1/1:  20101126 612x400 ()

Eloísa Capurro

Desde un lejano escritorio en Washington el abogado al que la revista The American lawyer llamó "Sr. Corte mundial" estudia a Uruguay. Es que por segunda vez Paul Reichler, graduado en Harvard en 1973, fue designado por el gobierno para representarlo legalmente ante una corte internacional. Esta vez es contra Philip Morris, que inició en febrero de este año una demanda contra el Estado por violar el tratado bilateral de inversiones entre Suiza (sede de la empresa) y Uruguay. Un caso que el gobierno intentó esquivar porque le costará al Estado varios miles de dólares (millones en caso de perder).

"Uruguay tiene un caso muy fuerte y estoy orgulloso de representar al país nuevamente", dice Reichler, excusándose de no poder dar más detalles. "No sería apropiado comentar públicamente un caso pendiente", explica vía mail desde su oficina en el estudio Foley Hoag, una firma con sede en Boston y Washington DC.

Él bien sabe los resguardos que casos de este tipo requieren. En 1984 representó a Nicaragua ante una demanda que el país centroamericano emprendió contra Estados Unidos por el apoyo que este último brindó a los llamados "contras", fuerzas paramilitares organizadas para derrocar al gobierno sandinista. Reichler tenía 36 años; dos años después, ganó.

No fue el único caso que este abogado estrella peleó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En 1998 representó a Uganda cuando la República del Congo acusó al país de intervenir en su guerra civil y en la ocupación de su territorio. En 2007 volvió a representar a Nicaragua (por cuarta vez, siendo ya asesor legal recurrente de los sandinistas) en una disputa por fronteras contra Costa Rica; el caso sigue pendiente. Desde 2009 defiende a Georgia ante los intentos rusos de comenzar una limpieza étnica en áreas ocupadas tras la invasión de 2008. "Reichler bromea con que si uno quiere practicar abogacía internacional en Washington, se puede trabajar para él o para la Oficina de Asesoría Legal (cuyo cliente es el Departamento de Estado de los Estados Unidos); y es él quien tiene los clientes más interesantes. Como descripción del ámbito legal, es tan sólo una pequeña exageración", reseñó The American Lawyer en enero de 2009.

En Uruguay seguramente sea recordado por otras cosas. Reichler fue el líder del equipo que trabajó en la defensa uruguaya ante la demanda que impuso Argentina ante La Haya por la supuesta contaminación de la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM). Siete abogados más de Foley Hoag trabajaron con él, incluyendo socios y asociados de la firma.

"Nuestro primer contacto fue con el embajador uruguayo en Washington, Carlos Gianelli. Él fue quien coordinó las siguientes reuniones en Montevideo", recuerda Reichler. En esos encuentros participaron el ex ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, su director general, José Luis Cancela, y el ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández. "Tras nuestras reuniones en Montevideo, se nos informó que habíamos sido seleccionados para el caso", agrega el abogado.

Siguieron cuatro años de intenso trabajo tras esa decisión. El equipo consultó también a tres importantes abogados internacionales, que no eran miembros de la firma (Foley Hoag cuenta con 230 abogados, 15 de ellos dedicados a la tarea de arbitraje internacional).

En el equipo participó también una abogada con raíces locales. Analía González, egresada de la Universidad de la República en 1999, no pudo resistir la tentación de defender a su tierra natal en cortes internacionales. Para entonces ya se encontraba en Washington DC realizando una maestría en la George Washington University Law School. "En 2006 me enteré a través de El País, que Uruguay había seleccionado a la firma Foley Hoag. Dado que se trataba de un caso de la más alta importancia para mi país y conociendo el prestigio de la firma, contacté a Paul Reichler", cuenta vía mail a este suplemento.

"Fue una experiencia enriquecedora profesionalmente el haber podido apoyar a los mejores especialistas en derecho internacional del mundo en sus discursos frente a los 15 jueces de La Haya. Fue emocionante ver el empuje, la garra, y la total y absoluta dedicación de los profesionales y técnicos del equipo", recuerda.

González, al igual que una abogada proveniente de Venezuela, son hoy las dos latinoamericanas que integran parte del equipo para el caso contra Philip Morris.

"Fue un honor especial para mí trabajar para Uruguay en este caso", recuerda Reichler sobre el litigio contra Argentina. "Lo más importante era si Botnia contaminaba el río Uruguay o no. La Corte falló a favor de Uruguay, por gran mayoría. También encontró que Uruguay había cumplido su obligación de consultar con Argentina antes de la construcción de la planta. Y, aunque sentenció que este aviso no fue realizado de la forma estipulada por el Estatuto del Río Uruguay, lo trató como una violación técnica".

