CARLOS PAGNI - LA NACIÓN

Por primera vez, el 28 de octubre, los argentinos decidieron confiar la presidencia del país a una mujer. Ese día, Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones por 45,29% de los votos. Si se exceptúan los anómalos comicios de 2003, en los que Carlos Menem se retiró sin participar de la segunda vuelta, es el porcentaje más exiguo con que se haya consagrado un mandatario desde la restauración democrática, en 1983.

Sin embargo, el gobierno surgido ese día es, en términos institucionales, el más poderoso de ese ciclo: de 257 diputados, 148 le serán favorables. Y de 72 senadores, lo respaldarán 48. El 10 de diciembre pasado, ocurría otra rareza: también por primera vez un presidente, Néstor Kirchner, depositó los atributos del mando en manos de su esposa.

Pero la novedad más impactante no está en estas curiosidades estadísticas. Aparece en el alineamiento social del voto. La candidatura de la señora de Kirchner fue rechazada de manera muy homogénea por los sectores medios radicados en las grandes ciudades. Perdió en la Capital Federal, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en La Plata, en Vicente López, en San Isidro. En cambio fue la preferida allí donde más agudas son las necesidades insatisfechas de la población.

Este entredicho con la clase media urbana es crucial para el nuevo gobierno ya que la candidatura de Cristina Kirchner fue concebida como una vía para recuperar el encanto perdido de su esposo ante aquella franja del electorado.

Un sector importante del gobierno interpretó que la senadora Kirchner podría recuperar el encanto hacia los sectores medios urbanos que signó el ascenso de su esposo. En campaña se la exhibió como una dirigente cosmopolita, más propensa al diálogo y mejor predispuesta a emprender mejoras institucionales. Pero el electorado al que estaba dirigida esa presentación rechazó la oferta. Y el nuevo gobierno quedó reducido a la base social del peronismo clásico.

Si el electorado no quiso ver en la candidatura de Cristina Kirchner el giro que se sugería con su postulación, ella tampoco lo produjo al diseñar su gobierno. El elenco que colaboró con su esposo en las materias más importantes se mantiene en las mismas posiciones en el nuevo gabinete. La estrategia de organizar la administración en dos alas en tensión permanente, encabezadas por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por el ministro de Planificación, Julio De Vido, sobrevivió a Néstor Kirchner.

Además, se confirma la concentración en la toma de decisiones como método de gestión. Cada ministro debe convivir con funcionarios que no designó, sino que le son impuestos desde la Presidencia, del mismo modo que fue desterrada la costumbre de reunir al gabinete: dispositivos destinados a evitar que alguien distinto al matrimonio gobernante conozca la orientación general de su política.

Estos rasgos de tenaz continuidad han instalado una duda que Kirchner había sabido despejar durante su gobierno, cuando se lo creía un ahijado sumiso de Eduardo Duhalde, su antecesor: la pregunta acerca de la verdadera autoridad de la nueva presidenta.

El interrogante aparece sobre todo cuando se advierte que el nuevo gobierno ofrece respuestas similares al anterior ante una agenda económica que presenta interrogantes cada vez más inquietantes. El crecimiento de cuatro años a tasas de 9% comenzó a presentar distorsiones. En principio, tres. Primero, la elevada inflación, que economistas independientes calculan en 20% y el gobierno en menos del 10%. Como su esposo, Cristina Kirchner ratificó los controles de precios y defendió la manipulación de las estadísticas que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La inexistencia de una estrategia anti-inflacionaria más sofisticada comienza a complicar discusiones salariales y se ha convertido en un factor de conflicto con los tenedores de bonos de la deuda soberana que ajustan según el índice de precios.

El segundo problema es el elevado gasto público, que el gobierno afronta con impuestos cada vez más altos a las exportaciones de commodities, sobre todo cereales e hidrocarburos, aprovechando los excepcionales precios internacionales. Esas retenciones sobre el comercio exterior se ven facilitadas por una política de "dólar alto" que aumenta la rentabilidad de los exportadores pero convierte al país en un gran importador de inflación.

Aun con esa mejora en los ingresos, la cuestión fiscal se ha vuelto delicada ya que, en parte por la manipulación del índice inflacionario, a Argentina se le han cerrado los mercados convencionales de crédito. La fuente externa más generosa es el Tesoro venezolano que compra títulos públicos por aproximadamente 2.000 millones de dólares por año. La posibilidad de que el nuevo gobierno emprenda una interlocución distinta con el mercado financiero está por ahora descartada.

Cristina Kirchner también confirmó en sus lineamientos generales la política energética de su esposo. Es decir, la exacerbación de la demanda a través del retraso tarifario (un consumidor domiciliario de gas o electricidad paga en Buenos Aires la sexta parte que uno en San Pablo o Santiago), con consecuencias previsibles: baja inversión privada en el sector y exigencias importantes sobre el Tesoro para enfrentar los emprendimientos indispensables que garanticen la oferta mínima, lo que agrava la restricción fiscal.

Si las dificultades crecientes en el comportamiento de la economía no lucen dramáticas, es porque los precios internacionales de los productos que ofrece Argentina en el mundo alcanzaron subas inéditas.

Y además, los rasgos más arcaicos del modelo de poder se muestran menos costosos para el oficialismo por otra peculiaridad de la época: colapsada la UCR, la política argentina sigue sin contar con una fuerza capaz de equilibrar el peso territorial del peronismo. La Coalición Cívica que encabeza Elisa Carrió o el PRO de Mauricio Macri, están basadas en liderazgos de opinión carentes de organización partidaria. Es el desafío más relevante que le espera a la oposición a Cristina Kirchner durante los próximos cuatro años, si es que en algún momento pretende convertirse en alternativa de gobierno.

Ahora le toca el turno a la microeconomía

FRANCISCO SANZ GUTIÉRREZ, EL COMERCIO DE LIMA

CARGADO DE DESAFÍOS internos y de encuentros multilaterales viene el 2008 para Perú. Uno de los retos mayores provendrá de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Al margen de la satisfacción del gobierno por coronar con éxito unas trabajosas gestiones que arrancaron en el régimen de Toledo, urge abocarse con ahínco a lo que medios y analistas han bautizado como el TLC interno.

Los casi 80 meses de crecimiento económico consecutivo (en los últimos a una tasa de entre 6% y 8%) se suman a expectantes cifras sobre producción, exportación e inversión extranjera, un cóctel que ha llevado a Marcelo Giugale, director del Banco Mundial, a avizorar que Perú puede ser una de las estrellas económicas de América en unos años.

Además de mantener los buenos indicadores a nivel macro, tal es la tarea que se le impone ya mismo a este gobierno: traducir el éxito económico en la microeconomía de la gente, porque lo incómodo de este éxito es que va desapareciendo la excusa para postergar los reclamos de los pobres, que representan el 45% de la población de este país.

Es para ellos en especial y para la ciudadanía en general para lo cual es necesario llevar a cabo este TLC interno. "El TLC para adentro no es un decreto, es una labor de día a día", llamó a trabajar Mercedes Aráoz, ministra de Comercio Exterior.

Infraestructura y educación asoman como los aspectos impostergables de atender este año. Solo la veloz multiplicación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes de telefonía y electrificación rural y obras de irrigación permitirá la inclusión de aquellos alejados de las facilidades y servicios que debe dar el Estado.

El régimen aprista parece cumplir su promesa de aumentar anualmente en 0,25% el presupuesto designado a la educación, aunque no le alcanzará para llegar al 6% del PBI en el 2011, cual era su compromiso.