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ROBERTO CACHANOSKY | DESDE BUENOS AIRES

La dinámica del modelo económico inevitablemente tenía que llevar al callejón sin salida en que se encuentra el gobierno. Tiene problemas con la inflación que no puede blanquear el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), por los motivos que voy a explicar a continuación.

La verdadera tasa de inflación licúa los ingresos reales restringiendo el consumo al tiempo que empieza a golpear al sector industrial por la caída del tipo de cambio real. Y, en tercer lugar, los números fiscales solo están relativamente bajo control aplicando un fuerte ajuste sobre las provincias. Veamos cada uno de los temas.

Mientras el Indec sigue insistiendo con una inflación del 9% anual, las expectativas inflacionarias de la población, en base a la encuesta mensual que realiza la Universidad Torcuato Di Tella, están en el orden del 30% anual, número que es bastante consistente con la evolución de la recaudación Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el PIB.

En efecto, en el primer semestre de este año, la recaudación del IVA aumentó el 36% respecto al mismo período del año anterior. Como el IVA es el impuesto sobre el valor agregado y el PIB es el valor agregado que genera la economía en un año, ambas variables deberían evolucionar en forma similar, sabiendo que no se incrementó la alícuota del impuesto ni hubo una notable baja de la evasión. Por lo tanto, si uno le resta al 36% de recaudación del IVA el incremento del PIB del 8,4% que declara el Indec (número que también es mentiroso porque está inflado), la diferencia es pura inflación. Estamos hablando, entonces, de una tasa de inflación anual del 25%, número que es bastante consistente con la tasa de expansión monetaria anual que estuvo en el orden del 26%.

Decía al comenzar la nota que difícilmente el gobierno blanquee esta distorsión del Índice de Precios al Consumidor (IPC). ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. En primer lugar porque el 40% del stock de deuda pública está en bonos en pesos ajustados por el IPC. Estamos hablando de $ 180.000 millones de stock de deuda. Un punto de inflación mensual implica un ajuste de $ 1.800 millones mensuales, unos $ 21.600 millones anuales. Entre la inflación que declara falsamente el Indec y la real hay una diferencia de ajuste de la deuda, de, por lo menos, $ 28.800 millones anuales, número que supera el superávit fiscal. Dicho en otras palabras, reconocer la verdadera inflación implicaría que la deuda pública le estalla al gobierno.

La segunda razón para no blanquear la inflación tiene que ver con la historia que nos cuenta el gobierno sobre las bondades del modelo de inclusión social que ellos llevan a cabo. Según los datos del Indec la pobreza ha bajado al 20,6%, sin embargo, si se mide bien la inflación, el costo de los alimentos es mucho mayor al que se declara oficialmente y la pobreza trepa al 30 o 32 por ciento. Blanquear los datos del Indec implicaría reconocer el fracaso del modelo de inclusión social con que tanto se llenan la boca las autoridades gubernamentales.

Con una inflación que podemos estimar entre el 25 y el 30 por ciento anual, más la incertidumbre que domina a los agentes económicos, el nivel de actividad tiende a disminuir en forma notable. La economía argentina se está desacelerando y, de seguir este rumbo, vamos de cabeza a un proceso de recesión con inflación, una situación económica que puede ser letal para un gobierno tan debilitado políticamente y acosado por resonantes casos de corrupción.

En las últimas semanas, se han escuchado voces críticas de sectores empresariales que, hasta ahora, se habían mantenido en silencio. Es que el tipo de cambio nominal se ha mantenido quieto en torno a los tres pesos durante casi cinco años y medio y la inflación ha crecido hasta niveles que ya ha eliminado la "ganancia" de la devaluación del 2002. En otros términos, Argentina vuelve a ser cara en dólares o, si se prefiere, el dólar vuelve a ser barato y, por lo tanto, estamos viendo un incremento de las importaciones que les compiten a los productores locales. Mientras el dólar estuvo caro, los productores locales tenían casi todo el mercado interno para ellos. Ahora que el tipo de cambio real volvió a niveles de la convertibilidad, tienen que compartir el mercado interno con productos importados. Así, por un lado, tienen la presión del secretario de Comercio -Guillermo Moreno- controlándoles los precios y, por el otro, ven que los costos internos le suben en dólares. La rentabilidad baja y, encima, tienen una porción menor del mercado que, a su vez, por la desaceleración de la actividad es un mercado consumidor más reducido.

Las complicaciones ya no son solamente para el sector agropecuario. Ahora la industria manufacturera empieza a sentir el impacto de la ausencia de reformas estructurales, las que fueron escondidas, durante un tiempo, detrás de un tipo de cambio artificialmente alto. Por lo tanto, lo que ya se está notando es una importante disminución en la demanda laboral y, en algún tiempo más, el modelo vigente terminará ajustando mediante un aumento en la tasa de desocupación, ya sea porque los aumentos de salarios no son digeribles por las empresas o bien, porque la caída del salario real disminuye el consumo y la actividad en las compañías.

Mientras tanto, como puede verse en el cuadro adjunto, los números fiscales han mejorado respecto al 2007, pero a costa de transferirle menos recursos a las provincias y reducir notablemente los fondos destinados a las obras públicas, en ambos casos en términos reales. Es decir, el gobierno le traslada su problema fiscal a las provincias y a los municipios.

En Argentina rige un sistema de coparticipación federal, por el cual el gobierno central recauda impuestos y automáticamente tiene que transferirle a las provincias parte de esos ingresos. Actualmente, por cada 100 pesos que recauda la Nación, 26 van a las provincias y el resto se lo queda el gobierno federal. Esto hace que las provincias sean sumamente dependientes del gobierno central a la hora de financiar sus gastos. Dicho en otros términos, los Kirchner armaron un sistema de ingresos fiscales que concentra la caja en el gobierno nacional y, de esta manera, arbitrariamente le transfiere fondos a las provincias e intendencias. Si el gobernador o el intendente se somete a los mandatos del gobierno central, recibe fondos, si lo enfrenta, se queda sin plata. De esta forma es que los Kirchner construyeron el poder durante cinco años y medio.

El problema es que ahora, ni aún los aliados del gobierno reciben dinero, y provincias importantes como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tienen serios problemas para pagar los sueldos y las jubilaciones. En el cuadro puede verse que los recursos no coparticipables (los fondos que distribuye arbitrariamente) que el gobierno les giró a las provincias sólo aumentaron un 3% respecto al mismo período del año anterior, y los recursos destinados a la obra pública subieron el 9,6%, ambos bien por debajo de la tasa de inflación y sin comparación con los recursos que se giraron el año pasado, que fue un año electoral.

En síntesis, la inflación sigue siendo el problema número uno de la economía argentina, porque conduce a una lucha por la distribución del ingreso. La industria empieza a acusar el impacto de los dislates cometidos en los últimos cinco años y las provincias pueden terminar en serios conflictos sociales ante la falta de recursos.

Si a todo esto le agregamos los riesgos de default para el año próximo y la ausencia de un clima de negocios que atraiga inversiones, no parece exagerado afirmar que la economía argentina es un tembladeral.