FRANCISCO RESÉNDIZ

En los últimos 30 años, México ha consolidado cambios de fondo en su entramado electoral como respuesta a crisis derivadas de condiciones políticas y sociales que atentaron contra la democracia y que en cualquier momento habrían detonado conflictos violentos de gran envergadura.

México tendrá en 2008 un nuevo marco legal para la celebración de elecciones, que estará a prueba en el proceso de renovación del Congreso federal en 2009. Académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México asentaron que esta reforma que se consolida es de "claros y oscuros", pues si bien atiende los problemas que llevaron al país a la convulsión política de 2006, aún hay pendientes en materia de transparencia de las fuerzas políticas nacionales.

"Los partidos han dilapidado el momento histórico para consolidar reformas que garanticen su transparencia", asentó el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, John Ackerman.

Hoy México consolida la llamada "reforma electoral de tercera generación", mediante la cual -con cambios constitucionales y a las leyes secundarias- se ha prohibido la intervención de particulares, iglesias y gobernantes en elecciones y la contratación de pautas publicitarias en radio y televisión.

Pero la sociedad civil organizada -como el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral- ha lanzado enérgicas críticas contra este proceso, con el argumento de que es una reforma que beneficia a los tres principales partidos políticos nacionales: el oficialista Partido Acción Nacional, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó al país durante 70 años.

Irma Eréndira Sandoval, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advierte que las reformas electorales han sido en respuesta a crisis derivadas del tema de la democracia. Indicó que el desarrollo del entramado electoral mexicano se tiene que ver desde una perspectiva histórica.

"Las tres reformas surgen como respuesta a momentos conflictivos: en los 70, fue el asunto de la guerrilla; en 1996 respondió al conflicto político que se vivió en 1988 (con la controversia electoral entre el oficialista Carlos Salinas de Gortari y el izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas) y ésta, que es una respuesta reformista al conflicto social de 2006", apunta Sandoval.

México tiene una población aproximada de 110 millones de habitantes con 31 estados independientes y un Distrito Federal (ciudad México), cada uno con su congreso, leyes y autoridades electorales. El padrón electoral lo integran 74.600 millones de ciudadanos (48 % hombres y 52% mujeres).

Alberto Aziz Nassif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) indicó que en los últimos 30 años los componentes de conflicto y reforma han marcado los cambios del aparato electoral mexicano. Pese a algunos avances, había malestar social por el financiamiento que recibían los partidos, y la intervención de la radio y la televisión. Aziz Nassif explica: "Se había entrado en un esquema demasiado mediatizado de las campañas".

"El conflicto del 2006 dio pie a la última reforma, básicamente para modificar las condiciones de competencia en materia de medios de comunicación, los procesos de fiscalización de partidos -mediante un nuevo árbitro con más fuerza y sin obstáculos como el secreto bancario y fiscal- y la reestructura a fondo del Instituto Federal Electoral, el IFE".

El IFE es el órgano encargado de organizar, vigilar y realizar el cómputo de los comicios nacionales (se realizan cada tres años para elegir a 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional y cada seis años para elegir presidente y senadores). Además de organizar y contar los votos, el IFE se encarga de distribuir recursos públicos a los partidos políticos, pues el financiamiento privado está prohibido. Sólo en 2007 se invirtió en los ocho partidos políticos con registro, unos 250 millones de dólares.

Concluida la convulsión política por el conflicto postelectoral derivado de lo cerrado de la elección presidencial de 2006, surgieron señalamientos de partidos, candidatos, y de la sociedad civil organizada.

Todos coincidieron en que la democracia mexicana es muy costosa, en que las campañas son muy largas y que no hay mecanismos confiables que ayuden a aclarar los comicios cuando la diferencia entre ganador y segundo lugar es muy pequeña. Ante eso, la Cámara de Senadores impulsó una nueva reforma del Estado, aprobada el pasado 12 de setiembre.

En ella se establece el derecho de réplica como una garantía elevada a rango constitucional; se recorta el presupuesto y los recursos económicos en forma sustancial a los partidos y campañas electorales y se da acceso a todos los partidos a medios electrónicos de comunicación de manera proporcional.