1/3: Custodia. Las declaraciones juradas de funcionarios son guardadas celosamente, pero faltan muchas. 400x400 ()

2/3: Adios. El general Licandro se va de la comisión de ética del Frente Amplio. 400x400 ()

3/3:  lata 400x400 (El País)

El sábado 13 el general retirado, Víctor Licandro, cofundador del Frente Amplio, expuso en el Plenario Nacional de esa fuerza política las razones de su renuncia al Tribunal de Conducta Política. Junto con Licandro, también habían abandonado sus cargos Carlos Gómez Haedo y Juan Olivera. Lincadro, de 89 años, ejercía la presidencia del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio desde 1994.

El general Licandro, un histórico del oficialismo, denunció las dificultades del Tribunal de investigar las presuntas irregularidades que involucraban a integrantes de su fuerza política. Aseguró que el Tribunal se vio frustrado a la hora de investigar la conducta de los frenteamplistas que hoy están en el gobierno. Solicitó información sobre la actuación del director nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa, en la pérdida de 14 millones de dólares cuando estaba al frente de los casinos municipales y sobre la las razones que llevaron al ex senador, Leonardo Nicolini, a usar un carné de pobre para ser atendido en el Hospital Pasteur.

No le dieron ningún dato.

La renuncia de Licandro provocó roces en la interna del oficialismo. El ministro de Educación Jorge Brovetto respondió a Licandro asegurando que no es el Tribunal de Conducta Política el que debe juzgar al gobierno.

El Plenario Nacional del Frente nombró a los nuevos integrantes del Tribunal: José Pedro Montero (Asamblea Uruguay), Germán Lezama (Vertiente Artiguista), Juan Carlos Ferreira (Partido Socialista), Uberfil Monzón (MPP), Enio Martínez (Fidel) y la ex dirigente sindical Jorgelina Martínez y el ex diputado socialista Guillermo Chifflett.

Este último también opinó sobre el affaire Bengoa y las declaraciones volvieron a generar un incidente entre el ministro de Economía Danilo Astori y el ministro Brovetto. Para Astori, Chifflet prejuzgó a Bengoa al afirmar que el actual director nacional de Casinos debería dar un paso al costado.

Esa imposibilidad de actuar sobre presuntos casos de corrupción parece bastante similar a la que sufre el Estado, cuyos organismos de contralor de la corrupción están con las manos atadas o sencillamente son ignorados por los gobiernos de turno.

Y no es que no tengan trabajo. Desde 1990, varios jerarcas fueron procesados por ilícitos en la administración pública. Ministros, directores de bancos y asesores privados de ex presidentes colorados y nacionalistas integran la larga lista de jerarcas o figuras con poder, que abusaron de su cargo en provecho propio. Esa lista investiga presuntas irregularidades que involucran a funcionarios del gobierno de izquierda.

La frase más aplaudida de Tabaré Vázquez durante la campaña electoral "Podemos meter la pata, pero nunca la mano en la lata" debió ser adecuada, a dos años y medio de gobierno, por el propio presidente: "Y si lo hacen, le cortamos la mano", además de reconocer que "nadie está libre de este flagelo". Una indirecta para los funcionarios de su administración que están siendo investigados por la Justicia en una nómina que incluye viajes y viáticos de ex directores del Banco Hipotecario hasta el carné trucho del ex senador Nicolini.

Así, las denuncias de corrupción salpican a todos, sea cual sea el partido que está en el poder.

La Justicia penal trabaja este año en 10 causas que involucran a jerarcas y ex jerarcas en denuncias de estafa, conjunción de interés público y privado, fraude, abuso de funciones y falsificación entre otros delitos. Las sospechas sobre irregularidades caen sobre más de 30 ciudadanos que integran o integraron la privilegiada fila de funcionarios públicos.

Una Junta sin muchos efectos

Los delitos contra la Administración Pública previstos en el Código Penal más comunes son: peculado, (apropiación de dinero u objetos públicos) fraude (engaño en actos o contratos de la administración en beneficio propio o ajeno), concusión (abuso del cargo a partir de la inducción, transferencia o promesa a un tercero de dineros públicos u otro provecho), cohecho calificado (que retarda u omite un acto en beneficio de un tercero y recibe dinero a cambio) y abuso de funciones.

Según datos de la Junta Anticorrupción entre 2001 y 2005 tuvieron eco en la justicia 41 denuncias por cohecho calificado, 55 por concusión, 136 por peculado, 18 por soborno, 83 por fraude y 45 por abuso innominado de funciones.

