Por buenas razones, muchas voces se han elevado en contra de la detención de 660 de los denominados "combatientes enemigos" —por tiempo indefinido y violando la Convención de Ginebra de 1949— en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. El presidente George W. Bush protegería mejor a los estadounidenses y sus intereses si se rigiera por el derecho internacional y las tradiciones de su país.
Las críticas provienen de aliados de Estados Unidos como Gran Bretaña y Australia, de grupos de derechos humanos y de la Cruz Roja, así como de oficiales militares y diplomáticos de Estados Unidos ya jubilados. Los detractores intentan recordarle a los olvidadizos dirigentes en Washington por qué sus predecesores firmaron y ratificaron originalmente la Convención de Ginebra.
Si Bush sigue usando la excusa de una guerra indefinida en contra del terrorismo para incumplir la Convención de Ginebra, ¿qué justificación tendrán él o sus sucesores para exigir un trato legal a ciudadanos estadounidenses sometidos a un cautiverio igualmente ilegal? Fue para proteger a estadounidenses capturados que se ratificaron las garantías recíprocas de la Convención de Ginebra en 1955, que así se convirtieron en ley en Estados Unidos. (...)
En una maniobra que ha alimentado la maquinaria propagandista antiestadounidense, Bush ha buscado formas de evadir la Convención de Ginebra al catalogar de manera gratuita a los detenidos de Guantánamo como "ilegales combatientes del enemigo". Empero, la Convención de Ginebra exige que debe reunirse un "tribunal competente" para determinar, caso por caso, si el detenido no amerita el estatus y la protección de un prisionero de guerra. (...)
Bush debería repatriar a los prisioneros de guerra, acusar y enjuiciar a presuntos terroristas, y poner en libertad a otros detenidos que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Estados Unidos no debería transgredir la ley en su persecución de criminales de Al-Qaeda.
Editorial de The Boston Globe, sábado 25.