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JORGE REBELLA

Las ocupaciones de los lugares de trabajo son una clara violación del derecho de propiedad que es un derecho a ser preservado en Uruguay. Justamente, el gobierno del Frente Amplio ha jugado varias cartas en contra de ese principio previsto en la Constitución, afirmó el economista Washington Ribeiro, coordinador de la campaña electoral de Alianza Nacional en Montevideo. En diálogo con ECONOMIA & MERCADO, el entrevistado planteó algunos objetivos macroeconómicos que procurará alcanzar un gobierno presidido por el Dr. Jorge Larrañaga. A continuación un resumen de la entrevista.

-¿Qué diferencias sustanciales presenta la propuesta económica de Alianza Nacional con respecto al resto del espectro político?

-Nuestra política económica está claramente orientada al individuo a diferencia de otras propuestas donde el Estado tiene un rol preponderante. Creemos en el sector privado y en el desarrollo empresarial, poniendo como foco la creación de empleo y la reducción de las vulnerabilidades sociales derivadas de la pobreza y la indigencia que aún existen en niveles elevados en Uruguay. Por eso, procuramos generar las condiciones para promover desarrollo y crecimiento económico, en forma sustentable y armónica con la estrategia de inserción internacional.

-¿Qué vulnerabilidades presenta la economía uruguaya que podrían condicionar la aplicación de ese modelo?

-Entre las principales vulnerabilidades figuran el nivel de endeudamiento y el déficit fiscal. Pero, sobre todo, no es digno de un gobierno de izquierda, que ha gobernado en medio de una coyuntura internacional extremadamente favorable, presentar indicadores de pobreza que se ubican hoy en un nivel del 20%.

-Si la actual crisis financiera global continuase el año próximo, ¿qué medidas económicas inmediatas debería tomar el gobierno que asuma el 1° de marzo?

-Primero, habrá que ver cuál será la tendencia de la economía internacional en ese momento. También habrá que analizar la situación fiscal en la que se encontrará el país. Es una pena que en Uruguay se hable de reformas en épocas de crisis y no en los tiempos de bonanza. Eso implica, en buena medida, el desaprovechamiento de la coyuntura externa en los últimos cuatro años, al haber llevado el gasto público a niveles insostenibles. Por lo tanto, las primeras medidas a tomar deberán estar focalizadas en la recuperación de los niveles de actividad y empleo, dado que la tasa de desocupación va a estar en torno al 10% el año próximo.

Déficit fiscal

-¿Qué nivel de déficit fiscal encontrará el próximo gobierno ?

-El mayor nivel de gasto público obedece estrictamente a la voluntad política del gobierno del Frente Amplio (FA) y de su bancada de legisladores. En principio, estimamos un resultado primario neutro de las cuentas públicas y un déficit fiscal global próximo a los tres puntos del PIB a fines de este año, atendiendo a la recaudación impositiva, la evolución del tipo de cambio, el nivel de intereses del servicio de la deuda y la definición del gasto público en la última Rendición de Cuentas.

-En tal caso, ¿sería aceptable un mayor déficit fiscal para impulsar políticas que reactiven la economía en un escenario de recesión económica?

-Más déficit fiscal no es una solución para los problemas económicos porque, más tarde o más temprano, lo termina pagando la población. Además, no es aceptable haber tenido déficit fiscal en años muy favorables para la economía uruguaya. Es una injusticia enorme para el país que se registre un déficit fiscal en 2009 y que en años precedentes también los haya habido. De haberse desarrollado políticas fiscales verdaderamente anticíclicas, incluyendo la creación de un fondo de estabilidad fiscal como lo han hecho muchos países avanzados, Uruguay contaría con unos US$ 1.000-1.200 millones, con lo cual podría hacer frente a los impactos de la crisis global de una manera mucho más holgada.

-En vista de lo ocurrido, ¿qué perspectivas se le abren al próximo gobierno para financiar el déficit fiscal?

-Dado que el actual nivel de gasto público en relación al PIB es de alrededor del 30%, el aumento de la carga impositiva no es recomendable. En lugar de recurrir a un ajuste fiscal, proponemos tomar todas las medidas necesarias para reactivar la economía y así generar recursos genuinos en base a una política fiscal austera. Si existe déficit como es de presumir, habrá que financiarlo con endeudamiento.

