El Poder Ejecutivo encomendó a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos a formar un grupo de trabajo para "analizar los ajustes normativos que serán necesarios" debido a los nuevos estándares de lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que promueve el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Esos cambios incluyen que el "delito fiscal" sea considerado "como precedente del delito de lavado de activos". Esto es, alguien que defraude (evada) impuestos podría ser encausado por lavado de activos.
La resolución establece que el grupo de trabajo lo integrarán la Secretaría, el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Dirección General Impositiva. Además, la Secretaría Antilavado podrá proponer incorporar o consultar otras partes.
El titular de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz dijo a El País que se podría incorporar a la Comisión en materia de lavado que funciona en Diputados. "La idea es llegar al mayor consenso posible para adaptarnos a las normas", agregó. El grupo deberá elaborar un documento con recomendaciones antes de fin de año.