Hoy la mayoría de las denuncias que investiga la Justicia parten de las auditorias ordenadas por el presidente Vázquez al asumir en 2005. Pero la oposición no se quedó atrás y contraatacó con más denuncias, pedidos de informes y comisiones investigadoras. Sólo en los casos de OSE y Antel la Justicia ya se pronunció.

De compras estatales

Detrás de varios de los casos que salen a la luz, hay irregularidades, observaciones e ilegalidades que fueron advertidas por organismos de contralor. Pero que nadie escuchó o quiso escuchar. Y eso que se referían, por ejemplo, a la negociación de contratos millonarios con el Estado. Justo ahí es donde los controles se vuelven más vulnerables y en algunos casos el sistema uruguayo quedó atrasado con respecto a la región.

En junio de este año, la Junta Asesora en Materia Económica Financiera, más conocida como Junta Anticorrupción, advirtió al presidente Vázquez que sus directores y jerarcas no estaban cumpliendo con la ley 17.060 de diciembre de 1998 ni la ley 17.556 de setiembre del 2002, que obliga a la publicación en la página www.comprasestatales.gub.uy de todas las transacciones de compra que realizan los organismos. "Nosotros detectamos en esa tarea de verificación que había incumplimientos graves" reconoció Mariela Muniz, secretaria general de la Junta. "Si no se sabe qué se compra, es muy difícil de controlar cuánto dinero salió y en qué se gastó".

No era la primera vez que la Junta denunciaba estas faltas. Ya lo habían hecho en la memoria anual de diciembre de 2006 pero no había tenido mucho eco.

La denuncia molestó al presidente. Tanto que emitió un nuevo decreto que "recordaba" a sus jerarcas la obligación que tenían.

"Sólo están cumpliendo en forma cabal dichas obligaciones legales los organismos dependientes de la Administración Central", acusa el nuevo decreto. Las irregularidades se constataron en entes autónomos y servicios descentralizados y en los gobiernos departamentales. Casualmente dónde se realizan la mayor cantidad de compras estatales y dónde se mueve la mayor cantidad de dinero.

Vazquez mandató a los organismos y obligó a todos a cumplir con la ley y dar publicidad de las licitaciones públicas y abreviadas, de las contrataciones excepcionales y los actos de reiteración del gasto por observación del Tribunal de Cuentas con un plazo de 10 días de realizada la transacción. La Junta realiza un nuevo monitoreo de la situación para volver a presentar un informe a Presidencia a fin de año. Esperando que el rezongo del presidente haya surtido efecto y los organismos cumplan con las obligaciones que manda la ley.

Sólo eso puede hacer la Junta Anticorrupción. Fue creada por ley en 1998 como consecuencia de la adhesión de Uruguay a la Convención Interamericana contra la Corrupción para monitorear y controlar la gestión en la administración pública.

Pero la Junta nació con dificultades. Sólo el debate sobre las potestades y cometidos de este nuevo organismo llevó a los legisladores uruguayos más de dos años. Finalmente el Parlamento no otorgó a la Junta la potestad de investigar actos de corrupción política como estaba en el proyecto original. No se le autorizó a citar funcionarios, realizar inspecciones, examinar documentos ni solicitar pericias contables. El decreto del Ejecutivo llegó un año después, en noviembre de 1999, en plena campaña electoral.

"Nosotros actuamos a requerimiento del órgano judicial. En ese caso nos pronunciamos de lo que se nos pregunta en ese tema. Pero no podemos actuar ni investigar de oficio. A veces se nos quieren formular denuncias y nosotros debemos remitir esas denuncias al fiscal de corte para que el a su vez determine según las normas legales cuál es el magistrado competente para intervenir No lo tenemos permitido", dijo Muniz.

La Junta sólo puede expedirse sobre las causas que le consultan por lo que su trabajo depende de la voluntad de los denunciantes. Y a veces esa voluntad no existe. Si bien la consulta a la Junta aumentó significativamente, su opinión no parece ser tenida en cuenta en todos los procesos judiciales contra los funcionarios públicos.

En todo 2000 y 2001 sólo realizó dos asesorías a la Justicia. En 2005 fueron redactados para la Justicia 13 informes. En todo 2006 fueron enviados 14 informes entre los que se encuentran la investigación sobre publicidad oficial del Banco Hipotecario, la causa de Antel sobre irregularidades en la gestión anterior y las presuntas irregularidades del directorio del Banco Central durante la crisis de 2002.

La Junta no ha intervenido en las otras causas contra ex jerarcas que fueron denunciadas en 2006.

