el crowfounding o el desarrollo de Uber y Airbnb lLEGAN PARA QUEDARSE

Un desarrollo imparable en la economía colaborativa

La transacción de bienes o servicios sin intermediarios, a través de plataformas tecnológicas, caso Uber o Airbnb, crece exponencialmente en el mundo "y llegó para quedarse", afirma César Buenadicha, Especialista del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin-BID), corresponsables de un informe sobre este fenómeno elaborado recientemente junto al IE Business School de Madrid. Sin embargo, tiene sus contrapesos.

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César Buenadicha. Foto: El País

"Los países deben tomar medidas con tiempo y no esperar que llegue el problema para buscarle una solución", afirma el experto. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Qué potencialidad encierra la economía colaborativa?

—La economía colaborativa puede ser algo muy importante para el mayor problema que tiene América Latina, que es la desigualdad. Y en ese sentido, los modelos digitales, que están detrás de la economía colaborativa, pueden abrir las puertas a oportunidades de inclusión social y económica. Dicho eso, también es cierto que la economía colaborativa puede abrir la puerta a temas como la informalidad. Lo importante es —y ese es el mensaje que queremos trasmitir— que lo que no puede pasar es un crecimiento de la industria sin que exista un diálogo y una regulación apropiada.

—¿Qué ejemplos puede citar de diálogo y regulación?

—Por ejemplo, una experiencia piloto que hemos hecho en México con el crowfounding (cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos), nosotros propusimos varias cosas: lo primero, las plataformas tienen que asociarse, autoregularse, y tienen que constituirse en un interlocutor válido para el gobierno. Los actores públicos no pueden hablar una a una con las plataformas, por lo tanto hay que agremiar, asociar a todos los integrantes de ese sector emergente. En segundo lugar hay que desarrollar capacidades en el sector público. Esto ha llegado como una ola de innovación frente a lo cual, la mayoría de los gobiernos de América Latina están bien predispuestos, pero sienten que efectivamente no están del todo preparados. A través del BID vamos a poner en marcha en México una serie de medidas de apoyo regulatorio, llevando consultores para poder proponer una política pública que sea razonable y consensuada con el sector.

—Quizá los dos sectores más afectados por la economía colaborativa hayan sido hasta ahora el transporte y el turismo…

—Es cierto, y frente a ello lo que hay que hacer es sentarse todas las partes involucradas, con capacidades e ideas claras de hacia adónde se puede desarrollar esto para que la transición sea razonable y desplegar una normativa útil sobre todo para el consumidor, el usuario, porque no nos olvidemos que esto puede servir para que mucha gente en América Latina tenga mejor acceso a bienes y productos.

—¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de regular?

—Lo que es importante entender que la regulación de una economía digital como la colaborativa, requiere de una supervisión digital. Es decir, lo que en muchos países nosotros observamos es que frente a modelos digitales que generan mucha información electrónica, el regulador trabaja con papeles, y cada dos o tres meses se envía un informe. Eso no encaja, porque no genera una regulación que aproveche todas las oportunidades de información y supervisión que da la digitalización. Y por otro lado no ponga una carga que abrume con licencias y nuevas regulaciones a los nuevos actores que están surgiendo.

Las regulaciones dependen de sectores, en Estados Unidos y en España se está regulando mucho por regiones. Por ejemplo en el caso turístico, hay regiones que prohíben estadías por Airbnb (plataforma de oferta y demanda de arrendamientos) de más de cinco días, otras que establecen un mínimo, etc. Yo creo que es importante hacer una mesa de diálogo nacional, porque esto tiene mucho que ver con el derecho a la competencia. Abre un sector a nuevos competidores en beneficio de los consumidores. Eso hay que hacerlo de manera razonable.

—Pensemos en el sector taxi, que es uno de los más sensibles…

—Es un sector muy regulado, en el que en muchos países se cobra una determinada suma por la licencia, pero eso no necesariamente redunda en un mejor servicio para el consumidor. Cuando llega Uber, por ejemplo, se elimina esa exigencia de la licencia previa, con un servicio que de acuerdo con muchas encuestas a consumidores, es satisfactorio. En el marco del derecho a la competencia ese tipo de modelos parece positivo. Pero la culpa no la tienen los taxistas, porque ellos no son los que emitían las licencias. Hay que hacer un análisis bien estructurado y bien comprensivo de los sectores, para ver qué requisitos administrativos realmente ya no son pertinentes en el marco de la nueva normativa digital, y quitárselos a quienes está operando ahora.

