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JULIO PREVE FOLLE

La ley 18.195 de biocombustibles es mala. Cuando se la votó, mi opinión contraria desde estas columnas sonaba como opuesta a lo políticamente correcto en aquel momento y ahora: la soberanía energética, el cuidado del medio ambiente, Ancap y el Estado, una nueva alternativa agrícola, etc. Antes y ahora estos slogans, que toleran llenarse de cualquier tipo de contenido, me han parecido solo eso, slogans huecos. Pero ahora tenemos algunos años de aprobada la ley y su decreto reglamentario, el 523/008, y aparecen más razones para rechazarla. En particular porque viene generando algunos desarreglos institucionales, y porque el campo de actividad del Estado como consecuencia de esta ley, se viene extendiendo sin límite alguno.

AQUELLA LEY. Contenía una cantidad de puntos objetables. En primer lugar, dejó la importación de agrocombustibles en el monopolio de Ancap, con lo cual sigue prohibida. Habilitó, en cambio, la producción privada aunque sujeta a toda clase de limitaciones. No se entiende en verdad, por qué razón de fondo hay que preservar el monopolio de la importación de agrocombustibles, y no en cambio su producción. Ésta se permite aunque en cantidades menores, para lo que se llaman flotas cautivas -las de la misma empresa- o para vender a Ancap, quedando prohibida la comercialización a particulares. Quedó prohibida también la elaboración de agrocombustibles a partir de materia prima importada -aceite de soja, maíz, sorgo, etc.- y se la somete a autorizaciones y controles que van mucho más allá de la seguridad ambiental. Además, invocando la protección del medio ambiente y el protocolo de Kioto que dan para todo, se introdujo la controvertida obligación de mezclar la nafta con etanol y el gasoil con biodiesel, siempre más caros que los derivados de petróleo.

¿Qué es lo que hay pues en términos económicos? Lo que se ha montado es otro monopolio de dimensiones indeterminadas. Veamos cómo funciona. Primero, está prohibido importar agrocombustibles desde dos de los países más competitivos del mundo, Brasil para el etanol y Argentina para el biodiesel; segundo, está prohibido importar sus materias primas para elaborarlos. Esto quiere decir que se puede producir localmente, sin importar si se lo hace a costos mayores, como lo son respecto de los países más competitivos del planeta, con otra escala y geográficamente cercanos; el Uruguay decidió que igualmente lo va a hacer. Uno se puede preguntar cómo se puede producir a cualquier costo y no perder dinero: lo primero es que se pueda trasladar el costo, cualquiera sea, al precio de venta; y lo segundo es que quien compra esté obligado a hacerlo y a ese precio. Podría agregarse que quien compra tiene que estar en condiciones de perder dinero al comprar biocombustibles, en razón de fortalezas en otro negocio. Todo esto es Ancap. La ley fabricó pues un pésimo negocio, lo hizo obligatorio, y nos condena en el costo, sin límite conocido, a todos los uruguayos. Algunos despistados le llaman a esto una nueva cadena agrícola, y lo es tan solo como una caricatura: es simplemente un nuevo monopolio algo más sofisticado, que pagamos todos.

AHORA. Ha ocurrido lo esperable. Ancap resolvió que, a través de ALUR, se realice la producción de agrocombustibles, haciéndolo de modo que es imposible competir con el Estado en este negocio. Es así que paga a quien siembra lo que precise -caña, sorgo, girasol- al precio que le resulte necesario para disputar la materia prima a otro negocio; luego elabora al costo industrial que por sí y ante sí considere lógico -sin competencia, sin escala, sin sujeción a criterios de eficiencia económica- y luego compra el agrocombustible al precio que sea necesario, sin sujeción a nada. Por último, lo mezcla con el gasoil o la nafta y de esta forma lo vende. Hay pues una cadena de sobrecostos y sobreprecios que terminamos pagando: en el agrocombustible que por obligación se consume, o en el combustible a secas si hay que enjugar pérdidas como ya referí, semanas atrás, en la operación de ALUR. Pero hay más. Como de la elaboración de etanol o de biodiesel se logran también materias primas de raciones, se anuncia que ALUR participaría en la comercialización de éstas, y posiblemente en la puesta en práctica de corrales de engorde. También se anuncia la venta de urea, y mañana por qué no de semillas, insumos, etc.

A FUTURO. No me imagino dónde puede parar este fervor seudo empresarial, que propone ingresar en cualquier mercado, con cualquier razón y a cualquier precio. Yo creo que esto simplemente no puede aceptarse. En primer lugar hay un desarreglo institucional que permite que Ancap -también otros entes- formen parte de sociedades anónimas que controlan, que quedan fuera de su naturaleza de ente público, que avanzan sobre prácticamente cualquier materia económica, sin que los representantes legítimos de la sociedad reciban detallada cuenta de lo que ocurre en cada una de ellas. Lo primero es pues que los entes del Estado salgan de esas sociedades que nada tienen que ver con el propósito constitucional. De Ancap son 16: por ejemplo Ducsa, ALUR, Cementos del Plata, CABA, Alcoholes del Uruguay, Petrouruguay, Carboclor, Ancsol, etc. Si esto no fuera posible, lo que hay que hacer inmediatamente es al menos congelar la situación, impedir que crezcan en tamaño o en número, hasta que se logre un acuerdo imprescindible sobre el alcance y la pertinencia de esta forma ilimitada de ampliar la competencia de los entes del Estado.

Por otra parte los propulsores de la ley, particularmente el Ministerio de Industria y Energía, nos deben una evaluación de los costos de todo este emprendimiento: cuánto más caro cuesta el etanol propio, cuánto pesan en los balances de Ancap las pérdidas de sus satélites, cuánto nos cuesta poner en la mezcla lo que obligan a ponerle, cuánto costaría si viniera de la región, etc.

OTRA LEY. Aun en el marco de esta ley, Ancap ha resuelto ser ella misma y nadie más la que elabore los agrocombustibles. Esto no tiene por qué ser así, podrían ser privados los que lo hicieran. Pero hay que empezar a discutir cambios en esta ley en el sentido de darle poder de hacer a la gente, a los empresarios, y no en cambio armar una cadena de privilegios que terminamos pagando todos: prohibición de importar, obligación de elaborar con materia prima nacional, pago por ésta a cualquier precio, elaboración estatal, venta obligatoria y cobrada en los caños de escape. Y siempre dando cuenta a la sociedad con números, no con engañosos spots publicitarios, como el del azúcar de Bella Unión.