Mucho menos son las consultas que hacen los propios funcionarios o jerarcas sobre posibles irregularidades o ilegalidades en su gestión o la de sus organismos. La Junta sólo realizó 22 informes para la Administración Pública en todo el 2005 y todo el 2006. En lo que va del 2007 ya fue consultada cinco veces por los magistrados y otras 27 por organismos públicos

Anualmente unos 9.000funcionarios y ex funcionarios públicos deben presentar a la Junta Anticorrupción una declaración jurada de sus bienes e ingresos. Pero aquí también se detectaron faltas. Casi 2.000 funcionarios y ex funcionarios no lo hacían voluntariamente. Entre ellos había diputados, directores de ministerios, comisarios y muchos ediles e integrantes de la Junta local. La Junta debía notificarlos para que actualizaran la información. Luego de varios avisos, si mantenían la falta, la Junta los declaraba omisos y publicaba sus nombres en la página web: un 2% del total de obligados. Si bien el porcentaje era bajo, el Comité de Expertos de Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción aconsejó a la Junta una mayor rigurosidad en este aspecto. Finalmente logró que el Parlamento sancionase la ley 18.046 y a partir de octubre de 2006 a los omisos se les retiene el 50% de su sueldo hasta que regularicen la situación. La nueva sanción tuvo sus efectos. En junio de este año 133 funcionarios en actividad de 18 organismos estatales fueron declarados omisos. Después de la retención del sueldo, lograron que 41 de ellos presentaran la declaración jurada.

Al 14 de setiembre 172 funcionarios y 419 ex funcionarios no presentaron su declaración jurada a la Junta Anticorrupción. De los funcionarios en actividad la inmensa mayoría son ediles de juntas locales, que no reciben remuneración y por lo tanto, no se les puede retener ningún sueldo. Igualmente están obligados a presentar su declaración jurada como señal de transparencia. La lista de ex funcionarios omisos incluye al ex diputado Orlando Gil Solares, varios comisarios, ediles locales, ediles departamentales y hasta el ex funcionario de aduanas devenido contrabandista, Adolfo Gil Ribeiro. Durante todo 2006 la Junta dispuso la apertura de 112 declaraciones juradas; 105 de ellas por disposición de la Justicia Penal.

La Junta reclama más potestades y más recursos para investigar. El Comité de Expertos de Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaboró una serie de recomendaciones para que nuestro país aplique plenamente los principios de la Convención.

En el documento sobre Uruguay publicado en 2006, el comité observó que la Junta no tiene la potestad de utilizar las declaraciones juradas para detectar actividades ilícitas y evitar conflictos de intereses. Custodia las declaraciones en sobre cerrado. Nada saben de su contenido salvo cuando es solicitado expresamente por la Justicia y poco sirven las declaraciones para prevenir. En el caso de las declaraciones juradas, el informe sugiere sanciones más severas para los funcionarios o ex funcionarios declarados omisos. Además propone ampliar el régimen de infracciones y sanciones para los que no informen de su situación patrimonial.

El comité cuestionó también el bajo número de procesamientos por el delito de conjunción de interés público y privado. A su vez, recomendó prestar atención al alto porcentaje de licitaciones realizadas por el Estado que fueron observadas por el Tribunal de Cuentas. La falta de una ley de acceso a la información es uno de los aspectos más cuestionables del informe. Todas las recomendaciones del comité de expertos está siendo estudiada por la Junta Anticorrupción a la espera de un proyecto que incluya todos los cambios sugeridos.

El Tribunal de Cuentas es el organismo por excelencia en el control de la gestión pública. El gobierno y la oposición llevan más de 30 meses discutiendo quiénes integrarán el Tribunal de Cuentas sin ponerse de acuerdo. El contrato entre Pluna y Leadgate fue la única observación del Tribunal de Cuentas que tuvo eco en los jerarcas y parlamentarios. Pero, históricamente, el Tribunal no es tenido en cuenta por las administraciones.

Las observaciones que realiza no son eficaces. No hay una ley que obligue a los organismos a cumplir con las observaciones. Ni hay sanciones previstas para quién no la cumpla. Basta con que el organismo observado reitere el gasto para que este se haga efectivo. El Tribunal envía la reiteración de gasto a la Asamblea General para su estudio. Pero casi nunca se pronuncia. El Parlamento no analiza sus resoluciones. Ni siquiera ha creado una comisión para estudiar los informes y recomendaciones del Tribunal.

