La mala gestión en la salud pública no es motivo de esta nota. A Venegas lo hemos criticado por ser mal ministro y no aprovechar el mejor presupuesto de la historia para mejorar la salud de los uruguayos, pero eso es harina de otro costal. Ahora está en juego si se respeta o no la Constitución. Tan simple y fundamental como eso.

El senador José Amorín hizo una denuncia pública que ratificó ante la Corte Electoral. Amorín es una persona seria y un hombre de bien que no adjetivó ni entró en temas personales, sino que en conocimiento de una situación irregular de un jerarca público y de su inhabilitación constitucional para ejercer un cargo denunció documentadamente el hecho. La primera reacción del presidente fue relativizarlo y decir que en temas jurídicos hay varias bibliotecas. En muchos temas las hay, pero en este no. Acá no hay que ir a la Facultad de Derecho para entender lo que dice la norma, alcanza con haber pasado por primero de escuela y aprendido a leer porque leyéndola, simplemente, se sabe lo que establece. No hay ni media biblioteca que lo dude. El ministro Venegas está inhabilitado porque no cumplió con los plazos establecidos para ejercer plenamente la ciudadanía legal.

No se está hablando de ninguna otra cosa que afecte ni la moral ni el decoro del funcionario público, nada de eso. Simplemente que la Constitución establece para los no nacidos en el país algunos criterios para ejercer cargos públicos que una vez cumplidos lo habilitan. Hay plazos y formas como las hay, por ejemplo, para emitir el voto. No se puede votar antes de los 18 años, sin embargo hay muchos jóvenes que podrían sentirse en condición de votar antes, pero no pueden hacerlo, aunque quieran, si no cumplen ese requisito obligatorio que es la edad. Mientras no se modifique la norma solo cabe cumplirla.

Una cosa tan simple recibió de parte de dirigentes del Partido Comunista una respuesta acorde con el desprecio a las instituciones que por formación tienen (recordemos que hoy 9 de febrero se cumplen 40 años de que otros dirigentes comunistas apoyaron los comunicados 4 y 7 redactados por militares golpistas, el "Febrero Amargo" de Vasconcellos). No es nuevo que no les importe mucho la Constitución.

Acusaron al senador Amorín de cuanta cosa se les pasó por la cabeza para defender al ministro ilegal.

Otro ayudante menor del gobierno, una persona de reciente llegada al país porque antes cobraba sueldo de otro gobierno como vicecanciller ecuatoriano y ahora se dice trabajará para la presidencia uruguaya, aunque nunca sabremos en verdad a quien defiende, calificó de xenófoba la denuncia. El dislate solo puede ser entendido como parte de los méritos que hace para lograr que lo contraten.

Es más sencillo reconocer que a todos, incluida la Corte Electoral, les pasó inadvertida la situación de Venegas. Sabida su designación ilegal, debe irse. Si no lo hace, el presidente debe sacarlo. Pero el juego de atacar y agraviar a un senador no lo va a salvar. Es hora de la sensatez y la razón, no del barro y la mugre como arma política.

Cumplir la ley no es una formalidad burguesa, es la esencia democrática. 40 años después los dirigentes del Partido Comunista siguen en la misma, sin importarles la Constitución. Nunca terminan de resolver su problema ideológico con el estado de derecho y cada tanto nos deparan con un febrero distinto, pero siempre amargo.