Mario Trajtenberg
EL NOMBRE de Dorothea Lange (1895-1965), nacida en Nueva Jersey, está imborrablemente asociado a las imágenes de la Depresión norteamericana. Antes de que John Ford abordara el tema en el cine (Viñas de ira, 1940), Lange testimonió con sus fotografías, encargadas por la FSA (Administración de Seguridad Agrícola), la dolorosa búsqueda del sustento que vivieron los campesinos escapados de la miseria y las tormentas de polvo de los años 30.
Pero luego del ataque japonés que aniquiló la flota estacionada en Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941), el mismo presidente demócrata que lanzó los grandes proyectos de obras públicas destinados a ayudar a las víctimas de la Depresión y la sequía, Franklin D. Roosevelt, firmó una orden inexorable: toda la población de origen japonés en la costa oeste del país, aunque fuera de segunda generación y poseyera la ciudadanía estadounidense, tenía que abandonar sus hogares y ser deportada a distintos campos de concentración en lugares del interior. Se impediría así a estos 110.000 nisei, de todas las edades y condiciones sociales -que debieron abandonar sus hogares y empresas, su educación y sus amistades-, ser presuntos cómplices de un ataque o una invasión nipona, o de actos de sabotaje. Como declaró con sublime falta de lógica un alto mando militar, "la raza japonesa es una raza enemiga… El propio hecho de que no se hayan producido sabotajes hasta la fecha es un indicio perturbador que confirma el que tales actos ocurrirán."
En comparación con la política racial de la Alemania nazi en la misma época, la deportación fue relativamente benigna. Las propias autoridades encargaron a Lange un reportaje fotográfico sobre los desplazamientos, y esto parece revelar que no se tenía el sentimiento generalizado de una injusticia sino que más bien quería documentarse el buen trato a los internados. Con todo, el testimonio fue sometido a severos controles: no se permitía por ejemplo mostrar alambres de púa ni torres de vigilancia, y todas las fotos tenían que pasar por la censura, que no autorizó muchas imágenes y las retuvo en sus archivos. Hasta pasado el final de la guerra llevaron el sello de Impounded (confiscado).
Lo que rondaba la conciencia de los censores era el carácter inocultablemente racista de la deportación. No es difícil identificar físicamente a un japonés, aunque la revista Life tuvo que publicar fotos destinadas a que los "Americans" pudieran supuestamente distinguir a un japonés de un chino. Como ya lo había hecho con sus imágenes multirraciales de la Depresión, Lange contribuyó a disipar el mito que identifica a una raza humana con sus características físicas o mentales. Sus reportajes denuncian implícitamente la "diferencia" que permitió a las autoridades demográficas la redada de japoneses -buenos y elegantes burgueses, muchos de ellos- que serían enviados a los campos de concentración.
En los campos, Lange encontró una dura realidad y pudo documentarla indirectamente. Sus fotografías son casi todas de exteriores, porque prefería trabajar con luz natural. En el campo de Manzanar, los hombres dormían hasta de a 400 en un ambiente; los cuartos familiares muchas veces no disponían de ventanas, y habían sido -cosa que delataba su olor- antiguas caballerizas. Son pocas las imágenes autorizadas a revelar la realidad constante de la internación: las colas interminables a la intemperie para entrar al baño o para recibir la ración de comida. Dos veces por día, a la madrugada y al atardecer, se pasaba lista. A las 22.30 había que apagar la luz, para disponerse a un nuevo día de tedio o de trabajo "voluntario" fabricando material de guerra.
Esa es la lectura que puede hacerse de las imágenes publicadas en el libro Impounded: Dorothea Lange and the censored images of Japanese American internment, por Linda Gordon y Gary Y. Okihiro (W.W. Norton, 2006), que funcionan como una suerte de "nunca más". En 1988 el Congreso aprobó una Ley de Libertades Civiles que presentó disculpas a las víctimas de la internación y les otorgó una módica compensación financiera. Trece años más tarde, en 2001, sin embargo, se promulgó una "Ley Patriótica" de guerra contra el terrorismo que, sobre la base de un perfil racial y religioso, autorizaba un programa secreto y arbitrario de registro, expulsión y encarcelamiento por tiempo indefinido. Se estima en 5.000 el número de detenidos bajo dicha ley que no han sido sometidos a proceso.