No todas las observaciones y resoluciones del organismo publicadas en sus memorias anuales deben asociarse con delitos contra la administración pública. Muchas son faltas leves o errores en la interpretación o aplicación de normas que regulan la gestión pública. Pero lo cierto es que también pueden ser una señal de alerta sobre dónde podrían gestarse casos de corrupción. El Tribunal de Cuentas observó los gastos de publicidad de OSE, la venta del Banco Pan de Azúcar, los gastos de viáticos y viajes de los directores del Banco Hipotecario, entre otros.

En el primer año del gobierno de Vázquez el Tribunal de Cuentas realizó sólo en los organismos de la Administración Central 8172 observaciones. En el 2004 había realizado 4407. Los datos del 2006 se publicarán recién en diciembre de este año.Durante el 2005 el tribunal observó 57.733 de gastos que en su forma no se ajustan a los procedimientos legales que se requieren. Aproximadamente un 3% del total de los gastos que se procesan.

En la Administración Central el porcentaje del gasto observado fue 3%. Del total del gasto en el Presupuesto Nacional de 2005, el Tribunal de Cuentas observó 924 millones de pesos. El Ministerio de Salud Pública reiteró 6.092 gastos que fueron observados por el organismo. El 4% de lo gastado por esa cartera no se ajustaba a los procedimientos establecidos en el TOCAF. En los 10 entes autónomos y servicios descentralizados se observaron casi la misma cantidad de gastos que en Presidencia de la República y todos los ministerios: 8.805 resoluciones, unos 2.247 millones de pesos. El 30% de los gastos de OSE fueron observados. En los gobiernos departamentales se observaron 39.235 gastos en todo el país, 1.268 millones de pesos. El Tribunal realizó 181 auditorias que fueron comunicadas a la Asamblea General; 25 en Presidencia de la República.

Con respecto a las contrataciones directas, el TCR observó la ampliación de la contratación de cuatro ascensoristas bomberos y un guardia de bombero por 565.667 pesos en el Ministerio de Economía; el contrato directo del Ministerio de Turismo con el argentino Grupo Clarín por 450 mil dólares para publicidad del país en Argentina y la contratación de publicidad estática en eventos deportivos por 163 mil dólares. También observó la decisión del BPS de contratar directamente el servicio de operación mantenimiento y desarrollo de sistemas de distribución recaudación nominada afiliaciones y opciones entre enero y diciembre de 2005 por 160 millones de pesos y al BROU en la contratación del servicio de mantenimiento de 23 cajeros durante el 2005 por 1.4 millones de pesos y el arrendamiento de un local para sucursal del banco por 10 años a 950 mil dólares. En OSE también se cuestionó la contratación de un servicio de mantenimiento de informática por cinco meses a un costo de 5.000.000 de pesos. La Intendencia de Montevideo fue observada por la contratación directa del servicio de mantenimiento y asistencia técnica en sala de slots en los casinos municipales.

También con la llegada del nuevo gobierno, los legisladores oficialistas siguieron los lineamientos históricos del Frente Amplio y pusieron en práctica las promesas de la campaña electoral. A instancias del diputado José Mahía de Asamblea Uruguay se conformó una Comisión Investigadora encargada de estudiar la gestión de UTE, Ancap, OSE, Antel, Correo y los bancos Hipotecario y de Seguros del Estado en el período 2000-2005.

Desde su creación investigó la actuación de los ex directores del BHU (y derivó la información recabada a la Justicia), los ex directores de Antel y UTE. Sin embargo, la comisión no obliga a comparecer a los ex jerarcas y contó con poco quórum. En el caso de Antel, la comisión envió su información a la Justicia, pero fue archivado. La gestión de UTE recién comienza pero sólo lograron que compareciera el ex director Juan Gabito. Las sesiones se retrasan y los citados se niegan a asistir, ya que no hay nada que los obligue. Tres entes en 31 meses no es un buen promedio y todavía resta estudiar la gestión del Correo, Ancap y los bancos públicos.

Desde la oposición se critica la actitud de los legisladores oficialistas que piden la convocatoria de ex jerarcas a las comisiones que ellos solicitaron, pero que no votaron la creación de nuevas investigadoras para esta administración. En los dos años y medio de la administración Vázquez fueron propuestas cuatro comisiones investigadoras. Sólo alcanzaron los votos suficientes, la convocatoria para indagar sobre la gestión de los entes en la administración Batlle y la que investigó la actuación de la ministra de Desarrollo_Social, Marina Arismendi, y el senador Eduardo Lorier en los incidentes en la Colonia Berro en 2005. La oposición rechazó que se instale una comisión para investigar la gestión de los casinos públicos (vinculado al caso Bengoa) y sobre el supuesto cargamento con municiones que fue encargado a Venezuela.

