Cárceles: definen medidas para combatir corrupción

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El gobierno afina detalles de un paquete de medidas legislativas y administrativas tendientes a mejorar la seguridad interna y combatir la corrupción en las cárceles, incentivar el trabajo de los presos y la asistencia a las víctimas.

La actual crisis carcelaria -en mayo ocurrieron tres motines en 10 días y la muerte por primera vez de un guardiacárcel a manos de un preso con un arma de fuego- llevó a las autoridades del Poder Ejecutivo a intentar agilizar el trámite de leyes que están estancadas y acelerar medidas administrativas en curso,

Una de las medidas será justamente priorizar el plan de reconstrucción del Comcar luego del motín que destruyó los módulos 4 y 5 el miércoles 25. Se prevé que en julio y agosto de este año estén listas 1.000 nuevas plazas, se finalizará la reconstrucción del Módulo III y luego se iniciarán las obras en los módulos destruidos por el motín, señalaron las fuentes.

Además, el Ministerio del Interior puso como prioridad el ingreso de más personal penitenciario y el combate a la corrupción mediante la reparación de las cámaras de seguridad, la instalación de scanners arco -similares a los existentes en los aeropuertos- y detectores de metales manuales en los ingresos a los penales.

También la preparación de un centenar de militares que controlarán las entradas de las visitas y de los policías, fundamentalmente a través de los scanners.

El paquete legislativo implica apurar la aprobación de una reglamentación del recientemente creado Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que facilitará su pasaje a un instituto desconcentrado. La propuesta que maneja el Ministerio del Interior es que la cúpula y los funcionarios de este organismo sean civiles y no policías. En este momento hay una mayor cantidad de funcionarios civiles que policías en dicho instituto, señalaron fuentes gubernamentales a El País. El pasaje de las cárceles del Ministerio del Interior a un instituto desconcentrado llevará el resto de la gestión de este gobierno, añadieron.

Una tercer iniciativa que interesa al gobierno es la estratificación de casos que estarán amparados bajo una ley que se aprobará para beneficiar a las víctimas de delitos. Un porcentaje -de 3 a 15%- del dinero obtenido por los presos mediante su trabajo se destinará a un fondo de ayuda a las víctimas.

Si bien en muchos casos el aporte a las víctimas será simbólico, con esta medida se pretende que los reclusos asuman que el delito no se paga solo con cárcel sino también con dinero, dijeron las fuentes.

El Estado, a través del Banco de Seguros del Estado (BSE), otorga beneficios a familiares de las víctimas trabajadoras bajo la cobertura de un seguro. Los familiares reciben indemnizaciones de distinta índole.

La intención del Ministerio del Interior es agregar un plus cuando la víctima fallece en circunstancias violentas.

Además, se evalúa otorgar reparaciones para víctimas de delitos que no tengan ingresos, como en el caso de una ama de casa que no fallezca y quede imposibilitaba de por vida.

Se elaborará en ese sentido una categoría de los daños ocasionados por el delito y sus correspondientes indemnizaciones, señalaron las fuentes.

Para cerrar el "círculo", el gobierno pretende que se envíe al Parlamento, y éste lo apruebe en el menor plazo posible, el proyecto de ley que facilite a empresas la utilización de mano de obra privada de libertad. Las empresas que se instalen en las cárceles gozarán de beneficios impositivos. El proyecto elaborado por el Ministerio del Interior prevé que las empresas privadas que quieran establecer una subsede en una cárcel, contratando reclusos, tendrán reducción o exoneración de impuestos.

De esta forma se busca lograr que más presos trabajen. En el ministerio hay convencimiento de que si hay menos reclusos las 24 horas encerrados y sin actividad habrá menos riesgo de motines y mayor reinserción social.

AFECCIONES. De los 480 presos del Comcar que están alojados en tres patios del módulo ocho, tras el incendio en los módulos cuatro y cinco de ese centro de reclusión, hay 38 con afecciones respiratorias severas, dijeron fuentes ministeriales a El País. En los Módulos cuatro y cinco del Comcar se verificaba un hacinamiento del 200% o 250% cuando se produjeron los motines, informó el comisionado parlamentario Alvaro Garcé el pasado 17 de mayo en la comisión bicameral de seguimiento carcelario. "Son módulos que han sido construidos para alojar a unas 250 personas, pero tenían más de 600.

Ambos estaban prácticamente destruidos antes del motín, y se terminaron de romper", sostuvo. El ingreso de un arma estaba costando entre $ 2.500 y $ 3.000, agregó.

Los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y Luis Alberto Lacalle coincidieron en que el gobierno debe tener "firmeza" contra la delincuencia, también "reprimir cuando haya que reprimir" y no debe sentir "temor de ejercer la autoridad". La primera vez que se pronuncian juntos sobre la inseguridad, durante el almuerzo mensual de ADM, Lacalle dijo que no hay soluciones fáciles, sino opciones inteligentes, en tanto Sanguinetti apuntó que "el delito avanzó, se tuvo miedo a la represión y hoy estamos de nuevo en la confusión, dando palos de ciego", por lo cual dijo que se requiere "claridad, certeza, y que el Estado no tenga miedo de reprimir cuando haya que reprimir". Para Batlle, la inseguridad "es el problema más grave que tiene el país".