-¿Se recurriría a los organismos multilaterales de crédito para financiar ese déficit?

-No. La financiación se haría a través de la colocación de bonos en los mercados internacionales en tanto estos se vayan recuperando, porque Uruguay tiene una buena la reputación como deudor. Recurrir al FMI y otras instituciones similares sería una opción de última instancia. Acudir al FMI implicaría asumir compromisos que limitarían el margen de maniobra en términos de política económica.

Política tributaria

-¿Cómo evalúa la reforma tributaria aprobada por el actual gobierno que introdujo el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas?

-Lo que intentó el Frente Amplio fue cumplir una promesa electoral, con la cual castigó a los sectores productivos, aumentó la presión impositiva sobre el trabajo y golpeó a la clase media a través del IRPF. Por eso, Alianza Nacional ha estado en total desacuerdo con esa ley. Por otra parte, la reforma tributaria debió haber sido consensuada por todo el sistema político para darle sustentabilidad en el tiempo y, a su vez, tener en cuenta en su diseño la estrategia de inserción internacional del país. Pero, al carecer este gobierno de una estrategia de ese tipo, mal podía considerarla a la hora de desarrollar el sistema tributario.

-Entonces, ¿recomendaría la inmediata eliminación del IRPF si el Dr. Larrañaga fuera electo presidente de los uruguayos?

-En los documentos programáticos de Alianza Nacional, se establece la derogación del IRPF por ser un impuesto a los ingresos. Sí creemos en la imposición a la renta neta definida como la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para generarla, marcando un mínimo no imponible mucho más alto que el fijado para el IRPF y teniendo en cuenta la composición familiar. Es paradójico e injusto que dos hogares, uno con hijos y otro sin hijos, paguen prácticamente lo mismo. Dentro de nuestras prioridades a la hora de reducir impuestos, proponemos la eliminación de los aportes patronales para estimular la generación de empleo, sustituir el actual impuesto a los ingresos por uno sobre la renta neta, la revisión del esquema de devolución de impuestos que hoy se basa en una tasa fija, lo cual resulta totalmente injusto para el sector productivo nacional, y la eliminación de todo tipo de imposición sobre la generación y venta de energía eléctrica.

-¿Qué cambios considera necesarios en materia tributaria?

-Es impostergable modificar la política fiscal, de modo de adecuarla mucho más a la realidad e implementar políticas anticíclicas mediante el diseño de un presupuesto nacional, no en base al crecimiento del PIB previsto para los próximos cinco años, sino según su tasa de variación a largo plazo. Asimismo, los espacios fiscales que se vayan generando, producto de una mayor recaudación en función del nivel de crecimiento que se observe, deberán destinarse al abatimiento de los distintos tipos de impuestos que fueron mencionados en la respuesta anterior.

Tipo de cambio

-Los sectores productivos y, sobre todo, los exportadores se han sentido afectados por los niveles del tipo de cambio registrados en los últimos años. ¿Recomendaría que se modifique la actual política cambiaria y monetaria?

-El dato objetivo es que hoy el tipo de cambio real está situado entre 10% y 15% por debajo del promedio histórico del país. Por tanto, el tipo de cambio nominal debería estar 1,50-2,00 pesos por arriba del nivel actual. La experiencia indica que el gobierno ha endurecido la política monetaria a los efectos de luchar contra la inflación cuando, en realidad, las causas del aumento de los precios no se explican por fenómenos que pudieran ser resueltos exclusivamente por la política monetaria. Sin duda que el próximo gobierno tendrá que estudiar cuidadosamente la situación económica del país, así como la de los países vecinos que mucho influyen sobre Uruguay. En base a ello, podremos definir el esquema de política cambiaria y monetaria a seguir en el futuro. Lo que sí está claro es que una política de tipo de cambio fijo no es recomendable en nuestro país porque no permitiría absorber los impactos en forma rápida y eficiente.

Política laboral

-¿Cómo se podría revertir la actual tendencia creciente de la tasa de desempleo?

-En primer lugar, se deben reducir los costos laborales. Entre otros, hay que eliminar los aportes patronales, trabajar sobre la competitividad de las empresas, reducir los costos fijos a través de tarifas más bajas de los servicios públicos y generar un marco de políticas laborales que, verdaderamente, defiendan el trabajo nacional y no funcionen en defensa de las corporaciones sindicales.

