su parte autoridades de la anterior administración del Sirpa fueron consultadas sobre la problemática y dijeron que "se hizo una inspección de los centros en abril del año pasado, cuando se inauguraron, sin que se observaran mayores inconvenientes. En apariencia todo estuvo perfectamente funcionando, el problema tuvo que haber sido otro, igualmente las empresas serán consultadas para ver cuál es la devolución".

EN DIPUTADOS DESDE LAS 11.

El viernes se interpela a Arismendi.

El plenario de la Cámara de Representantes se reunirá el viernes a las 11 horas para recibir a la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, quien será interpelada por el diputado colorado Tabaré Viera a raíz de la situación en varios centros del INAU que gestiona el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) tanto en Montevideo como en Rivera. Ya el planteo del pedido de interpelación hecho por Viera generó polémica por el rechazo de los diputados del Frente Amplio a la instancia bajo el argumento de que la ministra tendrá poco que informar debido a que la justicia está actuando en el caso del Centro de Privación de Libertad (Ceprili). Al fundamentar su apoyo a la interpelación, el diputado Iván Posada dijo que al Partido Independiente lo ha satisfecho la gestión de su representante Dardo Rodríguez en el INAU, pero "en ánimo de la transparencia" merece que el Poder Ejecutivo brinde información. A su vez, el nacionalista Jaime Trobo dijo que lo que sucedió en el Hogar Ceprili "es un tema de gravedad". El diputado Viera lamentó que la bancada oficialista no acompañara "la posibilidad de debatir la rehabilitación de los jóvenes y situaciones que son alarmantes para la sociedad", como la fuga de tres menores que debían testificar ante la justicia, o la golpiza que recibieron los internos del Ceprili. La interpelación tiene el apoyo del Partido Nacional y del Partido Independiente.

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