El informe de Transparencia Internacional de 2007 ubica a Uruguay en el puesto 25 en el ranking de índices de percepción de corrupción a nivel mundial. Tres lugares encima del ranking de 2006. El índice de percepción de la corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional analiza las percepciones sobre la corrupción en el sector público de 180 países. La escala va del cero al 10, donde el cero indica altos niveles de corrupción percibida y el 10 niveles bajos. Uruguay tiene un 6,7, por debajo de Chile con 7,0, pero muy por encima de Brasil con 3,5 y Argentina, 2,9.

La publicación destaca a Uruguay y Canadá como dos países con una mejora en los índices de percepción de corrupción en los últimos años. Pero aclara que "igualmente deben llevarse a cabo acciones para remediar los riesgos aún existentes". "Mejoramos tres lugares, lo que indica una tendencia. Pero esto no quiere decir que no haya corrupción. No tenemos una situación inmaculada", opinó Roberto Gossi, presidente de Uruguay Transparente.

La corrupción para los uruguayos es un fenómeno que los alarma, pero que poco pueden hacer para evitarlo. El 50% de los ciudadanos piensa que "mucha gente" o "casi todos" los funcionarios de los servicios públicos están involucrados en corrupción, según el último estudio sobre corrupción publicado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. El 20% piensa que "casi nadie" o "un pequeño número".

Los políticos, la aduana, la burocracia, la policía y los empresarios son los organismos dónde la población percibe más corrupción. Así lo constata el último informe sobre corrupción elaborado por el Instituto de Ciencias Políticas a pedido de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera.

Según este mismo estudio, para los empresarios los organismos más corruptos son la Aduana, los partidos políticos, la burocracia y la policía. Para los funcionarios públicos: los políticos, la burocracia, Aduana y los medios de comunicación.

En una encuesta a empresarios uruguayos elaborada por la consultora KPMG (Corrupción y fraude en el Uruguay 2005/2006) el 77% consideró que hay corrupción en el nivel público y el 34% de esos empresarios debió lidiar con un funcionario público comprometido por un conflicto de intereses.

"Hay que lograr una avance de la cultura, pero también lograr una cultura de transparencia y combate a la corrupción. Para que las medidas tengan efecto tiene que haber un compromiso político fuerte. Tenemos que lograr esos consensos para que el combate a la corrupción sea una política de estado. Para esta Administración o para las que vengan", dijo Gossi.

Para Uruguay Transparente varios factores estructurales facilitan el surgimiento de los casos de corrupción. Nuestro país no cuenta con una legislación actualizada en materia de delitos económicos. Ni magistrados especializados en el tema. Además, Uruguay detenta el lamentable récord latinoamericano de carecer de una ley de acceso a la información pública. Y tampoco posee una ley de financiación de partidos políticos.

Sumado a esto los organismos encargados de controlar y vigilar, no pueden investigar. "El Tribunal observa gastos y no se tiene en cuenta. La Junta Anticorrupción sólo tiene carácter consultivo y tampoco tiene demasiadas potestades. Lo ideal es que esos organismos de contralor, tengan una potestad mayor. Que puedan ejercer un verdadero control sobre el Estado", añadió Gossi.

Para muestra basta un botón. Hace 30 meses que oficialismo y oposición discuten sobre la integración del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral y las cuotas para los partidos políticos._Eso sí, ninguna discusión ahondó concretamente en un compromiso de la Asamblea General de tratar alguna vez, las observaciones del Tribunal de Cuentas.

CASINOS MUNICIPALES. La jueza Fanny Canesa investiga la responsabilidad del hoy Director Nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa en las pérdidas de los casinos municipales por más de 14 millones de dólares cuando éste era Director Municipal de Casinos entre 2000 y 2005. También están bajo investigación sus ex asesores Orestes González Braida (actual director de Loterías y Quinielas) y José Antúnez. Ante las irregularidades denunciadas la propia Intendencia de Montevideo debió realizar una auditoría interna. El documento concluyó que la comuna estuvo pagando por un mantenimiento que no correspondía y por más máquinas que las existentes. El propio intendente Ehrlich decidió derivar los antecedentes a la justicia. También el Tribunal de Cuentas observó las contrataciones y los montos pagados por la Intendencia a estas empresas.

Hoy la justicia indaga si Bengoa incurrió en abuso de funciones y conjunción de interés personal y público al contratar a determinadas sociedades anónimas para proveer de slots a los casinos municipales. Según publicó Brecha, varias de las empresas contratadas coinciden en dirección teléfono y en algunos casos directivos. Además habría un vínculo familiar y personal entre los integrantes de esas sociedades anónimas y los encargados de gestionar las salas de juego.