-¿Podría generar más empleo una política que promueva mayor flexibilidad laboral?

-Nuestro país ya vivió esa experiencia en la década del noventa, cuando Uruguay tuvo una etapa de crecimiento importante, pero los resultados no fueron necesariamente buenos ya que el desempleo no se abatió en forma considerable. Tampoco aceptamos la rigidez laboral porque, en general, perjudica al trabajador. Creemos en el funcionamiento de los consejos de salarios en un esquema distinto al actual, creemos en la negociación colectiva y rechazamos las ocupaciones de los lugares de trabajo como una extensión del derecho de huelga. Tampoco consideramos positiva la Ley de Tercerizaciones aprobada durante la actual legislatura porque no defiende al trabajador. Proponemos relaciones laborales basadas en el diálogo y la cooperación, pero señalamos que la mejor forma de defender al trabajo es bajando la presión tributaria, sobre todo en los aportes patronales, y estimulando la capacitación de los trabajadores para, a través de ella, estimular la productividad.

-¿Cómo encararía un gobierno del Dr. Larrañaga las ocupaciones de los lugares de trabajo por los sindicatos?

-Esas ocupaciones son una clara violación del derecho de propiedad que es un derecho a ser preservado en Uruguay. Justamente, el gobierno del Frente Amplio ha jugado varias cartas en contra de ese principio previsto en la Constitución. Por ejemplo, las ocupaciones han sido consideradas como una extensión del derecho huelga, la Ley de Ordenamiento Territorial ha cambiado las reglas de juego en materia inmobiliaria y la reciente propuesta del senador Mujica para llamar a una asamblea constituyente busca debatir sobre uno de los pilares de nuestra sociedad que es "el sueño" de la casa propia.

-Las cámaras empresariales han manifestado su discrepancia con el proyecto de ley de negociaciones colectivas que está actualmente a estudio del Poder Legislativo. ¿Qué opina sobre los contenidos de la normativa propuesta?

-Al igual que lo dicho sobre la reforma tributaria, la aprobación de una ley marco de negociación colectiva debe ser consensuada entre todos los actores del sistema político, así como del mercado laboral, para darle sustentabilidad en el tiempo. Le reitero que Alianza Nacional no defiende a las corporaciones, sino al trabajo. Por tanto, apoyaremos una ley de negociación colectiva que permita desarrollar convenios por empresa y no necesariamente por rama de actividad y, de ese modo, marcar diferencias en las pautas según el tamaño y la localización de cada firma ya que ese esquema se adecua más a la realidad laboral, costos empresariales y costo de vida de los trabajadores.

-En diciembre de 1992 bajo la administración del Partido Nacional, un referéndum derogó varios artículos de la ley que autorizaba la privatización de las empresas públicas. ¿Qué política adoptaría un eventual gobierno de Alianza Nacional con respecto a la gestión de los entes estatales?

-No somos privatizadores y sí somos defensores de la competencia. Por lo pronto, se tratará de desmonopolizar los servicios públicos en manos del Estado, pero no se intentaría privatizarlos. Además, la ciudadanía ya se expresó al respecto y le dio un mandato al sistema político fijándole ciertos límites. Sí creemos en la competencia porque, a través de ella, se generan los mejores servicios para la población y para el sector productivo nacional. Por tanto, se requiere la mayor transparencia posible en las tarifas de los servicios públicos y el conocimiento cierto del costo de las prestaciones de cada uno de ellos, evitando utilizar esas tarifas como impuestos encubiertos como, históricamente, se ha hecho en nuestro país. Eso implica una disciplina fiscal fuerte y una prestación de servicios de calidad que habilite a las empresas públicas a competir eficientemente en el mercado, sobre todo en las áreas de las telecomunicaciones y de la generación de energía, donde es fundamental abrirle la puerta a los privados para alcanzar un desarrollo sustentable.

-¿No contempla el sector de Alianza Nacional la posibilidad de que las empresas estatales se asocien con inversores públicos o privados ya sea locales o extranjeros?