Apoyo internacional. Uruguay no está solo en esta nueva batalla legal. Además de los apoyos de organizaciones internacionales, la ONG Campaign for Tobacco Free Kids ya ofreció asesoramiento en temas de salud y financiamiento que podría llegar al medio millón de dólares.

"Creo tienen un caso muy fuerte. La ley internacional es clara en que Uruguay tiene el derecho de imponer normas para disminuir el consumo de tabaco y que las acciones que tomó están dentro del poder de su gobierno", dice Matthew Myers desde su oficina en Washington. Él es el presidente de Campaign Tobacco Free Kids, que desde hace 15 años trabaja por la promoción de políticas de control de tabaco en Estados Unidos y el mundo.

"Hemos ofrecido asistencia financiera para que Uruguay no tenga que defenderse solo", agregó Myers. En las próximas semanas la ONG afinará junto con el gobierno el monto que destinará; se maneja una donación de 500.000 dólares.

"También hemos hablado con algunos de los expertos líderes del mundo en tabaco, de Canadá, Australia, Irlanda, India, que se han ofrecido a asistir si fuera necesario". Ya sus contactos han dado frutos. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, manifestó su apoyo a través de la Fundación Bloomberg Philanthropies, cuyo programa destinado al tabaco se estima en 375 millones de dólares. La Organización Mundial de la Salud, al igual que la Organización Panamericana de la Salud se manifestaron públicamente a favor de Uruguay en esta demanda internacional.

No es esta la primera vez que un país se enfrente a una tabacalera. Estas multinacionales ya lograron incitar a Indonesia a demandar a Estados Unidos, quien tras la Ley de Control de Tabaco y Prevención del Tabaquismo en la Familia trabó la importación de cigarrillos de clavo de olor producidos en el país asiático. La demanda está en el Organismo de Solución de Diferencias de la OMS. Canadá fue amenazada con recibir demandas similares.

Incluso Noruega debe ahora defenderse de una tabacalera. El país, el segundo en el mundo en restringir el consumo de tabaco en lugares públicos, no logró escapar de Philip Morris. Siguiendo el ejemplo de otros como Irlanda e Islandia, Noruega prohibió la exhibición de cigarrillos en las vitrinas de los comercios, para restringir el consumo impulsivo de tabaco. Philip Morris alega que la medida no ha demostrado tener un impacto efectivo en el consumo de cigarrillos.

"Lo que estamos viendo es un patrón en el uso de los tratados de comercio para amenazar a países y disminuir el poder de decisión de naciones soberanas. Creemos que Philip Morris demandó a Uruguay porque pensó que lo podía intimidar", opinó Myers. En el mundo hay cientos de tratados bilaterales que podrían potencialmente servir para demandas judiciales de tabacaleras.

Y son ciertamente intimidatorias. Se estima que el juicio que emprende Uruguay puede durar entre tres y cuatro años. Un tiempo que el gobierno intentó ganar al anunciar su marcha atrás en algunas medidas emprendidas por el ex presidente Tabaré Vázquez. El anuncio en setiembre de cambios en la legislación contra el tabaco pretendía iniciar una negociación con Philip Morris que no dio frutos.

El próximo 3 de diciembre representantes de la cancillería uruguaya se reunirán con la firma Foley Hoag para seguir analizando la estrategia. Uruguay y Philip Morris ya designaron a sus árbitros ante el Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Philip Morris es representada por la firma suiza Lalive, aunque Qué Pasa logró confirmar que el estudio uruguayo Guyer y Regules está también involucrado en el caso. La firma optó por no aclarar en detalle cuál su participación.

El juicio comenzaría en marzo. Se gastarán cientos de miles de dólares sólo en pagar abogados. Uruguay se está armando para que no sea dinero mal invertido.

millones de dólares es lo que Philip Morris demanda a Uruguay, según versiones de prensa.

años o cuatro puede durar el proceso que comienza en marzo ante el Banco Mundial.

mil dólares aportaría a Uruguay la ONG Campaign for Tobacco Free Kids para el asesoramiento legal.

La tabacalera dice haber sido afectada por la resolución que dispone una única presentación de cigarrillos por marca y por las nuevas imágenes de advertencias que ocupan un 80% del espacio en las cajas de cigarros.