La investigación de Brecha denuncia que la directora de MACALE SA una de las empresas que arrendó la IMM por un año, fue la esposa del primo hermano del asesor Orestes González. Otra de las empresas arrendatarias Libretol fue fundada el 2 de enero de 2002, y entre esa fecha y el 7 de diciembre de 2003, quien figuraba como presidente era el primo de González Braida. Ambas figuran con la misma dirección.

CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO (CND). En marzo, el juez Homero Da Costa investiga la denuncia de irregularidades presentada por el actual directorio del CND contra 20 ex jerarcas del organismo. Se realizó una auditoría de la gestión anterior y se hizo una denuncia penal por pérdidas de 60 millones de dólares en 20 años. Las irregularidades fueron denunciadas por la izquierda, pero recién este año se presentó formalmente la denuncia penal. Sin embargo no se pudo señalar ilicitudes concretas de los anteriores directores. Sólo denunciaron falta de imparcialidad, ausencia de documentación, probidad y transparencia. Incluso el actual director de la CND, Álvaro García declaró ante el entonces fiscal de la causa Enrique Moller que no sospecha de la existencia de irregularidades a priori. Son citados a declarar por el juez Da Costa, Enrique Vispo, Agustín Barbato, Milka Barbato, Mauricio Geppert, Pablo Cristina, Robert Horta, Flavio Piccioli, Carlos González Álvarez, José Ignacio Otegui, Washington Abdala, Daniel Supervielle, Julio Gemeli, Servando Arillaga, Carlos Rodríguez Cabruna, Angel Alegre, Alejandro Conforte, Julio De Brun, Aldo Bonsignore, Carlos Garat y Cristina Montes.

La denuncia se suma a un expediente del 2002 que investiga una supuesta conjunción de intereses de los directores de la CND en el caso MIGRANJA a instancias de una investigación de la Auditoría Interna de la Nación. El juez Homero Da Costa indaga desde 2002 el millonario salvataje de la CND a Migranja a raíz de la denuncia del diputado nacionalista Carlos González Alvarez. El fiscal Moller entendió que Rodríguez Batlle incurrió en conjunción del interés pesonal y del público al votar desde el BROU créditos para la empresa. El delito habría prescrito.

En 2000, el juez Balcaldi archivó el caso sobre presunto delito de estafa de los directores de la CND. Inversores argentinos había acusado a la entonces presidenta Milka Barbato de idear una maniobra para engañarlos en la venta de un terreno. Según el denunciante la CND promocionó la venta de un terreno para construir un barrio country cuando no estaba habilitado por la IMM. El terreno fue vendido en 1,4 millones de dólares cuando su precio real no superaría los 300 mil dólares.

OSE. Los actuales directores de Ose presentaron la denuncia penal que terminó con el procesamiento con prisión de los ex directores del gobierno de Jorge Batlle, Carlos Rodríguez Landoni y Hugo Granucci. El juez García pidió al Parlamento el desafuero de los ex directores Juan Justo Amaro y Alberto Casas pero no fue otorgado. Rodríguez Landoni pagó una fianza de 150 mil dólares y se encuentra en libertad condicional. La defensa de los jerarcas colorados apeló la decisión.

ANTEL. El directorio presidido por la Ing. María Simón denunció a Gabriel Gurméndez, Samuel Erlichman y Carlos González Álvarez por ilícitos en la adjudicación de pubilicidad oficial cuando ellos integraban el directorio del ente más importante del país. Sin embargo el juez Luis Charles no encontró méritos para procesarlos y el expediente fue archivado.

BHU. La jueza Gabriela Merialdo investiga, a instancias de la denuncia del directorio actual del Banco Hipotecario, producto del resultado de siete auditorías internas irregularidades en las administraciones anteriores. Esta nueva acusación comprende los períodos 1995 y 2000 donde se gastó 30 millones de dólares en publicidad. La denuncia fue presentada a la fiscal Guianze que ya investigaba una denuncia por ilícitos en la adjudicación de publicidad oficial del banco. La denuncia incluye presuntos abusos abusos de funciones y gastos excesivos en viáticos del presidente Salomón Noachas y los directores Jorge Conde Montes de Oca y Jorge Saachi. Las auditorías descubrieron gastos millonarios de directores a congresos de Minería en Sudáfrica, Malawi y Hawai. Sacchi gastó por viajes 172 mil dólares, Conde 103 mil y Noachas 98 mil. El Banco también pagó por la operación de próstata de Noachas en Estados Unidos y la operación de rodilla de Jorge Saachi.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES. La comuna canaria derivó a la Justicia casi 40 denuncias penales por presuntas irregularidades cometidas por la administración Hackenbruch. La investigación de la comuna canaria detectó maniobras ilegales desde la expedición de libretas truchas hasta la expedición de conformes que no involucraban arrendamientos de obra pública. Los mismos carecían de resoluciones ni expedientes que lo avalaran. A su vez el ex intendente Tabaré Hackenbruch, su suplente, Nery Fernández y la ex Secretaria General, Marianella Medina, denunciaron penalmente a las actuales autoridades municipales de Canelones por difamación.

