"Las patentes pueden frenar el avance de la ciencia"

Llegó a ser el economista jefe del Banco Mundial, pero sus heterodoxas ideas hicieron imposible su permanencia en el organismo. Luego de ganar el Premio Nobel en Economía en 2001 (compartido con George A. Akerlof y Michael Spence), denunció las políticas de las principales instituciones financieras internacionales en el libro El malestar de la globalización (2002). En Comercio justo para todos (Taurus, $ 580, distribuye Santillana) presenta, junto al investigador de la London School of Economics Andrew Charlton, nuevas ideas para lograr las aperturas de los mercados globales sin perjudicar a las naciones más débiles.

La cuestión. ¿Deben excluirse las propiedades intelectuales de los acuerdos comerciales entre los países?

La respuesta / Comercio justo para todos

En La guerra de los tres trillones (aún sin traducción al castellano), el economista le disputa a la actual administración estadounidense el costo de la guerra en Irak, alegando que la opinión pública fue y sigue siendo engañada.

Gran parte de la actividad de innovación más importante se produce fuera de la esfera de la propiedad intelectual. Detrás de las invenciones asociadas con la energía atómica o el láser había descubrimientos básicos en física. Tras el ordenador se escondían descubrimientos fundamentales matemáticos. La investigación de fondo que subyace a la innovación práctica en casi todos los campos sucede en las universidades y en los laboratorios de investigación públicos, y pocos de estos descubrimientos están protegidos por la propiedad intelectual.

En muchos casos no es ni deseable ni práctico que esto suceda. A menudo las aplicaciones que dan valor de mercado al descubrimiento ocurren años después del descubrimiento original (más allá de la vida normal de la patente). Las ideas dan origen a otras ideas, y no existe manera de establecer qué ideas resultaron ser fundamentales en la creación de las ideas que las siguieron.

Y lo que es más importante, debería reconocerse que la recompensa material proporciona poca de la motivación para la mayor parte de esta actividad intelectual. Sin duda, no podría pasar sin apoyo financiero. Los salarios de los investigadores tienen que pagarse y si el apoyo finaciero es lamentablemente inadecuado muchos investigadores potenciales desviarán su atención a otras áeras. Sin embargo, hay escasas evidencias de que una protección más fuerte de la propiedad intelectual pudiera generar una mayor corriente de ideas de base.

El conocimiento es un bien público, y esto se cumple especialmente en relación con los frutos de la investigación básica, que es por lo que los gobiernos tienen una importante responsabilidad en su mantenimiento. La protección a la propiedad intelectual, por lo tanto, constituye sólo una parte -y no la más importante- de lo que podría llamarse "nuestro sistema de conocimiento e investigación". El dar un mayor respaldo a esta parte concreta del sistema podría en realidad dañar otros de sus aspectos e impedir el avance de la ciencia. Hay que señalar que el sistema bajo el que se realiza la investigación básica es uno muy abierto en el que las ideas se mueven libremente y en el que, de hecho, los científicos se esfuerzan considerablemente en diseminar sus ideas y animar a otros a usarlas. En muchos aspectos, esto es lo opuesto a las premisas que hay detrás de la propiedad intelectual, que busca restringir el uso del conocimiento, limitándolo solo a aquellos que están dispuestos y capacitados para pagar.

Por lo tanto, ya sea en el seno de la OMC o mediante un foro alternativo, se necesita crear un nuevo régimen de propiedad intelectual que equilibre más cuidadosamente los intereses de los usuarios y los productores de conocimiento y contribuya en cierta medida a cerrar la "brecha del conocimiento" Norte-Sur.

En algunas áreas, es incluso necesario que las leyes de patentes sean más débiles para proteger la salud pública y fomenta el desarrollo. Con este propósito podría ampliarse el uso de licencias obligatorias y la utilización de patentes por parte de los gobiernos. Muchos gobiernos en los países desarrollados tienen ya fuertes leyes nacionales para el uso público de patentes. Bajo la 28 USC Sec 1498, el gobierno de Estados Unidos puede usar patentes o autorizar a terceras partes el uso de patentes para virtualmente cualquier uso público, sin negociación. Los propietarios de la patente no tienen derecho a pedir requerimientos judiciales ni a pedir compensaciones a través de un litigio por daños. Otros países desarrollados tienen leyes igualmente permisivas. Antes del NAFTA, Canadá concedía de manera rutinaria licencias obligatorias sobre productos farmacéuticos con el propósito de reducir los costes sanitarios gracias a la amplia disponibilidad de medicamentos genéricos. Canadá asignaba royalties a los titulares de las patentes, normalmente del 4 por ciento del precio de venta del competidor genérico. En fuerte contraste, y a pesar de la crisis de salud pública provocadas por el VIH/sida, ningún país africano ha emitido una licencia obligatoria para ninguna medicina.

En La guerra de los tres trillones (aún sin traducción al castellano), el economista le disputa a la actual administración estadounidense el costo de la guerra en Irak, alegando que la opinión pública fue y sigue siendo engañada.