PROYECTO MINERO

Aratirí lleva a Uruguay a arbitraje por incumplimiento

Dice que decisiones del gobierno lo perjudicaron mucho.

La larga saga del malogrado proyecto minero de Aratirí tuvo otra vuelta de tuerca cuando la familia Agarwal, dueña de Zamin Ferrous, la propietaria del grupo que pretendía extraer hierro en la zona de Valentines, anunció que comenzará un proceso de arbitraje contra el Estado uruguayo. Lo acusa de haber incumplido el tratado de Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y Uruguay al imponer modificaciones al proyecto de exploración que lo hicieron inviable. El semanario Búsqueda dio la información que Zamin Ferrous confirmó en la tarde de ayer con un comunicado.

"Minera Aratirí y sus subsidiarias contaban con varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del Proyecto Valentines. Pero el Gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el Proyecto, y de forma retroactiva", dice un comunicado del grupo.

Un grupo de 100 trabajadores de Aratirí está haciendo un juicio contra el grupo inversor por no haber pagado la mitad sus despidos. Los trabajadores tienen la esperanza de cobrar algo con lo que se obtenga del remate de máquinas y contenedores de Zamin Ferrous que se realizará el mes próximo, dijo a El País el sindicalista Francisco da Silva. El comunicado dice que "el gobierno instó a Minera Aratirí a ubicar uno de los elementos claves de su Proyecto (el puerto que utilizaría para exportar el hierro producido) en un lugar específico, La Angostura, en un lote propiedad del Ministerio de Defensa", y que luego esa cartera negó el uso del lugar.

"Los inversores confiaron en la conducta del gobierno y en sus promesas respecto al proyecto. Y en base a ello invirtieron cientos de millones de dólares en el país en su desarrollo. El proyecto en un momento llegó a emplear casi a 200 individuos y estaba planeado que empleara a miles de uruguayos. Lamentablemente, ello no fue posible debido a la conducta del gobierno, que no cumplió con sus promesas ni sus obligaciones, frustrando así el desarrollo del proyecto y causando muy importantes pérdidas a los inversores", sostiene el comunicado. La firma King & Spalding representa a los demandantes.

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