En un hecho inusual, un grupo de efectivos de Asuntos Internos realizó un operativo en la Seccional 13ª (Jacinto Vera) donde detuvieron a un subcomisario y a dos agentes, y encontraron pruebas de pagos ilegales mediante intimidación.

Los efectivos detenidos tenían guardado en un cajón el dinero entregado por un abogado que era indagado por un caso de apropiación indebida y había sido extorsionado, según se detalla en el auto de procesamiento al que tuvo acceso El País.

El caso involucra a dos agentes de la comisaría y a una mujer calificada de "informante" de los uniformados. Los tres presionaban al profesional para que entregara dinero a cambio de no ser denunciado ante la Justicia. Ambos policías fueron remitidos a la cárcel por concusión (intimidación para obtener dinero en forma ilegal).

En tanto, un subcomisario, superior de los dos uniformados, quedó en libertad, pero es investigado por presunta coima y podría enfrentar un sumario.

En mayo de 2014, María Noel R. (la informante) se contactó, a través de una amiga, con un abogado para poder recuperar la suma de US$ 50.000 que se encontraba en poder de sus suegros, ante la reciente muerte de su pareja.

El profesional concurrió con María Noel R. a entrevistarse con los suegros de ésta. El 9 de mayo, los suegros le entregaron la suma de US$ 50.000. El abogado firmó el recibo. María Noel accedió a que el abogado se quedara con el dinero, ya que ella no estaba en condiciones de abrir una cuenta bancaria para tenerlo a buen resguardo. El abogado se comprometió a reintegrarlo cuando se lo requiriera.

El auto de procesamiento de la jueza de 6° Turno, Fanny Canessa, señala que transcurrieron los meses y María Noel R., necesitada de dinero, comenzó a exigirle al abogado la entrega del mismo. La cliente accedió a que los pagos se efectuaran en forma parcial. En agosto del 2014, el abogado le entregó a su cliente la suma de US$ 15.000. María Noel R. intentó obtener el resto del dinero (US$ 35.000). Pero el abogado no le contestó el teléfono en varias oportunidades. Por esa causa, la damnificada decidió presentar una denuncia en la Seccional 13ª donde prestan funciones el cabo O.R.F. y el agente P.M.V.

Días antes de presentar la denuncia, María Noel R. había sido indagada en una investigación por tráfico de drogas por ambos funcionarios, con los que estableció un "relacionamiento particular".

En el juzgado, los dos policías declararon ante la jueza Canessa y la fiscal de 12° Turno, Adriana Edelman, que María Noel R. era una "informante".

Recibida la denuncia de la mujer, sobre una presunta apropiación indebida, el subcomisario R.R. informó al juez de Turno (Penal 17°), quien decidió que "continúen las averiguaciones y volver a enterar".

El abogado fue citado a la Seccional 13ª en calidad de indagado. En la comisaría, el profesional fue recibido por el cabo O.R.F. y el agente P.M.V. Ambos policías —sin dar cuenta a sus superiores jerárquicos ni al juez— comienzan a procurar que el abogado entregue el dinero a María Noel R.

Consta en las distintas actas que se hicieron en la computadora de personal de O.R.F., la ausencia del número de denuncia que se sustituía por XXX, y la falta de una firma del subcomisario de guardia M.R. Este jerarca declaró en la sede su desconocimiento total de los hechos pese a ser el superior jerárquico de los indagados.

En la primera citación a la comisaría, el abogado sufrió amenazas de distinto tipo: "Estás de vivo, no reconocés la firma; ya mismo te cae un allanamiento en tu casa y en la oficina". Luego lo trasladaron a otro despacho de la seccional bajo permanente acoso: "Voy a buscar la ficha del indagado".

A través de este procedimiento, la mayor coacción que sufría el profesional era que se informaría a la justicia sobre la apropiación indebida. El abogado sabía que no podía reintegrar el dinero que había recibido en custodia de parte de María Noel R. y que, por lo tanto, era pasible de ser procesado.

El objetivo final de la presión era que el abogado suscribiera un documento por el cual reconocía adeudar US$ 50.000 (en lugar de los US$ 35.000 que realmente debía). Según surge de la investigación, la diferencia de US$ 15.000 sería lo que obtendrían los dos policías por su intervención. Finalmente, el documento por US$ 50.000 fue firmado por el abogado. Luego de la firma del documento, los policías lo vuelven a citar a la seccional obteniendo mediante "presiones" y "procedimientos totalmente indebidos", que el profesional entregara en tres oportunidades dinero a cuenta ($ 20.000 el 1° de enero de 2015; US$ 5.000 el día 3 de julio de 2015 y US$ 5.000 el 8 de julio de 2015).

"Todos estos procedimientos fueron realizados por cuenta de ambos funcionarios excediéndose en su función y por fuera de todo protocolo de actuación, y en varias oportunidades estuvo María Noel R. presente", señala el auto de procesamiento de la jueza Canessa.

Al final, el abogado, acorralado y asustado por la situación y sin posibilidad de conseguir más dinero, optó por realizar una denuncia ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Dicha repartición, previo conocimiento de los hechos y autorización por parte de la jueza Canessa, montó un procedimiento por el cual el profesional ingresó a la Seccional 13ª en la fecha convenida a entregar US$ 2.000 que previamente habían sido fotografiados, y portando un dispositivo de filmación oculto.

En el video, se observan a los dos policías recibiendo el dinero. Una vez que el abogado salió de la seccional, ingresaron los funcionarios de Asuntos Internos. Estos efectivos incautaron de un cajón del escritorio del cabo O.R.F., el dinero que había sido entregado y marcado previamente.

"Resumiendo: los funcionarios indagados, abusando de su calidad de tal y del cargo que ejercían, compelieron a un particular a entregar indebidamente la suma de US$ 50.000, en tanto el profesional indagado se apropió de una suma de dinero que le fue confiada con obligación de restituirlo, cambiándole el destino, convirtiéndola en su provecho", dice el auto de procesamiento.

El miércoles 15, en otro juzgado, María Noel R. fue procesada con prisión por un delito de rapiña.

Este es el tercer caso donde una comisaría es intervenida por policías. En julio de 2013, fueron detenidos por cohecho un comisario, dos oficiales y tres agentes del Área de Investigaciones de la Zona 3, sede policial que comanda seis seccionales. El 9 de febrero de 2012, la Justicia ordenó una medida inédita: el allanamiento de la Seccional 3ª (Centro y Aguada) tras recibir una denuncia de un comerciante de una extorsión realizada por policías. Fueron detenidos un subcomisario y dos agentes por "coimas".

El juez especializado en crimen organizado, Néstor Valetti envió a prisión a nueve policías por irregularidades en el manejo de vales de nafta ocurrido hace cuatro años. El caso fue denunciado a fines de 2011 por el comando de la Jefatura de Policía de la época, tras detectar el faltante de unos 8.000 litros de combustible mensuales en el entonces Centro de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma). La maniobra motivó una investigación en la Dirección de Crimen Organizado, que se realizó bajo la supervisión de Valetti.

Dos policías fueron procesados con prisión; un subcomisario es investigado