Marcha atrás en el caso Marinho

El ministro del Interior Eduardo Bonomi dispuso la clausura del procedimiento administrativo contra dos oficiales de la Jefatura de Policía de Maldonado que fueron separados de sus cargos por su actuación en la muerte del joven Maiquel Marinho Olivera.

El Comisario Raúl Eula, entonces jefe de estado mayor de la Jefatura, y el oficial subayudante Alberto Amaya, concurrieron al lugar donde Marinho Olivera fue asesinado por un agente de policía en la noche del 20 de setiembre de 2010.

Ambos oficiales se hicieron presentes en el lugar del incidente con el objetivo de coordinar el operativo y asegurar los elementos de prueba que fueron encontrados en el lugar. Al mismo tiempo Eula informó del hecho al juez penal de turno.

Sin embargo, el ministerio del Interior dispuso ampliar el sumario por el incidente involucrando a los dos oficiales quienes fueron separados de sus cargos y sufrieron la retención de la mitad de sus haberes.

"Los dos oficiales negaron haber incurrido en falta administrativa alguna a tal punto que en el recurso administrativo que interpusieron, el comisario Eula aseguró que actuó diligentemente, observando lo establecido en la ley 18.315 especialmente en cuanto al deber de comunicación inmediata al juez competente, proporcionándole la información relevante, a efectivizar la incomunicación de los presuntos responsables y preservar la escena del hecho", explicaron a El País los abogados del Eula, Susana Sotto y Álvaro Villegas. "Es lamentable que un oficial de trayectoria intachable haya pasado por esta peripecia y que haya influido en su decisión de jubilarse",

Los abogados explicaron que luego de un año de instrucción de la ampliación sumarial el Ministro del Interior dispuso clausurar el sumario "sin atribución de responsabilidades" y la devolución de los medios sueldos retenidos.

El autor de los disparos, el agente de primera Miguel Ángel Medina fue procesado con prisión por el delito de homicidio y posteriormente dado de baja de los cuadros del Ministerio del Interior.

DEMANDA. Por otro lado, el asesor legal de la familia del joven asesinado, Rafael Barla, presentó en noviembre de 2010 una demanda civil contra el estado por $ 29.337.000.

Entre los demandantes se encuentran la pareja y los padres del occiso, Nadia Saksonoff Beltrame, Rosario Olivera e Hilario Marinho, quienes actúan por sí y en representación de los intereses legales del hijo de 6 años del fallecido. Los dos hermanos de Maiquiel, también participan de la demanda.