-Por supuesto, apoyamos toda asociación del Estado con privados, así como la concesión de obra pública, para proyectos específicos, que sean transparentes, redunden en beneficios para la población y cuiden los intereses del sector público.

-¿Es partidario de que el Estado continúe participando en negocios francamente deficitarios como, por ejemplo, Alur en Bella Unión o Petrouruguay en Argentina?

-Esas dos inversiones son totalmente distintas y deben ser tratadas en forma diferente. El negocio de Ancap en Argentina tiene que ser analizado en términos de rentabilidad. En Alianza Nacional, no somos partidarios de subsidiar actividades que no resultan rentables en el largo plazo. Sin embargo, tampoco pretendemos cerrar a Alur y dejar a Bella Unión fuera del mapa de Uruguay. Esa empresa cumple un rol económico, pero también social y debe ser tratada en función de este criterio. Por eso, proponemos la creación de Agencias Regionales de Desarrollo que puedan promover el espíritu empresarial y productivo y aportar la ayuda necesaria para rescatar de la exclusión social a sectores de la población que han sido siempre muy castigados.

-¿Convendría efectuar reformas de relevancia en el sistema financiero uruguayo?

-El sistema financiero local es sólido y solvente. Ha sido capaz de enfrentar una crisis financiera internacional de grandes proporciones sin mayores sobresaltos. No obstante ello, es necesario desarrollar mucho más el mercado de capitales a través de la Bolsa de Valores, en donde las empresas estatales podrían desempeñar un rol de importancia, abriéndose a la emisión de obligaciones negociables u otro tipo de instrumentos que les permitan mejorar su infraestructura y a través de ella su competitividad.

-¿Qué instrumentos se podrían incorporar para desarrollar el mercado de capitales?

-Por un lado, la Bolsa de Valores debería desempeñar un rol más importante. Por otro, la legislación debería establecer "estímulos" para aquellas empresas que decidan financiarse en el mercado de capitales o bien coticen en la Bolsa. El desarrollo de un mercado de capitales aportaría profesionalismo a la gestión de las sociedades comerciales y permitiría el financiamiento a más largo plazo que el que ofrece el sistema bancario.

-Desde hace ya varias décadas se escucha hablar de la necesidad de desarrollar el mercado de capitales en Uruguay. ¿Propone Alianza Nacional algún mecanismo innovador que, finalmente, contribuya al despegue de la actividad bursátil a nivel local?

-En las últimas dos legislaturas se crearon varios instrumentos financieros que posibilitan un desarrollo sustancial del mercado de capitales. Básicamente su implantación depende de la voluntad política y de las facilidades o estímulos que se le pueda dar a las empresas que se financien en la Bolsa de Valores en relación a las que no lo hagan, sin que esto vaya en desmedro del sistema bancario. Cabe señalar que son dos aspectos diferentes. El crédito bancario, salvo el hipotecario, se otorga a corto y mediano plazo, mientras que el financiamiento a través del mercado de capitales es a largo plazo. Tradicionalmente, las empresas uruguayas han sido de carácter familiar, lo cual generó culturalmente una dificultad para el acceso al mercado de valores. Hoy la llegada de inversores extranjeros en un buen número representa una oportunidad para la participación de las empresas en la Bolsa de Valores. Todos los cambios son lentos en Uruguay, pero algún día tienen que llegar si son necesarios.

-En cuanto al crédito a las empresas, ¿qué rol debería desempeñar el BROU en un gobierno del Partido Nacional?

-El BROU tendría que actuar básicamente como un banco de desarrollo. Sin competir deslealmente con la banca privada, esta institución debe ser un agente que promueva el crédito a los sectores productivos, sobre todo, a los que les resulta dificultoso operar en el resto del sistema bancario.

-¿No correspondería esa tarea a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que surgió a instancias de Wilson Ferreira Aldunate?

-En base al imaginario de Wilson, Alianza Nacional propone la creación de cinco agencias nacionales de desarrollo a efectos de promover el crecimiento económico y la inclusión social en conjunto con el BROU y la CND en todo el territorio nacional. El problema de la CND no es el instrumento en sí mismo, sino la forma en que ha sido usada. En tanto se le maneje en forma transparente y esté subordinada a los organismos jurisdiccionales y de control puede jugar un papel importante en el financiamiento de proyectos innovadores.