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A partir del lunes las mutualistas y hospitales estarán obligados a prestar el servicio de interrupción del embarazo. El MSP monitorizará la demanda y en un mes tendrá datos oficiales. Las usuarias ya comenzaron a consultar sobre la prestación.

"En este momento los servicios ya están habilitados y a partir del lunes la prestación es obligatoria", dijo a El País la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi.

El lunes habrán transcurridos diez días desde que se publicó la reglamentación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, y el sistema sanitario deberá enfrentarse a un hecho inédito: practicar abortos a las mujeres que lo soliciten antes de las 12 semanas de gestación.

Rieppi reconoció que en el Ministerio de Salud Pública (MSP) están al tanto, por comentarios informales desde las instituciones (nada oficial ni registrado), que ya hay usuarias que han comenzado a consultar por el funcionamiento del servicio.

"Ha habido consultas en todos lados, y en todos lados parejo", dijo la funcionaria. Sin embargo, no pudo precisar un número concreto de consultas por este tema. Puntualizó que "hasta que no pase el primer mes" no se tendrá un estimativo real de la demanda que tendrá el servicio.

Rieppi aseguró que todas las mutualistas y hospitales están preparados para ofrecer la prestación. Lo sostiene en base a que cada centro de salud ya tenía una infraestructura arma-da para brindar asesoramiento -solo asesoramiento- sobre interrupción del embarazo y que esos servicios servirán como base para montar la nueva prestación.

Además, la intención de las autoridades sanitarias es que los abortos se terminen concretando en el propio domicilio de la mujer mediante el uso de los fármacos misoprostol y mefipristona. Si bien se respetará por sobre todas las cosas la voluntad de la mujer en ese sentido, el aborto domiciliario se priorizará sobre la internación y los métodos quirúrgicos.

Si esa intención se concreta en los hechos, el rol de los centros de salud se limitará a tener un equipo multidisciplinario (integrado por un ginecólogo, un asistente social y un especialista en salud mental) que evaluará la situación de cada embarazada y aconsejará los pasos a seguir. Luego le facilitará los fármacos abortivos, le explicará el procedimiento y hará un seguimiento de su situación. La ley prevé cuatro consultas con estos equipos multidisciplinarios. Una de ellas es posterior al aborto.

Aunque expresó algún reparo sobre la entrada en vigor de la reglamentación de la ley, Julio Martínez, gerente general de la mutualista Asociación Española, aseguró a El País que ya están prontos para prestar el servicio. De todas formas los tiempos apremian. El miércoles 5, con la ley en plena vigencia, la dirección técnica de la mutualista realizará un ateneo con los ginecólogos para explicarles los detalles de la implementación del servicio.

Martínez aclaró que si una mujer va el mismo lunes 3 a solicitar el servicio de interrupción del embarazo, "no habrá problemas" en llevar a cabo todo el proceso.

La ley dice que la interrupción del embarazo será considerada un acto médico sin valor comercial, y por lo tanto a las consultas y al acto se podrá acceder por medio del pago de los tickets habituales.

La decisión final sobre la interrupción de su embarazo es potestad exclusiva de la mujer. La voluntad del hombre no es determinante. Aunque la pareja o el padre de la mujer puede acompañarla en todas las consultas.