CASO SATENIL. La adjudicación directa de la explotación de los espacios publicitarios callejeros en Maldonado a la firma Satenil S.A. por parte del intendente frenteamplista Oscar de los Santos lleva más de dos años de enfrentamientos en el departamento. El diputado frentista Darío Pérez, integrante del MPP acusó a De los Santos de violar la constitución. En el conflicto han mediado el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y el ministro José Mujica. El intendente De Los Santos devolvió en diciembre a la Junta Departamental el veto de interpuesto contra la resolución que encomendó anular el contrato con Satenil en diciembre de 2005. La Junta Departamental y la Justicia investigan si hubo más irregularidades tras las denuncias de tres ediles blancos que señalan que la Intendencia contrató en octubre a Satenil para el proyecto "Recuperación Plaza Artigas" inicialmente y que luego fue ampliado sin el control del Tribunal de Cuentas. La comuna alegó razones de urgencia pero no conformó a la oposición. De los Santos reconoció en varios medios que el contrato había sido observado por el TCR pero sin embargo la Asamblea General no se había pronunciado sobre esa observación.

BENITO STERN. El ex ministro de Turismo, ex intendente de Maldonado y ex director de Antel y dirigente del Foro Batllista, Benito Stern, fue procesado sin prisión en agosto de 2002. El juez Roberto Timbal (11° turno) le tipificó el delito de abuso de funciones. Stern pagó la fianza con su casa de Punta del Este estimada en 150 mil dólares. Junto con Stern, fueron procesados el ex director del Ministerio de Turismo Juan Rodríguez Siri -prisión por un delito continuado de abuso de funciones en reiteración real y de falsificación o alteración de documento privado en calidad de coautor-, el ex subdirector de Turismo Juan Miguez -prisión por los mismos delitos que el anterior sumado a dos delitos de violencia privada-, y Guillermo Vonrotz -procesado sin prisión por reiterados delitos de uso de documento privado falso-. El procesamiento había sido solicitado por el fiscal Enrique Moller en agosto de 2000. La defensa de Stern presentó en esa fecha un pedido de nulidad y la clausura de la investigación por presuntas maniobras fraudulentas, aduciendo que la Constitución no permite juzgar a los ministros por los actos realizados durante su gestión. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno resolvió con votación dividida la clausura de las actuaciones judiciales en marzo de 2001. En abril de 2001 Moller presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, entendiendo que Stern no tenía fueros parlamentarios y sí podía ser juzgado. En junio de 2002 la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia en primera instancia e indicó que Stern podía ser sometido a proceso. En abril de 2003, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno confirmó el procesamiento de Stern. La sentencia confirmó que esa cartera "llevó una contabilidad falsa e irreal con notorio desprestigio de la Administración". El tribunal falló y entendió que Stern "dictó actos administrativos ficticios a favor de beneficiarios con la oculta finalidad de disponer de fondos para su gestión pública. No era por falta de dinero sino porque era utilizado con fines ilegales". El Tribunal de Apelaciones de 2° turno consideró que el ex ministro de Turismo Benito Stern, debió ser procesado y condenado con pena de cárcel, ya que los delitos que cometió se castigan con un mínimo de dos años de penitenciaría. Hoy vive en Punta del Este.

SALOMÓN NOACHAS. Fue presidente del Banco Hipotecario (BHU) durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y los primeros meses de la administración de Jorge Batlle. Renunció en enero de 2001 a su cargo en el BHU luego de comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento por irregularidades en la adjudicación de viviendas a familiares. En junio de 2003 fue procesado con prisión por dos delitos de concusión. Noachas les adjudicó a su hija y su esposa dos apartamentos en Punta del Este. La jueza Aída Vera Barreto entendió, además, que Noachas, ejerciendo como presidente del BHU, persuadió a funcionarios para que actuaran "fuera de la ley en provecho propio y de su familia". La defensa de Noachas no apeló pero pidió la excarcelación y la prisión domiciliaria de su defendido, ya que Noachas había sufrido una intervención quirúrgica. Estuvo recluido en Cárcel Central pero cinco meses después, luego de un informe médico del director del servicio de salud de la cárcel y de su médico particular cumplió arresto domiciliario. Pagó una fianza de 10 mil dólares. Hoy Noachas está retirado de la política y dedicado a la actividad empresarial. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno de Maldonado revocó la sentencia del juzgado que obligó a la hija de Noachas a devolver el apartamento. El Banco Hipotecario había comenzado un juicio para recuperar los apartamentos que Noachas adjudicó a su familia, en la Parada 5 de Playa Mansa, pero en enero, la Justicia falló a favor de su hija.

