Siervos modernos

Carla Power, Newsweek

Al leer el folleto de venta del castillo de Amhuinnuidhe, nadie imaginaría que en Escocia se está gestando una revolución. Las satinadas páginas muestran fotos del majestuoso castillo ubicado en la isla de Harris, lleno de trofeos de caza, tapices y retratos de aristócratas escoceses.

También hay imágenes de los 220 kilómetros cuadrados de terreno circundante —verdes colinas y cristalinos arroyos llenos de salmones— y de cazadores con trajes de tweed que exhiben orgullosos las presas obtenidas. Pero en ningún momento se menciona que el nuevo señor del castillo, que tiene derecho a cobrar alquiler a los agricultores y aldeanos que nacieron, viven y trabajan en esas tierras, podría dejar de disfrutar estos beneficios dentro de poco tiempo.

Esto se debe a una radical ley de reforma del régimen de propiedad de la tierra que el Parlamento escocés espera aprobar a fines de este mes y que permitirá a los plebeyos comprar las tierras en las que viven. Anticipándose a la nueva legislación, un grupo de 750 arrendatarios de Amhuinnsuidhe liderado por el dueño de una estación de servicio local, David Cameron, ha presentado una oferta para comprar la propiedad por 4,5 millones de dólares.

Si la venta se concreta, "la población local tendrá la posibilidad de decidir sobre la tierra en la que vive y trabaja", dijo Cameron con ojos empañados por las lágrimas. La emoción emana de la historia: en la todavía feudal Escocia, donde apenas 1.200 personas poseen más de dos tercios del total de la tierra, la posibilidad de que los plebeyos se convirtieran en propietarios hubiera provocado risas hasta no hace mucho tiempo.

Creada hace cuatro años en virtud de la mayor autonomía otorgada por Londres, la asamblea legislativa escocesa ha convertido la reforma del régimen de tenencia de la tierra en su principal caballo de batalla. La iniciativa, típica de los regímenes nacionalistas, ha despertado sentimientos especialmente fuertes en Escocia, donde durante siglos los lores ingleses —y, más recientemente, los jeques árabes y otros millonarios extranjeros— han comprado enormes propiedades que usan apenas unas pocas semanas al año para ir de cacería.

El 23 de enero, los legisladores escoceses discutirán un proyecto de ley que permitiría a los pobladores comprar las tierras en las que viven, aunque el señor local no quiera venderlas. De aprobarse la ley, los precios de las tierras serán determinados por tasadores independientes y las ofertas de los pobladores tendrán prioridad sobre las demás. Los campesinos de las tierras altas escocesas dejarían entonces de ser el equivalente moderno de los siervos feudales para convertirse en amos de sus propias tierras.

Los terratenientes escoceses han tachado el proyecto de ley de "comunista" y de ser "del estilo de Mugabe", en referencia al presidente de Zimbabwe que le ha dado a sus compatriotas negros libertad para invadir las tierras de los granjeros blancos. Los defensores de la ley la consideran una victoria de la democracia y una muestra de independencia escocesa con respecto a Londres y a los intereses de los terratenientes hereditarios simbolizados por la Cámara de los Lores británica

Pocos discuten que el cambio es necesario desde hace tiempo. Después de todo, es difícil ignorar el hecho de que el 80% de la tierra escocesa está en manos del 0,08% de la población, una concentración de la propiedad casi cien veces mayor que en el resto de Europa occidental.

¿Ajuste de cuentas?

Tradicionalmente, las grandes propiedades escocesas, a menudo poseídas por extranjeros ricos y ausentes, han sido compradas y vendidas sin preguntar la opinión de los agricultores y aldeanos que allí viven. Muchas veces, los arrendatarios recién se enteran de que las tierras han sido vendidas cuando ven que cambia el titular en sus facturas de arrendamiento.

Los pobladores tienen que pedir permiso al dueño de las tierras hasta para plantar árboles o ampliar sus cabañas. "Mi terrateniente es dueño de los salmones que hay en el río frente a mi casa", explicó Angus Graham, secretario de la Unión Campesina. "Es dueño de los pájaros, los ciervos y los minerales". Los propietarios también controlan las posibilidades de desarrollo local. Hubo uno que prohibió la construcción de un embarcadero para que llegara un ferry a su isla. Otro no permitía a sus arrendatarios emplear sus casas como posadas. "Ellos dictan la vida de la comunidad", dijo Alasdair Morrison, un miembro del Parlamento escocés.

El dueño del castillo de Amhuinnsuidhe, Jonathan Bulmer, es un rico heredero y benévolo terrateniente. "El problema es que nunca se sabe cómo va a ser el próximo dueño", dijo Cameron para explicar por qué el grupo de pobladores locales que lidera desea comprar la propiedad.

La oferta de los campesinos, financiada con dinero fiscal y sorteos de lotería, está inspirada en iniciativas similares tomadas por los habitantes de las islas de Gigha y Eigg, que ya compraron sus tierras. En los últimos años, a lo largo y ancho de Escocia, las comunidades locales han presentado 75 ofertas, ya sea para comprar pequeños lotes o enormes propiedades como la isla de Harris. El gobierno los ayuda a financiar las compras y un nuevo organismo público, la Iniciativa para las Tierras Altas e Islas, los ayuda a gestionar la compra y administración de la tierra.

Los terratenientes, agentes inmobiliarios y abogados están inquietos, tanto por el efecto paralizador que la nueva ley tendría sobre las inversiones como por algunas cláusulas que otorgarían a los campesinos lucrativos derechos sobre la pesca del salmón. Algunos amenazaron con demandar al gobierno de Escocia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si la ley se aprueba, con el argumento de que esta interfiere con el derecho a la propiedad privada.

Robert Balfour, de la Federación de Terratenientes Escoceses, califica el derecho de los campesinos a comprar las tierras como "expropiación", y el proyecto de ley como "vengativo". A su juicio, la iniciativa "mira hacia atrás y no hacia adelante. Busca ajustar viejas cuentas".

Esas viejas cuentas son las infames "Limpiezas de las Tierras Altas", las expulsiones de campesinos pobres entre 1780 y 1850, cuando los grandes terratenientes descubrieron que era más rentable usar sus propiedades para cazar o criar ovejas que para cultivar la tierra. En ese entonces, cientos de miles de arrendatarios fueron expulsados sin piedad —algunos historiadores comparan los hechos con la moderna "limpieza étnica"— y muchos se vieron forzados a abandonar el país.

Los legisladores escoceses dicen que la nueva ley no busca vengar antiguas injusticias. Pero también es evidente que, con las elecciones de mayo cada vez más cerca, muchos parlamentarios están ansiosos por dejar su marca. Y en Escocia, el mejor lugar para hacerlo es en el mapa.