La disputa por el software

La discusión acerca de si utilizar software libre o Windows en el Estado, recién comenzó. Hace un par de semanas, El Observador informó acerca de un proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados y que plantea que la información del Estado esté en programas de formatos abiertos y cerrados.

Pero otros ya se le adelantaron. La Universidad de la República comenzó este año a aplicar, justamente, lo que dice ese proyecto de ley. Se dio un plazo hasta fin de año para que sus funcionarios se acostumbren a que los documentos intercambiables deben ser guardados en programas de software libre. Para eso utilizan "Open office" un programa que se baja de internet de forma gratuita, y que permite guardar archivos en ambos tipos de software. La consecuencia indirecta de esta acción es que los programas que utilizará la Universidad serán, cada vez más, de software libre. "No es sólo por motivos económicos, sino también por la perennidad de los datos. Supongamos que desaparece Microsoft: no tenés más los programas que guardaste con esa extensión. Muchas veces al cambiar de versión, eso ya ocurre", explicó el pro rector Gregory Randall.

La discusión no es menor. En particular si se toma en cuenta que, según un pedido de informes del diputado Pablo Álvarez, entre 2000 y 2005 el Estado gastó 200 millones de dólares en la compra de licencias. Los programas de computación de software cerrado (como lo es toda la línea Windows de Microsoft) exigen la compra de licencias para utilizar sus programas. Los de software libre, en cambio, pueden ser bajados gratuitamente de internet e incluso permiten ser modificados por el usuario, adaptando el programa a sus necesidades personales.