DANIEL CAMBÓN Y JULIO GRENNO. El ex presidente del Banco de Seguros (BSE) durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Grenno, y el ex asesor presidencial, Cambón, fueron procesados el 26 de octubre de 1995 por la jueza María del Rosario Berro por delito de abuso de funciones, cuando fueron detectadas irregularidades en la adjudicación a la firma Resinbal del "marcaje" de automotores licitado por el BSE. Más de cinco años después de iniciadas las investigaciones fueron sentenciados. En 2002, luego de la apelación de la defensa, la Suprema Corte ratificó la condena. Cambón fue procesado por delito de conjunción de interés personal y público. Le fue impuesta una pena de 500 unidades reajustables con descuento de la preventiva cumplida y la inhabilitación especial por seis años. Cambón cumplió arresto preventivo junto al ex ministro de Economía Enrique Braga. Actualmente vive en Key Biscaine, Florida, Estados Unidos.

ENRIQUE BRAGA. El 16 de octubre de 1996, el ex presidente del Banco Central y ex Ministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, fue procesado y enviado a prisión por irregularidades en la venta del Banco Pan de Azúcar. Fue tipificado el delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley con una pena de 24 meses de prisión con descuento de la preventiva cumplida y la inhabilitación especial por seis años. Cuando en 2000 la Justicia dictó sentencia ya había cumplido la pena. El Herrerismo, sector al cual pertenecía Braga, insistió siempre con su inocencia y cuestionó la resolución de la Justicia. Enrique Braga falleció en octubre de 2000. En 2003 su sector político publicó un libro reivindicando al ex ministro del gobierno blanco.

MARIO AREÁN. En abril de 2003, la fiscal Mónica Ferrero investigó las actuaciones del ex secretario privado del entonces intendente de Montevideo, Mariano Arana, a raíz de una investigación del semanario Brecha. Entre los hechos que indagó la Justicia figuran el tráfico de influencias en la concesión de la cafetería del atrio del Palacio Municipal a la confitería La Llave, en una licitación del Parque Rodó adjudicada a W Lounge, en la del parador del Parque Batlle y en la adquisición de dos vehículos. El caso fue archivado por falta de méritos. El Tribunal de Conducta del Frente Amplio que también analizó la causa Areán, concluyó que éste era "un operador político con amplias posibilidades de intercambio de favores y que constituía un interlocutor privilegiado de empresarios poderosos". Entre los funcionarios de la Intendencia que actuaron como técnicos independientes en los negocios de Areán figuraba el entonces Director Municipal de Casinos, Juan Carlos Bengoa. El 30 de marzo de 2003 Areán renunció a su cargo de secretario personal del Intendente Arana. Abandonó el emprendimiento Complejo Bahía, por el cual también fue cuestionado por tráfico de influencias, cuando dio concordato y cerró.

LEONARDO NICOLINI. A comienzos de 1996, el diputado Leonardo Nicolini (por entonces del sector Izquierda Abierta del FA), con el apoyo de la bancada del Frente Amplio presentó una denuncia penal por presuntas coimas en la compra de material médico y tecnológico del Estado uruguayo a la empresa paraestatal española Fomento del Comercio Exterior (Focoex). Nicolini presentó como prueba tres faxes que implicaban a hombres del Partido Nacional en el negocio pero la justicia entendió que esos documentos eran falsos. El entonces diputado de Asamblea Uruguay fue sometido al Tribunal de Ética del Frente Amplio. Además el Senado con mayoría blanca y colorada le inició juicio político que culminó con la suspensión de la calidad de diputado de Nicolini por seis meses a partir del 20 de marzo de 1997. Nicolini renunció a su sector Asamblea Uruguay y en 2005 se sumó al MPP. El juez Luis Charles, que investigó las denuncias de Nicolini, archivó la causa Focoex. Diez años después de ese caso, Nicolini, convertido en senador oficialista, participó en un confuso incidente que implicaba el uso de un carné de pobre.