—El mundo digital resulta imparable…

—No se puede detener. Uber está operando en varios países con varios modelos, con conductores contratados a través de empresas o conductores independientes, y encuentran la forma legal de operar. Pero lo que el taxi debe entender es que eso es imparable y hay que encontrar la forma de adaptarse, pero para ello necesitan de ciertas ayudas públicas. Por ejemplo los taxistas que pagaron mucho por sus licencias, inclusive muchas veces sacando préstamos que hoy con este panorama se hace difícil pagar, reciban alguna ayuda para hacer frente a estos problemas.

—Otro problema es la superposición de servicios…

—Es muy importante entender que si en Montevideo había 3 mil taxistas, hoy pueda pasarse a 6 mil servicios, si Uber está operativo. ¿Y cuál es el número razonable de taxistas? Porque una de las premisas de la economía colaborativa es que se pueda reducir la huella ambiental, y duplicando el número de servicios en una ciudad tampoco estamos logrando ese objetivo. Por tanto, todos los sectores involucrados deben dialogar con la administración y establecer líneas razonables de trabajo. Primero, analizar las barreras y los requerimientos del sector. Que se establezcan medidas de compensación para los afectados, y que en definitiva no sea un todo o nada, o aceptamos Uber o no lo aceptamos. Siempre hay fórmulas de solución para que todos trabajen y el consumidor sea favorecido.

También hay otro elemento: el BID trabaja por la innovación en la región, y a mí me gustaría ver plataformas locales que compitan y ofrezcan también su alternativa. Hay que ajustar si esos modelos digitales internacionales, que llegan con todo un desarrollo y conexiones, permiten el desarrollo de modelos digitales locales.

—Las inmobiliarias en Uruguay se quejan de la presencia de Airbnb…

—Lo que no puede ser es que toda esta discusión se esté dando sin datos. El gobierno de Uruguay o la Intendencia de Montevideo deben arrojar información fiable, en tiempo real, transparente y que permita informarse sobre la política pública. El sistema de transporte, o de los alojamientos turísticos, debe estar recibiendo datos creíbles de una entidad que esté monitoreándolos y que defina qué hacer con todo esto. Uno tiene que entender que no se pueden tomar decisiones sin la información necesaria, y estas nuevas industrias generan mucha información, que tiene un valor tremendo. Uno puede estar a favor o en contra de Uber, pero si paga impuestos, es imposible evadirlos, porque queda registrado digitalmente, lo mismo sucede en Airbnb, donde se genera una trazabilidad que es muy útil para los sistemas públicos. Claro está, yo estoy totalmente a favor que esas plataformas paguen impuestos, pero para pagar impuestos no pueden ser un modelo que se rechace de buenas a primeras. Muchas veces los lobbies locales no aceptan a Uber, sin entrar siquiera en la discusión de si deben tributar o no.

—Usted hablaba de la intermediación financiera como otra área de expansión de este fenómeno

— El financiamiento colectivo o crowfounding, tiene modelos que van desde inversiones en capital, o modelos de préstamo o de recompensa, cuando se dan premios por una innovación, por ejemplo. Cada uno tiene una problemática distinta y oportunidades distintas; para el mundo del emprendimiento el crowfounding es fundamental. Por ejemplo un músico que sube su música para que la gente le apoye y luego poder hacer la maquetación y editar su disco. Cambia la lógica del emprendimiento.

Hay que formar a la gente para una nueva forma de trabajar.

—¿Qué efecto tendrá la economía colaborativa sobre el empleo?

—Sin dudas va a haber repercusiones. Y allí las políticas públicas tienen su función, en capacitar y brindar oportunidades en nuevos empleos que van apareciendo, para minimizar los efectos. Formar a la gente en que entienda este tipo de modelos y como aprovecharlos. Hay una frase de una autora de economía colaborativa que dice que nuestros padres tuvieron un trabajo durante toda su vida, nosotros vamos a tener seis trabajos, y nuestros hijos también, ¡pero todos al mismo tiempo! Eso significa que tenemos que abrir un poco la mente a nivel laboral para entender que la digitalización genera un mundo de multitareas. Todos en mayor o menor medida estamos haciendo más de un trabajo, pero las regulaciones laborales de los países no están adaptadas a esto, es una regulación muy establecida, basada en los principios del siglo XIX. En el siglo XXI las personas van a tener varias fuentes de empleo, fuentes de ingreso simultáneas, con todos los retos de seguridad social, de pensión, que hay que afrontar. Eso representa en resumen, desafíos en formación, retos de modelos laborales con nuevas figuras jurídicas, y además, lo que es clave, la compensación para los afectados. En muchos lados ya se está hablando de una renta mínima para la población. Hay que entender que estos nuevos modelos generan mucho desarrollo pero también perjudican a algunos sectores de la población a los que hay que hay que apoyar con políticas activas de transferencias de fondos.

César Buenadicha.

Especialista Sénior del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) dentro del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC. Licenciado en Derecho y en Economía en Icade, España. Posee un doctorado en Economía.

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